Por Victoriano Martínez
La construcción de la Vía Alterna avanza aun sin autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y con la destrucción de especies protegidas, como si su proyecto original, promovido por los urbanizadores de Gran Peñón, siguiera vigente.
“Gran Peñón, la comunidad planeada, proporcionará a la ciudad soluciones viales de suma importancia, contando con un corredor urbano que alojará centros y zonas comerciales, hoteles, edificios corporativos, agencias automotrices y los accesos a las zonas residenciales”.
Los desarrolladores de Gran Peñón publicaron el 20 de septiembre de 2020 un video de 31 segundos que acompañaron con esa descripción e imágenes que indican el trazo de la Vía Alterna y muestran una animación en la que se puede apreciar que esa ruta estaría rodeada de edificios.
Un video que exhibió que la Vía Alterna, antes que una solución vial para llegar en automóvil a la Zona Industrial, en realidad era parte del atractivo para atraer clientes para una oferta inmobiliaria de inmensas proporciones.
¿De verdad esa “comunidad planeada” le aportaría a la ciudad soluciones viales? Peor todavía. Ahora que sólo se construye la carretera sin posibilidades de la urbanización en su entorno, ¿de verdad aportará una solución a los embotellamientos de la Carretera 57?
“Se realizaron estudios de aforo, así como el ahorro en distancia y tiempo de recorrido del nuevo tramo con respecto a la actual vía de acceso al Eje 140 de la zona industrial de San Luis Potosí, a través de la Carr. Fed. No. 57 Tramo San Luis Potosí-Querétaro, presentando la ruta seleccionada un ahorro de 6.0 Km en distancia y 15 minutos en tiempo de recorrido”.
Así quedan descritas las ventajas de la Vía Alterna en la primera Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) (página 30) presentada en julio de 2019. Quienes hoy pueden perder hasta más de una hora para llegar a la Zona Industrial por la Carretera 57, por la Vía Alterna se ahorrarán seis kilómetros de recorrido y 15 minutos de tiempo.
Aquella MIA caducó y en agosto de 2021 se presentó una nueva para continuar con el proyecto que el Gobierno Federal abandonó en sus primeros dos kilómetros. Esta no fue autorizada.
Tan era la Vía Alterna parte de un proyecto inmobiliario privado que antes de ser retomado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a los empresarios inmobiliarios cooperación para realizarlo.
“No quieren aportar ni un solo peso, pero no les vamos a ir a hacer la chamba”, advirtió entonces Gallardo Cardona el 26 de noviembre de 2022, luego de que una semana antes pidió a los empresarios cooperar para construir la Vía Alterna, y acusarlos de pretender ganancias desproporcionadas.
¿Qué cambió para que a Gallardo Cardona le surgiera la prisa por hacerle la chamba a los empresarios con una inversión de más de 520 millones de pesos de recursos estatales, al grado de iniciar la obra 12 días antes de lo programado en la licitación y sin que se firmara el contrato con la empresa adjudicada?
Una urgencia tal, que no le importó que desde el mes de noviembre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas rechazara la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y no sólo ignorara esa determinación, sino que también incurriera en otros delitos ambientales.
¿Acaso se trata de una actitud de incumplir las leyes como señal que le abre la puerta a los desarrolladores inmobiliarios para revivir el corredor urbano que presumieron en septiembre de 2021 y comenzar de manera sigilosa con las construcciones en su entorno?
¿Quiénes son los beneficiarios de la Vía Alterna y qué otros beneficios obtendrán distintos al ahorro de seis kilómetros de recorrido y 15 minutos de tiempo que habría para los potenciales usuarios de esa ruta?
La interrelación de la insistencia en construir la Vía Alterna –incluso al margen de la ley– con el área residencial Gran Peñón abre una sospechosa gama de posibilidades que tiene como telón de fondo el riesgo de depredación de una zona del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito.
