Por Victoriano Martínez
El conflicto del gobierno del Estado con los burócratas no ha cesado, sino que se ha trasladado a otros espacios en los que sus consecuencias negativas para el erario llegarán con el tiempo en forma de laudos laborales. En tanto eso sucede, las manifestaciones públicas a favor de los trabajadores, por lo visto, se harán presentes de distintas maneras.
En la contra parte, las expresiones de los representantes de la autoridad parecen más enfocadas en continuar con la intención de descalificar cualquier reivindicación de los derechos laborales de los burócratas en la misma línea que marcó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona desde el inicio de su administración.
Hoy, trabajadores del Sistema Estatal del DIF cumplen 72 días en plantón frente a las oficinas centrales de la dependencia por el despido irregular de casi una decena de trabajadores, incluida una persona con 33 años de antigüedad.
El pasado miércoles, los burócratas realizaron una manifestación frente a la Oficialía Mayor del gobierno estatal. Al no ser atendidos por su titular, realizaron jun recorrido por algunas calles del centro de la ciudad, para terminar frente al Palacio de Gobierno, donde gritaron diversas consignas entre las que destacó la petición de una audiencia.
Las demandas de los manifestantes afiliados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) son las mismas desde que se instalaron durante seis meses en plantón frente al Palacio de Gobierno: “Cese al hostigamiento a los trabajadores sindicalizados” y “Cese al terrorismo laboral”.
Incorporaron una más: que el gobierno del Estado pague el adeudo que tiene con la Dirección de Pensiones por “mil 525 millones de pesos”.
Aunque no se escucharon consignas que reclamaran aumento salarial, Noé Lara Henríquez, titular de la Oficialía Mayor, declaró a diversos medios que se trataba de una acción de presión porque presuntamente el sindicato mayoritario no aceptó un aumento salarial del 2 por ciento y se movilizaron para exigir que el incremento sea del 12 por ciento.
Una clara intención por parte de la autoridad para descalificar los reclamos de los manifestantes al desviar la atención sobre una demanda salarial que hacen ver como abusiva y con la que evaden responder al abuso que resulta que como parte patronal en la relación no reporten las cuotas que descuentan a sus trabajadores a la Dirección de Pensiones.
Se trata de recursos que pertenecen a los trabajadores y son retenidos exclusivamente para ser entregados a la Dirección de Pensiones. No hacerlo es como despojar de una parte de su salario a los burócratas y constituye un desvío.
Los manifestantes no responsabilizaron de todo el adeudo a la actual administración estatal, por tratarse de una deuda acumulada desde gobiernos anteriores. No obstante, el problema no sólo es que no se haya cubierto la deuda, sino que las actuales autoridades estatales incurren en la misma práctica de abuso en contra de ese derecho de los trabajadores.
¿Cuánto de esos mil 525 millones de pesos de adeudo señalado por los trabajadores ha sido dejado de pagar por el actual gobierno?
De acuerdo con los reportes de ingresos publicados por la Dirección de Pensiones en la Plataforma Estatal de Transparencia, en los primeros 10 meses de este año ha recibido como aportaciones de la parte patronal 217 millones 333 mil 46.81 pesos.
Se trata de recursos que provienen de 19 dependencias, de las cuales sólo seis han realizado sus pagos de manera constante durante los 10 meses: Centro Cultural y Recreativo Tangamanga I, Centro Cultural y Recreativo Tangamanga II, Centro de Conciliación Laboral, Congreso del Estado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
De las otras 13 dependencias que han realizado pagos, han omitido hacerlos en varios meses, entre los que destacan los casos de la Secretaría de Educación que sólo hizo pagos en el mes de enero y la Secretaría de Finanzas que realizó pagos en enero, mayo y junio.
Una aproximación al número total de dependencias que deben reportar pagos a la Dirección de Pensiones se puede tomar a partir de que conforme a la Ley de Transparencia se enlistan como sujetos obligados 92 del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Legislativo, 48 organismos descentralizados y 6 organismos autónomos.
De esos 148 no todos tienen afiliados a sus trabajadores a la Dirección de Pensiones, pero sí la gran mayoría. En consecuencia, se puede señalar que en torno a 120 entidades públicas abusan de la retención de un recurso que pertenece a los trabajadores al no remitirlo a la Dirección de Pensiones.
Razones para el conflicto entre los burócratas y quienes encabezan hoy el gobierno estatal las hay porque no cesan los despidos injustificados por los que se acumulan demandas ante el tribunal laboral con consecuencias previsibles, pero también por situaciones heredadas como el adeudo a Pensiones que, por muy maldita que sea la herencia, se le da continuidad.
