Alejandro Rubín de Celis
Los integrantes del Cabildo que están a favor de una aprobación apresurada de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y de Desarrollo Urbano del Centro de Población, están jugando con fuego y todo por atender la exigencia de un grupo de empresarios que quieren adueñarse de otro pedazo de la Sierra de San Miguelito (SSM) y de otras porciones de tierra de uso común para construir mega proyectos urbanísticos que en buena medida sólo los beneficiarán a ellos y que acabarían por afectar a toda la población del municipio de San Luis Potosí y sus alrededores.
El alcalde interino, Alfredo Lujambio Cataño; la síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez; y los regidores afines al alcalde con licencia, Xavier Nava Palacios, tienen bien claro que hay obstáculos de carácter legal, social y ecológico que les impiden aprobar esos documentos, a pesar de lo cual y por presiones no sólo de los fraccionadores directamente involucrados sino ahora también de dirigentes de organismos empresariales, y eventualmente por intereses personales, se empecinan en autorizarlos y por un supuesto acuerdo se ha establecido el 4 de enero próximo para aprobarlos en comisiones y dos días después hacer lo propio en el Cabildo.
Ya es bien conocido que hay una suspensión de plano derivado de dos juicios de amparo que prohíben a la autoridad aprobar el cambio de uso de suelo en tierras de uso común en la SSM; que aún está vigente el Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad de Graciano Sánchez que data de 2003 y sin cuya anulación no procede la actualización de los programas pretendidos; que todavía no se aprueba la declaratoria federal del Área Natural Protegida (ANP), condición que el propio ayuntamiento puso en la convocatoria a la consulta pública para hacer cualquier modificación en la sierra; y la inclusión en los documentos de 127 hectáreas del ejido Guadalupe Victoria que corresponden al municipio de Mexquitic de Carmona y no al de San Luis Potosí.
Pero hay otro elemento fundamental que se suma a los anteriores y tiene que ver con que los planes de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los ordenamientos ecológicos y de desarrollo urbano de carácter estatal y federal en vista de que son constitucionalmente concurrentes. Pero resulta que el plan estatal respectivo ¡no existe aún!
En efecto, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí (PEOTDSLP) apenas está en la fase de consulta, de ahí que no es una norma aplicable y por tanto no se cumple el principio jurídico de congruencia resuelto por la SCJN en la controversia constitucional 31/2010 y de acuerdo a la tesis jurisprudencial 38/2011.
¿En verdad el jurídico del ayuntamiento, algún abogado de otra área municipal y ─sobre todo─ la síndica Alicia Nayeli Vázquez, no sabían de la existencia de estas disposiciones? ¿O es que no se las quisieron comunicar a los regidores y al síndico disidentes para no darles un sólido argumento más para negarse a aprobar los programas?
Y si no lo sabían de tiempo atrás ─lo cual es bastante poco creíble─ el abogado Jorge Chessal Palau les advirtió hace unos días que lo que pretenden autorizar es la “crónica de una muerte anunciada” en los tribunales.
¿Necesitan más para claudicar en su absurdo afán de entregar parte de un patrimonio ecológico que resulta esencial para la vida de los habitantes del municipio de la capital, además de otras tierras en la delegación de la Pila y en los alrededores de la empresa Industrial Minera México? ¿O es que no quieren desprenderse de intereses personales vinculados a los mega proyectos de los desarrolladores inmobiliarios, como lo han señalado públicamente el dirigente municipal del PAN, Edgardo Jasso Puente, y la regidora panista Verónica Rodríguez?
De acuerdo a la convocatoria, la consulta pública para construir el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí, inició el pasado 10 de diciembre y concluye el próximo 8 de febrero ─30 días hábiles─. A ese plazo hay que agregar el tiempo que se invierta en ordenar, sistematizar y analizar toda la información que se recoja, para después redactar el documento respectivo con todos sus mapas y anexos.
Es probable que este proceso concluya hacia mediados del próximo año, si bien va. Mientras tanto, el Cabildo de la capital no debe ─aunque sí puede, valiéndose de alguna argucia legal o política─ autorizar los programas municipales, ni dar el siguiente paso que es autorizar el cambio de uso de suelo en 5 mil 700 hectáreas que pretenden los fraccionadores ─350 inicialmente para el proyecto Las Cañadas─, independientemente de otras disposiciones legales ya señaladas que no se pueden saltar.
Así es que ya saben a lo que se atienen quienes siguen en su postura de aprobar a la brevedad los documentos en comisiones y hacerlo después por mayoría en el Cabildo.
Además de la anulación en tribunales de esas autorizaciones se harían acreedores a otro tipo de sanciones legales y a una quizá más profunda de carácter moral: la condena social que no les perdonará la intención de engañarlos con programas insuficientemente analizados y discutidos y que nunca se los dieron a conocer, con tal de satisfacer los intereses de unos cuantos.
