Fernanda Durán
En San Luis Potosí existe un Congreso del Estado omiso, cuya obligación jurídica es respetar y garantizar los derechos humanos como la progresividad, pero que ejerce violencia institucional contra los derechos de las mujeres; esto es lo que años de diversos intentos por despenalizar el aborto a nivel local han reflejado para la abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres, Arely Torres Miranda.
De acuerdo con la activista, omisiones legislativas del Congreso han negado el acceso al derecho humano de la salud para las mujeres. Las últimas tres legislaturas de San Luis Potosí han evitado o huido a despenalizar la interrupción del embarazo; aunque cada vez que se entregan nuevas iniciativas el panorama es distinto, afirmó con base en su experiencia tras haber presentado propuestas en tres ocasiones previas para despenalizar el aborto y reformar la Ley de Salud del Estado.
Detalló que ha habido ocasiones en las que las iniciativas ni siquiera se turnaron a comisiones, otras en las que se detuvo totalmente y administraciones en las que, si bien se envían a las comisiones legislativas para su análisis, sus integrantes ni siquiera se presentaron a las mesas de trabajo.
Tal fue el caso de la propuesta que se recibió en 2019 y fue rechazada en 2020 con la LXII legislatura, cuando las reuniones de comisiones para dialogar con asociaciones, colectivas feministas y académicos eran “pura simulación”, incluso en una de las reuniones los diputados dejaron plantada a la diputada Alejandra Valdés.
Sin embargo, no fueron la excepción, pues en foros con la organización Gire y representantes de la Comisión de Atención a Víctimas en la que se discutirían las modificaciones a la Ley de Salud para que conforme a la NOM 046, el aborto se practicara bajo protesta de decir verdad, sin tener que esperar a que la autoridad determinara si había existido la violación o no; legisladores enviaron a sus asesores en representación, mismos que “se la pasaban en el teléfono, se salían, no respetan el trabajo”.
Torres Miranda señaló que una práctica común por parte del Poder Legislativo es que en el mismo periodo o el siguiente se tomen el crédito de la sociedad civil, “en mi experiencia me ha tocado que generalmente no respetan el trabajo de la ciudadanía, San Luis Potosí es uno de los estados que permite a la ciudadanía promover iniciativas, pero creo que siempre ha sucedido que no las impulsan, no les dan seguimiento, las congelan, como comúnmente se dice, y después aparecen mágicamente como propuestas presentadas por ellos y ellas”.
Ahora con esta iniciativa de septiembre de 2023, turnada a cuatro comisiones legislativas, el Frente Marea Verde considera que el Congreso tendrá que irse al “sí o sí” sobre el aborto, pues buscan la manera más digna para que se respete la voz de la ciudadanía o en su caso llevar la discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Creo que estamos ante el mejor panorama posible, incluso con la despenalización en el Código Federal, y el ordenamiento de despenalizar en todos los códigos estatales entre comillas el delito de aborto. No les queda otra, me parece como una necedad muy grave el querer seguir negando los derechos de las mujeres”.
Ante el proceso electoral 2024 y derivado de las costumbres partidistas de tomar el crédito en las propuestas ciudadanas, afirmó que en el Frente Marea Verde prevén estar “muy vigilantes de que ningún partido trate de colgarse, porque al final de cuentas si les interesara el tema cualquier partido lo podría haber promovido o impulsado desde la vez pasada”.
La prevención, la educación sexual y el aborto
La abogada aseguró que suele existir una ceguera jurídica y social al no querer ver que el aborto tiene que ver con un tema de salud pública y no con un tema de moral, pues el interés de quienes manifiestan estar a favor de la vida debería reflejarse en los programas de prevención de embarazos no deseados, en atención a quienes acudan a las clínicas derivado de maltrato o coerción más allá de otorgarles una pastilla o un condón.
Insistió en que, en el caso de los programas de la denominada educación sexual de la Secretaría de Educación Pública y el sistema de salud sobre la prevención del embarazo, regularmente se orientan hacia el miedo y castigo con un embarazo no deseado debido a relaciones sexuales “desprevenidas”.
“No abona en nada a una educación sexual real, a entender a la sexualidad como este principio de placer y de parte del desarrollo psicosexual de las personas”.
Según lo destacado por la activista, un fenómeno similar se da con la violencia sexual, pues las instituciones solamente reconocen esta violencia si llega una mujer bajo el estereotipo de “violación cometida con sangre y sometimientos violentos cometidos físicamente”, sin tomar en cuenta las violencias psicológicas, patrimoniales, bajo amenazas, en el que también se integra el aborto bajo un esquema de violencia.
“Si tanto les preocupara la vida como dicen y se llenan la boca hipócritamente nuestros legisladores, deberían empezar a destinar presupuestos dignos a estos programas, dar seguimiento, que se emitan estas medidas que permitan que esta educación sexual y prevención abarque y garantice una vida digna a las mujeres”.
Con o sin ley, el aborto se sigue practicando por las potosinas, una realidad que se refleja con el trabajo de las acompañantes que integran el frente, las cuales brindan atención a más de 300 mujeres al año para interrumpir su embarazo, un acceso que implica privilegios a la información.
Por ello, insisten en que “lo ideal y necesario que corresponde al derecho de la salud, es que en todas y cada una de las clínicas de San Luis Potosí las mujeres podamos acceder a un servicio de aborto sin prejuicios, sin maltrato, sin coerciones dónde se nos garantice esta libertad, dignidad y autonomía sobre nuestros cuerpos”.
