Carlos Rubio
Durante al menos tres años al interior del Juzgado Quinto Penal operó una red de delincuentes que sustrajeron miles de pesos por medio de billetes de depósito. Hasta el día de hoy, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado no ha sancionado a ninguna de las personas implicadas. En cambio, la ex secretaria de Acuerdos, Liliana Guadalupe Mejía Elizondo, fue inhabilitada 10 años del servicio público por no haberse percatado del fraude.
Liliana Mejía llegó al Juzgado Quinto Penal el 1 de mayo de 2016, sin embargo, solo laboró 10 días ahí porque el rezago era tan grande, que había expedientes donde fungía como Ministerio Público y secretaria de Acuerdos a la vez, por tal motivo fue transferida al Juzgado Sexto; posteriormente al Juzgado Regional de Ejecución y más adelante al Juzgado Familiar de Matehuala.
Mientas trabajaba en Matehuala, Liliana solicitó un billete de depósito al Juzgado Quinto Penal, pero este ya aparecía cobrado. En ese momento se comenzó a descubrir que un grupo de personas al interior del Poder Judicial maquinaron un fraude con el objetivo de cobrar dinero que ni si quiera pertenecía al erario, sino a decenas de personas que depositaron fianzas para continuar con sus procesos judiciales.
El modus operandi
Desde un inicio los billetes de depósito no estaban guardados en la caja de seguridad, sino que estaban en poder del subsecretario del Juzgado. Cuando se maquinó la estafa, aún no pasaban a manos de Liliana Mejía; por esta razón se tuvo fácil acceso a los billetes que, hasta ese momento, no tenían ningún valor.
Para comenzar a maquinar el fraude, los delincuentes indagaron en expedientes antiguos, donde no se hubiera cobrado la fianza y hubiera pocas posibilidades de que los beneficiarios acudieran a cobrarla. En esta parte, según Liliana, tuvo que participar un mozo de oficina que supiera manejar el libro del Juzgado y los expedientes.
“Tuvieron el cuidado de escoger expedientes viejos, donde la gente ya estuviera sentenciada. Hay mucha gente que cuando sale o da cumplimiento con su sentencia, deja las fianzas ahí; lo menos que quieren es regresar al penal”, comentó Liliana.
Una vez identificados los billetes de depósito que iban a ser cobrados, los delincuentes realizaron el endoso de cada billete, para que pudiera ser canjeado por otra persona ajena al inculpado, cuyo nombre aparece en la parte frontal del documento.
Para Liliana, este paso forzosamente tuvo que haber sido realizado con la complicidad de un secretario taquimecanógrafo, “porque no es fácil hacer un endoso en un billete. Ellas tienen las medidas”.
Una vez realizado el endoso, en el siguiente punto comienza la afectación del juez y la secretaria de Acuerdos del Juzgado, Liliana Mejía, ya que para hacer válidos los billetes de depósito los implicados debieron falsificar sus firmas, lo que agregaría a una tercera persona a la ecuación.
Liliana Mejía explicó que las firmas en los billetes eran idénticas, sin embargo, por la posición y la ubicación en la que habían sido realizadas, logró identificar que no fueron hechas por ella.
Posteriormente, tres peritajes corroboraron que, como ella lo aseguró, no era su firma ni la del juez las que se encontraban en los billetes de depósito.
Los peritajes fueron hechos por el Consejo de la Judicatura, un perito privado y por la Fiscalía General del Estado (FGE), y coincidieron en la misma situación: Liliana Mejía nunca autorizó el cobro de las fianzas.
El último paso en la estafa, consistió en enviar a una persona al área de Recursos Financieros del Juzgado para canjear el billete de depósito por un cheque de caja, que posteriormente fue cambiado por efectivo en un banco. Un cuarto implicado en esta área habría participado en la ecuación para facilitar el canje sin realizar cuestionamientos.
“Dentro del juicio solo se logró la comparecencia de una de esas personas que cambiaba los billetes y dijo: ‘A mi me dijeron que fuera a cambiarlo, me mandaron en un taxi, me bajé por el Mercado San Luis 400, hice el tramite que me dijeron y después entregué el dinero’. Solo encontraron a una persona. Es una persona que ni si quiera sabe a qué iba”, asegura Liliana.
Además, la mayoría de las personas que acudieron a cobrar el dinero contaban con credenciales de elector de otros estados, por lo que resulta casi imposible su identificación, aunado a la falta de voluntad de las autoridades por investigar y castigar a los verdaderos culpables.
“Es una asociación delictuosa porque son todos los implicados. Es juntar a la gente que iba a ir a cobrar, tener a alguien en Recursos Financieros que no hiciera mella de ver las firmas, pero eso al Consejo (de la Judicatura) no le importó. Nada de eso al Consejo le importó. El Consejo solamente lo que quería era castigar”, aseguró.
A pesar de que el Juez del Juzgado fue quien dio la orden a Liliana de no ocuparse inmediatamente de los billetes de depósito y fungía como su superior, a él únicamente se le suspendió durante tres meses.
En los 10 días que Liliana estuvo en el Juzgado, se robaron y cobraron seis billetes de depósito. Y a pesar que durante el juicio se demostró que no estuvo implicada en el fraude, aún así el Consejo de la Judicatura encabezado por el entonces presidente, Juan Paulo Almazán Cue, determinó sancionarla con diez años de inhabilitación del servicio público y una multa de 41 mil 700 pesos, después de haberle dedicado toda su vida al estado.
“Cómo es posible que el Tribunal tenga gente de esa calidad humana. Somos sus compañeros. Además del delito, además del robo y del enriquecimiento, lastimar así a tus compañeros, a quienes te han depositado confianza”, se cuestiona Liliana a poco más de dos años de que fuera sancionada.
Por segunda vez el caso de Liliana se encuentra en revisión por parte del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, luego de que tramitó un amparo. Apenas hace unas semanas fue turnado a un magistrado y está en proceso de resolverse.
Esto no hubiera sido posible si no es porque Liliana acudió a la Ciudad de México a presentar un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Presidencia de la República, donde pide celeridad en su caso, ya que durante este tiempo no ha podido contar con un trabajo formal y ha pasado por diversas crisis económicas que amenazan en futuro de su familia.
