Por Victoriano Martínez
Con la aprobación de la adición de un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política estatal, el Congreso del Estado apenas da un paso en la armonización de la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, se reafirma la violación al artículo segundo transitorio de esa ley… y acumularon 702 días tras iniciado el plazo de 180 que tenían para cumplirlo.
El 17 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Pública que dio un plazo de 180 días a las Legislaturas estatales para armonizar su legislación, lo que se venció el 14 de noviembre de ese mismo año sin que los diputados locales hicieran algo.
Hoy, a 703 días de la entrada en vigor de la Ley General, la negligencia de los diputados da pie para que la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta (distinto al declarado por la ONU el 3 de junio desde 2018) se organice una anti-celebración.
Los colectivos Pedaleando SLP, Derechos Urbanos, Bofosteam y otras organizaciones y personas comenzarán esta tarde la anti-celebración a las 18:30 horas en la Plaza de los Fundadores como punto de partida y de llegada de una rodada, tras la que presentarán la Pirámide de la Movilidad.
De acuerdo con esa pirámide, la infraestructura urbana debe dar a los peatones la mayor prioridad, y en orden descendente a los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y hasta el final al transporte privado.
Una pirámide que las autoridades estatales y municipales se han especializado en aplicar completamente al revés, al extremo de realizar inversiones multimillonarias para facilitar la circulación de automóviles, en tanto que le dificultan la movilidad a los peatones, con especial gravedad cuando se trata de personas con alguna discapacidad.
La falta de un puente peatonal en la carretera a Rioverde a la altura del puente de Quintas de la Hacienda, el desorden intencional y vengativo en las obras en el Barrio de San Miguelito, la indefinición sobre las ciclovías en las avenidas Himno Nacional y Carranza son casos emblemáticos de la indolencia ante el derecho a la movilidad por parte de las autoridades.
Cualquier persona que haga un recorrido a pie por la ciudad notará que en la mayoría de sus calles y avenidas las facilidades para circular en automóvil particular son mucho mayores que las que tiene el peatón, cuando el derecho a la movilidad establece exactamente lo contrario.
“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, en los términos que establezcan las leyes aplicables”, dice el párrafo que se adicionó al artículo 8 de la Constitución local.
Una expresión que hace referencia a “toda persona”, no a los medios con los que se puede movilizar, en concordancia con el principio pro-persona que establece el artículo 1º de la Constitución General de la República.
Agregar el derecho a la movilidad a la Constitución local es un primer paso que todavía deberá completarse con la aprobación de la mitad más uno de los 58 Ayuntamientos y a la que le falta completarse con la Ley de Movilidad estatal.
Por iniciativas ese proceso no parece tener dificultad: el 25 de marzo de 2022 un grupo de diputados presentó una, y el 4 de mayo de ese mismo año, otro grupo presentó otra. En ambos casos ya fue declarada la caducidad.
El pasado 8 de febrero, el diputado José Antonio Lorca Valle presentó otra iniciativa de Ley de Movilidad, en tanto que el pasado 25 de marzo, un grupo de ciudadanos, presentó una más que se llamó Ley Santi, en honor al activista Roberto Josué Rodríguez Santiago, quien junto con su familia ha sufrido múltiples consecuencias por siniestros de tránsito por la deficiencia del derecho a la movilidad en la ciudad.
Un proceso que lejos de haberse completado el 14 de noviembre de 2022 como estableció la Ley General, ha exhibido la dificultad que tienen los diputados para tomar en cuenta a la ciudadanía: su incapacidad para realizar la consulta obligada por ley a las personas con discapacidad y a comunidades indígenas, y su insensibilidad para tomar en cuanta una iniciativa ciudadana y dar prioridad a su trámite.
En el Día Mundial de la Bicicleta, el segundo medio de movilidad con mayor prioridad conforme a los principios de ese derecho, no hay nada que celebrar, sino todo lo contrario, conmemorarlo con una anti-celebración que habrá que considerarla como un gran abucheo a la negligencia de los legisladores del Congreso del Estado.
