Marcela Del Muro
“Pueden darse cuenta del nivel de violencia que nosotras vivimos por cómo (los integrantes del grupo Igualdad de Derechos Para Padres Solteros) hicieron las cosas. Siempre tratan de salirse con la suya ejerciendo violencia”, comentó Claudia Ugalde, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en San Luis Potosí, durante una reunión con la presidenta y directivas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el pasado 8 de diciembre.
Claudia se refirió a la toma de las instalaciones de la CEDH, el 6 de diciembre, por representantes del colectivo de padres solteros, entre ellos su ex marido y dos ex parejas de mamás que integran el Frente, que exigían a la presidenta, Giovanna Argüelles Moreno, el acuse de la acción de inconstitucionalidad por la incorporación del término de violencia vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado.
“Una acción de inconstitucionalidad es un juicio en el que se dice si una norma es contraria a la constitución, normalmente porque es contraria a los derechos humanos. Las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen esa facultad”, explica Patricia Salazar, abogada especializada en género y derechos humanos.
La tarde del 7 de diciembre, Giovanna Argüelles dio una conferencia de prensa donde afirmó que la CEDH emitiría la inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizara la reforma del artículo 4º de la Ley de Acceso, donde se incorporó la violencia vicaria, para que se vele por el bien superior de las niñas, niños y adolescentes.
El anuncio de la CEDH alertó a las madres del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, quienes se agilizaron para buscar un diálogo con la presidenta y su equipo para entender por qué se habló de una petición de revisión de la reforma de violencia vicaria.
¿De qué va la inconstitucionalidad y la reforma?
“Esta no es una acción en contra de la violencia vicaria, no pedimos que se deseche ni que se desvincule de la Ley de Acceso. La idea es reforzarla, que se reformule el artículo para que se tome en cuenta el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, porque actualmente están invisibilizados”, comentó la psicóloga Frida Ceballos Juárez, directora de Equidad y No Discriminación de la CEDH.
La directora explicó que se tuvo que generar una acción de inconstitucionalidad para que la SCJN pueda reforzar e identificar las posibles lagunas que puedan existir en el artículo, específicamente a favor de los niños, niñas y adolescentes. También recordó que la Comisión no puede decidir si se aprueba o reforma una ley, es únicamente un ente observador.
A las 10 de la mañana del 8 de diciembre, con el folio 33689, fue presentada la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la CEDH.
“Se presentó la Acción de inconstitucionalidad de la “Ley Vicaria”, un logro más en esta lucha en contra de la Ideología de Género”, expresó la abogada Teresa Carrizales, asesora e integrante del grupo Igualdad de Derechos Para Padres Soltero, en su cuenta de twitter. Ella y el grupo de padres se oponen porque para ellos la violencia vicaria “es una ley discriminatoria, una ley violatoria de derechos humanos, una ley que estigmatiza al hombre. Que dice que el hombre es el agresivo y violentador por naturaleza y la mujer es la víctima”.
Sin embargo, lo que se aprobó en el Congreso del Estado el pasado 20 de octubre, no es una ley. Se incorporó el término de violencia vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de reconocer que este tipo de violencia de género existe y crear políticas públicas a favor de la prevención y no repetición de esta violencia.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria estuvo trabajando durante un año en la iniciativa que presentó la diputada Gabriela Martínez Lárraga, donde se realizaron mesas de trabajo con distintas instituciones, entre ellas la CEDH, que les dieron opiniones técnicas para su aprobación, “no fue una propuesta al vapor”, dijo el Frente Nacional en el estado.
“Yo estuve participando con ellas en las mesas de trabajo. Yo les mencionaba que dentro de las medidas cautelares, cuando existe una denuncia por violencia por parte de una mujer, no necesariamente se extienden estas medidas a los hijos. Entonces, es aquí donde debería de entrar la protección a los niños porque ¿cómo se va a exponer a entregar a los hijos a la persona agresora que tiene medidas cautelares?”, comentó la directora de Equidad y No Discriminación.
No obstante, para la representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, “las instituciones no se deben dejar intimidar y no deben de tomar acciones solo por la presión que está ejerciendo una tercera parte”.
La violencia escala y se agrupa
“Nosotras venimos huyendo de la violencia, pero ellos están continuamente viendo por dónde más pueden violentarnos”, dijo Claudia Ugalde.
Daniel, su ex pareja, ha sido uno de los miembros más mediáticos de la agrupación Igualdad de Derechos Para Padres Solteros. Sin embargo, el padre no ha cumplido con su parte de la pensión desde hace varios años y tuvo un antecedente de sustracción de sus hijos en abril de 2021.
Hace un año y medio, el padre tenía visitas sin supervisión, se los llevaba los fines de semana. Claudia relata que sus hijos comenzaron a ponerse mal: muy nerviosos y preocupados. Hasta que el padre decidió levantar una denuncia por violencia familiar y los llevó a la Fiscalía General del Estado para que declararan en contra de Claudia. El hijo mayor le avisó a la mamá por un mensaje.
“Llegué muy asustada a la Fiscalía y el personal me dio contención. Al ver que mis hijos no tenían muestras de violencia me los dieron a mí. Pero en la carpeta de investigación quedó asentado que la abogada de mi ex marido me amenazó con quitarme la custodia de mis hijos, enfrente de ellos”, narró Claudia.
La madre pidió medidas de protección al juez, pero este había sido comprado por el ex marido y su familia y le quitó la custodia. Claudia y sus abogados pudieron recuperar la custodia de los hijos mediante un amparo, pero denuncian que su proceso ha sido lento y tedioso.
Por ese incidente, actualmente, los hijos ven a su papá en visitas supervisadas, dos veces por semana en el Centro de Convivencia de los Juzgados Familiar.
De las tres madres cuyas ex parejas integran el grupo de padres, Claudia es la única que tiene a sus hijos con ella.
“Tengo sentimientos encontrados. Nosotras estamos completamente de acuerdo que se deben de proteger a las infancias, pero también siento que no debieron de haber sido así las cosas, que por más presión no debieron haber sacado una acción de inconstitucionalidad si ellos no estaban pensando que realmente así debía de ser. Pero, al final de cuentas, siento que esto va a ser para bien porque será muy enriquecedor”, pensó Claudia Ugalde después de la reunión con la presidenta de la CEDH.
El Frente Nacional en San Luis Potosí piensa que la primera acción, que ya se hizo, fue nombrar que existe la violencia vicaria, pero aún faltan muchas cosas por hacer: más reformas, más mesas de trabajo para escuchar a las instituciones, abrir el dialogo para que se escuchen todos los casos de las madres que han vivido este tipo de violencia.
Las madres piensan que lo más que puede pasar con la acción de inconstitucionalidad es que la SCJN haga recomendaciones para agregar la protección de los niños, niñas y adolescentes a esta iniciativa, pero están conscientes que la reforma se ingresó a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y quizá no es el lugar donde se debería de incluir este tipo de protección.
“Nosotras acordamos con Giovanna Argüelles trabajar en una agenda para el 2023, justo para la protección de las infancias que sufren a consecuencia de este tipo de violencia. También agradecemos que nos hayan brindado su apoyo para que existan mecanismos que protejan a todas las mujeres y los niños. Fue una plática muy nutritiva donde salieron muchas cosas buenas y vamos a trabajar de la mano”, explica Claudia Ugalde, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en San Luis Potosí.
