Texto: Marcela Del Muro
Fotografías: Caro Quintanilla-Perteneces
El indulto a Sanjuana Maldonado abrió la discusión sobre la necesidad de una legislación estatal que regule el análisis y otorgamiento de esta facultad que extingue una sentencia, para que más personas que han sido injustamente privadas de la libertad o en cuyos procesos se hayan violado sus garantías y derechos puedan acceder a él. Esta laguna legal, sin embargo, permitió que la estrategia trazada por la organización Perteneces nos brindara una gran cantidad de información para comprender la discriminación y la desigualdad estructural que envuelven los procesos penales cuando se investigan y se juzgan sin tomar en cuenta los contextos, sin perspectiva de género y de derechos humanos.
“Al no estar reglamentado, la estrategia que propuso el área jurídica de Perteneces fue acercar la mayor cantidad de información para ayudar al Congreso a tomar una decisión con relación al indulto. Ellas (las abogadas Daniela Varela y Alejandra Ibarra) hicieron el análisis de la carpeta, analizando todas esas irregularidades en el proceso desde la perspectiva jurídica. La intención del dictamen antropológico fue proporcionar elementos desde las ciencias sociales que permitieron hacer una lectura antropológica y sociocultural del caso de Sanjuana, decir por qué y cuáles son aquellas circunstancias, condiciones y el contexto en el que fue detenida”, dice Sofía Córdova Nava, que realizó el dictamen antropológico junto a la doctora Laura Saavedra.
Los extensos documentos del análisis jurídico y el dictamen antropológico, que son complementarios, fueron entregados al Congreso del Estado para su estudio, junto a la solicitud del indulto. Fue la primera ocasión que la organización Perteneces utilizó la antropología como herramienta de análisis para justificar la solicitud de libertad de una persona privada de la libertad.
Córdova Nava explica que la integración de una investigación penal y la forma cómo se juzga no se hace únicamente desde el derecho, existe toda una construcción sociocultural que influye directamente en los procesos y en las decisiones que se toman. “Para el dictamen el punto de partida fue el expediente, es algo que nos ayuda a conocer el caso, pero no es el único lugar que se utilizó para construir el análisis antropológico, recurrimos al trabajo etnográfico para poder conocer un poco más sobre el contexto, sobre las condiciones y sobre lo que estuvo atravesado en el caso”.
Sanjuana, por ejemplo, fue detenida de forma arbitraria en el 2009, en plena guerra contra el narcotráfico, fue acusada de secuestro sin ningún fundamento, solo por el hecho de encontrarse afuera de una tienda departamental después de que su expareja la obligara a acompañarlo a cobrar un rescate. “Durante ese período, ante medidas que privilegiaban el fortalecimiento del sistema penitenciario y la ampliación de penas carcelarias, el incremento de la población en prisión constituía un indicador de éxito”, señala el dictamen, que especifica que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, de 2004 a 2011, 2009 fue el año con mayor cantidad de personas privadas de la libertad, se encarceló en su mayoría a sectores de la población en condiciones de desigualdad, marginación y pobreza.
La antropóloga Sofía Córdova explica que el resultado de este endurecimiento ha tenido un efecto desproporcional contra las mujeres, quienes son juzgadas sin perspectiva de género, sin considerar los contextos de violencia en los que viven y aplicando criterios discriminatorios basados en prejuicios de género. Este hecho es palpable en la averiguación previa de Sanjuana.
La investigación sin perspectiva de género y derechos humanos afectó su juicio. Sanjuana “se enfrentó a un sistema de justicia penal que respondía a la narrativa criminalizante del Estado y tendiente a sancionar con severidad a las mujeres con base en estereotipos y prejuicios de género. Esto le cerró las posibilidades de tener un juicio justo”, señala el dictamen.
“Al final, el derecho es una ciencia positivista y se construye la idea de que un expediente contiene la verdad, que en teoría es lo que se espera, pero nos dimos cuenta que en el expediente la voz de Sanjuana no había sido escuchada, había sido silenciada. Para nosotras era muy importante poder partir de la historia de Sanjuana porque la propia narrativa de ella y de su familia también es la verdad”, explica Sofía Córdova.
La antropología como herramienta para la construcción de la verdad y la memoria
“Los que tienen esa verdad son las personas involucradas en esas problemáticas y sus voces deben de ser escuchadas, pero mientras eso sucede, nosotras que nos estamos involucrando en la generación de estos dictámenes debemos de tener acercamientos éticos, que aporten a generar nuevas narrativas en donde se plantee la voz de las personas en el centro y, me parece, ese es un trabajo muy importante frente a un sistema de justicia que lo primero que hace es quitarle la voz a las personas, quitarles su propia narrativa y su verdad, construyendo verdades y narrativas a su conveniencia”, señala Laura Saavedra.
Tras leer el análisis jurídico y varios tomos del expediente, las antropólogas comenzaron las entrevistas con Sanjuana en el penal y después visitaron a la familia en la comunidad de Charco Cercado, en el municipio de Guadalcázar; también buscaron estudios y analizaron datos que les permitió comprender el contexto estatal y nacional que se vivía al momento de la detención y el proceso de Sanjuana.
La doctora Saavedra explica que el dictamen antropológico busca restituir la voz de Sanjuana y su familia, ponerla al centro, donde debió de estar desde que inició su proceso penal. “Es un instrumento súper poderoso porque no solo ayuda al acceso a la justicia, también es un instrumento para la construcción de memoria, más en el contexto actual. Pero, también, los peritajes antropológicos tienen una gran fuerza pedagógica; lo que he notado es que cuando las personas involucradas en la impartición de justicia leen el dictamen comienzan a apropiarse de cuestiones que no veían. Los dictámenes son como una lupa para esas personas que no viven esas realidades y no las conocen, les permite reflexionar”.
Un ejemplo de la fuerza pedagógica, que refiere la antropóloga, fue lo sucedido durante la sesión donde se aprobó el indulto. Algunos legisladores potosinos justificaron su voto a favor argumentando la falta de perspectiva de género, la criminalización vivida durante aquellos años de la guerra contra el narcotráfico y también se habló sobre el contexto de pobreza y la falta de acceso a una defensa digna.
El análisis jurídico del extenso expediente y el dictamen antropológico fueron cruciales para lograr la libertad de Sanjuana y para sostener su inocencia socialmente; sin embargo, este indulto no hubiera sido posible sin las estrategias que involucraron a más de 20 personas que trabajaron en el acompañamiento psicosocial, la comunicación y la difusión de la información, entre muchas otras tareas.
