Por Victoriano Martínez
El del Ejido La Pila cada vez deja ver que se trata de un caso más en la que los propietarios originarios enfrentan una lucha por la tierra en la que se ven obligados a enfrentar a depredadores ecológicos inmobiliarios, en esta ocasión para desarrollos industriales, que resultan muy similares al que se mantiene latente en la Sierra de San Miguelito, a pesar de la declaratoria de Área Natural Protegida.
La voracidad empresarial por adquirir terrenos a bajo costo (les pretenden pagar el metro cuadrado a 120 pesos) para lograr utilidades rápidas y desproporcionadas una vez más se exhibe en el ejido La Pila, en un proyecto que arrancó con la asamblea ejidal del 9 de noviembre de 2018, en la que se reconocieron como posesionarios y avecindados a una larga lista de empresarios.
Hasta el pasado domingo 22 de mayo se quedaron frustrados los dos intentos por realizar una nueva asamblea en la que se les pretende otorgar el dominio pleno a los empresarios que pretenden desarrollar un parque industrial, que sería el más grande de Latinoamérica porque ocuparía seis veces lo que el Centro Logístico T-MEXPARK que ya se construyen en Nextlalpan, Estado de México.
Dos intentos de realizar la asamblea sin que se lograra el quórum necesario de mayoría calificada para que se llevara a cabo pueden dar cuenta de que el porcentaje de ejidatarios que se rehúsan a vender sus tierras por considerarlo un despojo no es menor.
Más aún, se trata de una parte de los ejidatarios que han logrado tal capacidad de denuncia sobre las irregularidades en el proceso, que han logrado poner en el escritorio de Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario Nacional, el caso quien aportó una razón más para la no realización de la asamblea el pasado domingo: suspendió la participación de la Procuraduría Agraria.
Este viernes, los inconformes dieron un paso más. En esta ocasión le entregaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que, además de pedir que se mantenga la suspensión de la participación de la Procuraduría Agraria que impide realizar una tercera asamblea, le solicitas se abra una investigación sobre la corrupción que se ha dado en el caso.
Una investigación que también fue planteada al procurador Agrario Nacional con un amplio expediente en el que acusan a Ernesto Rendón, procurador Agrario en el Estado, y al magistrado agrario Juan Rodolfo Orozco porque “han operado por años para crear condiciones que permitan a la mafia inmobiliaria apropiarse de los espacios comunales y ejidales”.
Una investigación que no sólo involucraría a los funcionarios agrarios y jueces de distrito en el caso de La Pila, sino que abriría un amplio abanico de casos como el proyecto Cañadas y Gran Peñón en la Sierra de San Miguelito, la disputa territorial en el Santuario del Desierto, el caso del Ejido Gogorrón y muchos otros.
La declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito representó un freno para la depredación ecológica inmobiliaria que contó con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador como elemento determinante para que se diera.
Hoy el caso de la preservación del territorio aún no afectado en el Ejido La Pila también toca a la puerta de la oficina de López Obrador con actores y situaciones equiparables: voraces empresarios que pretenden un lucro rápido con un proyecto que no respeta la ecología, ejidatarios que se oponen a ser despojados y un territorio declarado para preservación y desarrollo sustentable.
Por si esa combinación no bastara, el desarrollo industrial también implica la utilización de millones de metros cúbicos de agua con los que no se cuenta, a menos que pretendan quitárselos al abasto de la ciudad, ya de por sí con problemas graves de escasez.
El caso ya se envió al escritorio de López Obrador, de quien se espera una respuesta. ¿Habrá algún pronunciamiento similar al de la Sierra de San Miguelito y los ejidatarios contarán con una consigna presidencial similar: el Ejido La Pila no se toca?
