Por Victoriano Martínez
El juicio de amparo 1581/2023, que se tramita en el Juzgado Sexto de Distrito, se perfila para que, además de proteger a los ejidatarios de La Pila del despojo de 30.26 hectáreas de sus tierras de uso común, documente un mecanismo de confabulación Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes-empresarios-autoridades ejidales para hacer negocios con los predios de los ejidos.
Se trata del caso de la autopista que pretende construir el grupo META y que atraviesa el Ejido La Pila, cuya construcción se encuentra suspendida por el litigio ante el Tribunal Unitaria Agrario (TUA) iniciado por un grupo de ejidatarios inconformes por irregularidades en el procedimiento para la ocupación de sus tierras.
Una reacción de los ejidatarios sobre la que el trío SICT-META-Comisariado ejidal no previó el alcance que podría tener. Este miércoles 17 de diciembre, el Juzgado Sexto de Distrito publicó en su lista de acuerdos una determinación que romperá una de las principales características de su forma de confabulación: ocultar la información del procedimiento hasta lograr la ocupación irreversible.
El Juzgado difirió la audiencia incidental que estaba prevista para el jueves 16 de noviembre para el día primero de diciembre, con lo que se mantiene la suspensión provisional que evita que el comisariado ejidal o la empresa META inicien los trámites de registro del contrato de ocupación de tierras ejidales ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
La documentación sobre el procedimiento de ocupación de los terrenos de uso común se ocultó a los ejidatarios inconformes desde diciembre del año pasado, incluso con la negación de su existencia por parte de la SICT en respuestas a solicitudes de información conforme a la Ley de Transparencia, hasta que se vieron obligados a reconocer su existencia en una comparecencia en el TUA.
Una audiencia en la que sólo reconocieron su existencia, más no presentaron la documentación como prueba, seguramente para hacerla una vez que el contrato de ocupación quedara registrado ante el RAN, que pudo haber ocurrido en dos o tres meses, de no haber sido por el juicio de amparo 1581/2023.
En cuestión de días, lo que el trío SICT-META-Comisariado ejidal negó su existencia y luego mantuvo oculto a los ejidatarios por casi un año, en su acuerdo del pasado jueves, publicado en lista de acuerdos este viernes, tendrá que ser presentado por los involucrados en tres días hábiles, que vencen el próximo miércoles. La información requerida es:
“a. Actas de asamblea ejidal en la Pila y Anexos de seis de noviembre y dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.
“b. Contrato de liberación de derecho de vía entre la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas, sociedad anónima de capital variable (META) y el Ejido la Pila y Anexos de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.
“c. Convenio de ocupación previa de tres de noviembre de dos mil veintitrés, suscrito por la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas, sociedad anónima de capital variable (META) y el Ejido la Pila y Anexos.
“d. Escrito de solicitud dirigido por el Ejido la Pila y Anexos y/o la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas, sociedad anónima de capital variable (META), respecto la inscripción del contrato de ocupación previa y sus anexos, de referencia”.
Toda una secuencia de acciones necesariamente documentadas que muestran una confabulación que comienza con tratos entre empresa y autoridades ejidales para apropiarse del terreno, y después se cierra entre empresa y SICT para concretar jugosos negocios con infraestructura de comunicaciones, en este caso la ampliación de una autopista.
El requerimiento del Juez convierte el caso de la autopista en La Pila en uno de los primeros, sino es que el primero, que permitirá documentar una forma de operar desde la SICT que, con sus variantes, se repite en otras partes del país.
Desde que el martes 14 de noviembre, los activistas Carlos Covarrubias y Joana Berenice Arciso Gómez denunciaron en el programa Astillero Informa lo ocurrido en el Ejido La Pila, el video de la entrevista con Julio Hernández López circuló en distintas redes de la estructura del gobierno federal, como si estuvieran expectantes de contar de manera documentada lo que es un secreto a voces.
Por lo pronto, al tratarse de una orden de un Juez federal, se espera que la próxima semana se conozca el expediente completo del procedimiento de ocupación de terrenos ejidales para la autopista que, es sabido, está repleto de irregularidades que despejarían dudas como quién encubrió y soslayó actos violatorios al procedimiento desde la SICT.
