Por Victoriano Martínez
Mientras los candidatos de todos los partidos políticos dilapidan 44 millones 492 mil 120 pesos en sus campañas en las que prometen representar a la población, la ciudadanía se hace escuchar y hace valer sus intereses legítimos, además de exhibir lo lejos que se encuentran de ella con su deplorable espectáculo politiquero.
En el fraccionamiento Torres de México, Guisela García alzó la voz contra el Ayuntamiento para evitar que talaran un Álamo (Populus fremontii) de alrededor de 35 años de vida, se enfrentó a la maquinaria que pretendía derribarlo y buscó el apoyo de organizaciones ambientalistas.
Un dictamen conjunto de las agrupaciones Consultora de Asesores Socioambientales, Agrícolas y Asociados de México (ASAAM), Guardianes de los Jardines y Guardianes de la Sierra de San Miguelito, presentado con argumentos contundentes obligó a las autoridades municipales a desistir de su acto anti ecológico.
“Aunque se solicita el análisis para un solo árbol éste análisis aplica para cada espécimen del arbolado urbano pues no sólo tiene valor de conservación un solo árbol si no, todo el paisaje urbano del cual depende su belleza y armonía ambiental en gran medida con la presencia de árboles adultos que favorecen a la ciudadanía con diversos servicios ambientales como la preservación de la biodiversidad, la purificación del aire, la mitigación del ruido y de las altas temperaturas entre otros”, señalan en parte de la conclusión del dictamen.
Ahora las autoridades se han propuesto medidas de conservación que incluyen la creación de una zanja para limitar el crecimiento de las raíces y proteger el árbol, así como las estructuras circundantes.
La armonización de la legislación potosina con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial fue motivo para otra intervención desde la ciudadanía, al lograr que el Congreso del Estado no sometiera al pleno un dictamen plagado de errores, además de ignorar la propuesta ciudadana plasmadas en la Ley Santi, propuesta por quienes viven los problemas de movilidad.
Una interrupción en la sesión del Congreso del Estado este jueves fue el resultado de otra intervención ciudadana para exigir a los legisladores actuar en un caso sensible de injusticia en contra de Sanjuana Maldonado Amaya: entregaron 17 mil 500 firmas reunidas para exigir la celeridad en su proceso de indulto.
“El Congreso sigue sin pasar ni siquiera al análisis del indulto, es decir, pasó a comisiones, pero no lo han analizado y no lo han discutido. Ellos están de campaña, entretenidos en sus proyectos personales mientras una persona está privada de la libertad”, expresó Celia García Valdivieso, integrante de la asociación Perteneces.
Por segundo día consecutivo, un grupo de víctimas desatendidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó una manifestación en contra de la presidenta de ese organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, de quien piden que sea destituida por violaciones a los derechos de los usuarios del organismo, que han tenido que recurrir a litigios en su contra.
Cuatro casos de intervenciones ciudadanas con distintos resultados, que van desde el rescate de un árbol con sentencia de muerte a la exigencia del cumplimiento de obligaciones al extremo de verse obligados a litigar en contra de un organismo constitucional autónomo que, se supone, debe estar más del lado de la población y la defensa de sus derechos humanos.
El clamor ciudadano cada día está más presente en la vida pública y el caso hoy emblemático es la defensa de los habitantes del Barrio de San Miguelito sobre su patrimonio histórico por exhibir la reacción de una autoridad insensible e indolente ante el daño que su capricho y afán de venganza les provoca moral, económica y hasta físicamente.
Pero desde los cargos públicos, desde las candidaturas y desde los partidos políticos, hoy la prioridad es un ciudadano un voto a su favor… los problemas que la ciudadanía enfrenta si acaso llegan a ser tema de promesa manipuladora, pero desde ahora y después del 2 de junio los tienen sin cuidado. La politiquería no da para tanto.
