Carlos Rubio
Durante los últimos 666 días el Congreso del Estado ha sido una oficina más al servicio del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Una onerosa nómina que debería estar al servicio de todo habitante de San Luis Potosí, pero que en la práctica ha servido a los intereses y deseos del gobernador.
Gallardo Cardona ni si quiera había tomado protesta como mandatario estatal cuando el Congreso ya había sucumbido a sus deseos; ambos marcaron la línea de servilismo y opacidad, respectivamente, sobre la que se han conducido y posiblemente lo harán hasta el final de la Legislatura y de su Gobierno.
El Poder Legislativo aprobó que la toma de protesta del entonces gobernador electo se llevara a cabo en la Plaza Fundadores. De ese multitudinario evento nunca se supo cuánto costó y a quién le costó. Astrolabio realizó al menos cinco solicitudes de información a diferentes dependencias de gobierno que se declararon incompetentes para aclararlo. El Congreso, de forma burlesca, informó que gastó 31 mil 150 pesos en el evento, tan solo en horas extras del personal y alimentos. Ridículo.
Una vez que ambos asumieron su papel de patrón y empleado, la coordinación entre ambos ha sido bien llevada por José Luis Fernández Martínez, tan es así que las ocurrencias que Ricardo Gallardo ha dictado en entrevistas, han llegado a plasmarse en iniciativas que violan los derechos humanos, como el caso de la castración química, propuesta que a todas luces ameritará una acción de inconstitucionalidad y que además compromete el proceso penal contra violadores, según consideró la abogada Claudia Espinosa Almaguer.
Regresando algunos meses a cuando Gallardo comenzó a dirigir el Congreso del Estado, la iniciativa para entregar licencias y placas gratuitas es otro claro ejemplo de los servicios que este Poder le ha prestado al gobernador. En tan solo dos semanas fue ingresada, dictaminada y aprobada, un proceso que a otras propuestas les cuesta años superar, al mandatario se le cumple en días.
El más reciente ejemplo es la municipalización de Villa de Pozos, una iniciativa que si bien hay ciudadanos ajenos al poder que la acompañan, es innegable el interés y el impulso político detrás del tema. La forma en la que se ha conducido el gobernador lo demuestra, si un hecho no le reditúa políticamente ni si quiera lo voltea a ver.
¿Qué sería hoy de Villa de Pozos si a Gallardo no le llamara la atención la propuesta? ¿Los diputados habrían posado felices para la fotografía con los ciudadanos que presentaron la iniciativa? ¿Los interesados habrían juntado solos las 31 mil firmas incluidas en la solicitud? ¿El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de la capital y el Instituto Municipal de Planeación ya habrían atendido el tema?
Son varias instituciones trabajando a la par que lo que menos han demostrado es que sirven a petición de los ciudadanos, por lo que resulta increíble tal coordinación sin la presión del gobernador del Estado.
Al final de todo, la municipalización de Villa de Pozos se va a consolidar porque hay voluntad política, sea antes de que inicie el proceso electoral o después. Se elija a su nuevo alcalde en el 2024 o se tenga que convocar a una elección extraordinaria posteriormente. Es un hecho que la demarcación se convertirá en el municipio número 59 de San Luis Potosí, por lo que el Congreso de Gallardo debería esforzarse y tener mucho cuidado de que el proceso se lleve a cabo al pie de la letra, para que una acción de inconstitucionalidad no eche a la basura meses de trabajo, millones de pesos invertidos en un dudoso plebiscito y demás recursos que se tengan que erogar.
El actuar del Congreso de Gallardo se pone en duda cuando la voluntad política solo aplica para cuestiones que tengan que ver exclusivamente con el gobernador; siendo un espacio de representantes del pueblo, en el que decenas de personas llegan a plasmar sus necesidades y exigencias en espera de soluciones; un lugar en el que de un día a otro puede cambiar el rumbo que lleva una pequeña comunidad o todo el estado.
Y es que el desdén que Ricardo Gallardo muestra hacia ciertos sectores o temas relevantes, es igualmente replicado desde el Congreso.
Pasó con la armonización a la Ley de Movilidad que el Congreso debió realizar en 180 días a partir de su aprobación en la Cámara de Diputados, pero tardó 376 días en reaccionar y comenzar a trabajar. Y como el tema no está en la agenda del gobernador, descuidaron sus obligaciones hasta que un juez les dio la orden de cumplirlas… y ni así lo hicieron.
Y no… aunque el gobernador se dedique a construir puentes y repavimentar calles, eso no es un verdadero trabajo en movilidad urbana, ¿dónde quedan los peatones, ciclistas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad?
Pasa también con los temas de atención a víctimas, con la agenda feminista, con la ecología, todas aquellas cuestiones que Ricardo Gallardo no voltee a ver, tampoco son vistas por su Congreso.
Tan solo el sueldo bruto de los 27 diputados asciende a 3 millones 559 mil 894.48 pesos mensuales, un gasto muy oneroso para ser una oficina que se limita a dar tramite a los asuntos del gobernador, o díganme, ¿qué otra dependencia de Gobierno gasta eso en la nómina de menos de 30 personas?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública.
