Por Victoriano Martínez
En materia de seguridad, la situación que se registra en al menos tres momentos da una idea sobre el grado de inseguridad que se puede percibir: el número de delitos que se cometen –con su muy amplia cifra negra–, la cantidad de casos que se denuncian y la totalidad de aquellos cuyas investigaciones llegan a procesos judiciales.
Saber cuántos casos llegan a sentencias condenatorias representa un indicador adicional sobre la efectividad de las investigaciones que lograron ser judicializadas y deja ver lo más preocupante en la procuración de justicia: el nivel de impunidad.
Se trata de indicadores cuyas estadísticas suelen fluir sobre cifras globales, principalmente a través de censos y encuestas realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre las que destaca que para el 2024 se estimó la cifra negra en un 92.9 por ciento, es decir, prácticamente 93 de cada 100 delitos no son denunciados.
Si se trata de delitos en específico, la información hacia el público prácticamente no se da, lo que deja ver un nulo ejercicio de rendición de cuentas por parte de las instituciones de procuración de justicia y, cuando se da, es a través de personas interesadas que recurren a solicitudes de información.
El pasado 3 de enero, como respuesta a la solicitud de información con folio 240469824000516 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Fiscalía General del Estado dio a conocer el panorama de inseguridad pasa las viviendas en el Estado entre enero de 2023 y noviembre de 2024.
Durante ese periodo se abrieron mil 601 carpetas de investigación sobre robos a casa habitación. Si esa cifra corresponde al 7.1 por ciento de casos que sí son denunciados, al agregarle el 92.9 por ciento de la cifra negra significaría que pudieron ocurrir en realidad más de 22 mil 500 robos.
Un panorama con 32 robos a casa habitación al día, de los cuales sólo 2.3 son denunciados, es un primer impacto entre la población para tener una impresión sobre si se le garantiza o no la seguridad a la población.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de, de las mil 601 carpetas de investigación abiertas por robo a casa habitación, sólo 20 fueron judicializadas.
Para quien, después de haber sido parte del 7.1 por ciento de las más de 22 mil 500 víctimas de robo en su vivienda que se atrevió a presentar la denuncia ante la FGE, las posibilidades de que su caso culmine con una investigación que llegue a un juez son de una entre 80.
El elevado número de robos, incluida la cifra negra, habla del incumplimiento en las labores de prevención del delito; el número de denuncias y carpetas de investigación muestra la poca confianza que se tiene en la FGE, en tanto que el reducido número de casos judicializados indica la poca efectividad en el trabajo de procuración de justicia.
Un ciclo que cierra un círculo que atenta contra los frecuentes llamados a denunciar los delitos. ¿Con qué incentivo puede la víctima de un delito acudir a las autoridades si al hacerlo llega a tener apenas una posibilidad ente 80 de que la investigación de su caso pueda ser turnada ante un juez?
Hasta ahí sólo se trata de que su caso sea investigado con éxito. Todavía falta que en el juicio se capture a los responsables y se les dé una sentencia condenatoria.
