Por Victoriano Martínez
Es frecuente que en la propaganda gubernamental que se hace en torno a la Transparencia se le considere como un instrumento para el combate a la corrupción, en tanto que en los mecanismos en los que específicamente se imponen medidas para transparentar información pública con fines anticorrupción se le contradiga con el incumplimiento incluso de obligaciones legales.
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, publicada el 25 de mayo de 2017, creó legislativamente desde hace casi cinco años una Plataforma Estatal Digital (PED) con seis sistemas de información con fines de prevención de actos de corrupción.
A la fecha, de esos seis módulos sólo se encuentra en operación uno, el Sistema Estatal de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal.
Un avance bastante raquítico por las maniobras de simulación en el combate a la corrupción y la impunidad que encabezó Juan Manuel Carreras López durante su sexenio y que, a más de cinco meses del actual gobierno, Ricardo Gallardo Cardona como gobernador le sigue los pasos en un prolongado juego de discrepancia entre el alarde propagandístico y la acción.
El 25 de febrero, Gallardo Cardona presumió lo que llamó su “Plan de la Política Estatal Anticorrupción”, que menciona entre sus acciones la puesta en operación de los seis sistemas de la Plataforma Estatal Digital, de los que hoy sólo funciona uno.
Han pasado tres meses de que venció el plazo para que Gallardo Cardona presentara sus declaraciones 3de3 (patrimonial, de intereses y fiscal) y 17 días de que presumió su Plan, que es simplemente la apropiación sin convicción del trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción, y Gallardo Cardona aún no hace públicos esos documentos en la plataforma.
Una cosa es alardear propagandísticamente con un documento que contiene, entre otros, estos dos compromisos:
“Un gobierno abierto a hacer público el patrimonio de sus funcionarios y poner bajo el escrutinio público, es un gobierno comprometido con la transparencia y, por lo tanto, menos proclive a incurrir en actos de corrupción.
“Implementar mecanismos de transparencia de sus gobiernos, tales como publicar su declaración 3 de 3 tanto en el caso del propio gobernador y de sus funcionarios, reducir al mínimo los pagos en efectivo y publicitar las observaciones que las entidades de fiscalización hagan a sus dependencias”.
…y otra muy distinta asumirlos en los hechos.
Una discrepancia entre lo que se pregona y lo que se hace en la que acompañan al gobernador Gallardo Cardona otros más de los actores principales en alcanzar los objetivos de la política anticorrupción asumida como propia por el gobierno estatal.
El órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción está integrado por los titulares del Poder Judicial, la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública y el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Lo más lógico sería que los integrantes de esos organismos ya tuvieran publicadas sus declaraciones 3de3, pero como una cosa es lo que se pregona y otra lo que se hace, a la fecha sólo dos (el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la CEGAIP) han cumplido con esa obligación.
Los otros cuatro integrantes del órgano de gobierno no han publicado un solo documento, en tanto que, aunque en el apartado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción aparece la 3de3 de tres personas, ninguna de ellas es integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), los representantes de la sociedad que deberían ser los más comprometidos en hacerlo.
La fracción VI del artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que los integrantes del CPC deben “presentar sus declaraciones de, intereses, patrimonial y fiscal” como requisito para ocupar el cargo. En sentido estricto, ninguno reúne la totalidad de los requisitos para ocupar el cargo.
La mayor dificultad que enfrenta la lucha contra la corrupción y la impunidad es que los altos funcionarios y los integrantes de los organismos responsables de encabezarla dejen de ver en ella un instrumento de propaganda para promocionar su imagen.
