Por Victoriano Martínez
En los últimos años, la Procesión del Silencio ha sido aprovechada como un buen instrumento para ejercer una presión más efectiva a las autoridades para la atención de demandas por largo tiempo ignoradas, principalmente por parte del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado (SITTGE), y este año no fue la excepción… con una variante en el resultado.
Casi había llegado al rango de tradición que el gobierno estatal llegara, en los días previos si no es que en las horas previas a la Procesión, a ceder parte de lo exigido por el SITTGE como gesto de buena voluntad para continuar las negociaciones después y retirar su plantón para permitir el paso de la columna silente.
Hace un año no sólo fue el SITTGE, sino también el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Aunque entonces los dos sindicatos llevaban ya seis meses en plantón, la medida para lograr que se retiraran y permitieran la procesión silenciosa fueron sendas minutas en las que acordaban una ruta para atender sus demandas.
Hoy tales compromisos han sido incumplidos por el gobierno estatal y cada uno de los sindicatos ha seguido su propia estrategia para exigir su cumplimiento.
A unos días de la Procesión del Silencio, el SITTGE retomó la tradición, entró en negociaciones, parecía que llegarían hasta el último momento (al medio día del viernes), había ofertas por parte del gobierno estatal, pero la madrugada del viernes un desalojo violento del plantón modificó el resultado.
No fue novedad el uso de la Procesión del Silencio como instrumento de presión indirecta a la autoridad por parte del SITTGE. Aunque hayan sido desalojados, otro de los saldos fue la exhibición del gobierno estatal como deudor y, por tanto, un reconocimiento sobre la validez de las demandas del sindicato.
Ofrecer el pago del 50 por ciento del sueldo a 30 trabajadores, mientras al resto lo se los harían en las próximas semanas, cuando son más de 200 agremiados a ese sindicato con quienes mantiene adeudos de sueldos desde hace más de seis meses, además de justificar el plantón, exhibe la irresponsabilidad del gobierno estatal para con sus trabajadores.
El desalojo unas horas antes de la prevista para continuar con la mesa de diálogo muestra la confiabilidad que puede tener el gobierno estatal como interlocutor.
Los anteriores gobiernos, así hayan cedido a la presión potenciada por la urgencia de liberar el paso a la Procesión del Silencio, alcanzaron el resultado a través del diálogo. La novedad es que ahora el diálogo se rompe de manera unilateral, así haya sido con una presunta orden judicial para proteger el derecho de tránsito.
Una orden judicial que se dio, según la versión oficial, por una petición de medidas cautelares por parte de la Secretaría de Cultura. ¿Cuáles fueron las razones y los argumentos presentados por esa dependencia ante el juez?
¿De qué manera valoró el juez los argumentos de la Secretaría de Cultura para llegar a la ponderación de poner por encima el derecho de tránsito al derecho de manifestación?
Son cuestiones que, si el gobierno estatal realmente quisiera justificar su acción de desalojo, habría exhibido públicamente tanto la petición de la Secretaría de Cultura como el texto íntegro de la orden de desalojo por parte del juez.
Son documentos de interés público, dado que resultarían muy útiles para entender cómo sí es posible que el gobierno del estado limite el derecho de tránsito con las vallas metálicas que “amurallan” los accesos al Palacio de Gobierno por todo el arrollo de la calle frontal, incluido un retén policiaco para poder ingresar a un edificio público.
Un desalojo que, así haya sido justificado por un juez, no deja de ser una mala señal porque es una ruta que afianza un mecanismo para inhibir el derecho a la libre manifestación, como ya lo ha puesto en práctica el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona contra el propio SITTGE, incluso con el aval del Consejo Ciudadano por la Seguridad, como baluarte de una operación garrote empresarial.
Si bien se neutralizó la potencia de la protesta del SITTGE, como contraparte resulta lógico que anuncie una protesta ambulante en las calles del Centro Histórico, pero también es de esperarse que la movilización contemple más acciones, porque a sus demandas se incorpora una más que compete a toda la sociedad: reivindicar el derecho de manifestación.
