Abelardo Medellín Pérez
A estas alturas del sexenio gallardista ya no hay sorpresas; todo es permitido, todo lo irregular es opción, lo contrario al orden democrático es posible, solo hay que esperar lo suficiente para escuchar, como cada mes, una nueva ocurrencia fuera de proporciones.
Ya tuvimos el segundo peor plebiscito en la historia de México, promovido desde el gobierno; ya tuvimos un cambio de fechas en el calendario electoral permitido y secundado por un Congreso arrodillado a los designios de palacio; ya tuvimos la confesión expresa del gobernador quien apoya que los encargados de los programas sociales sean candidatos por la popularidad que el encargo les ha conferido; ya escuchamos al jefe del ejecutivo estatal decir que quiere iniciar una revocación de mandato (¿un auto golpe de estado?) con el único propósito de salir a hacer campaña, porque es lo único que sabe hacer (según dijo).
¿Qué le faltaba a San Luis Potosí para ver convertido el estado de derecho en un chiste y las instituciones democráticas en excusas del deseo autoritario?, el gobernador nos dio la respuesta este miércoles 11 de octubre: ¡una consulta para revisar si se enjuicia o no a los ex gobernadores!
Como si la experiencia federal (o la local) con este tipo de ejercicios consultivos no fuera suficiente, al gobernador le pareció buena idea someter a la voluntad del pueblo un asunto que la ley ya contempla: denunciar a los ex gobernadores que han cometido actos de corrupción y mermaron las arcas públicas.
Si la palabra de Gallardo Cardona valiera para algo más que alebrestar masas (y no decimos que así sea), este no sería un juicio contra uno o dos ex gobernadores, sino contra todos aquellos que sigan con vida, pues el actual jefe del ejecutivo afirmó en entrevista este miércoles que, sin excepción, todos los gobernadores tienen cuentas pendientes, carpetas abiertas y denuncias iniciadas.
Gallardo se ha jactado en múltiples ocasiones de tener suficientes pruebas y motivos para encerrar a cuanto ex gobernador ose en pasarle por enfrente y no rendirle reverencia.
Sin embargo, el tema no es sí hay o no razones para iniciarle un juicio a ex mandatarios; puede que sí, puede que no… todos igual sabemos que el asunto no lo decidimos ni nosotros, ni el gobernador, sino el sistema judicial; no, aquí el asunto no es el qué, sino el cómo.
Prácticamente Gallardo confesó que su gobierno tiene elementos para enjuiciar a todos los ex gobernadores que aún rondan la tierra y al mismo tiempo dijo que podría presentar denuncias… pero solo si el pueblo así lo quiere.
La nueva ocurrencia estatal, asemeja mucho a la ocurrencia nacional que en 2018 fue la, mal llamada, consulta para enjuiciar ex presidentes, promovida por el presidente de México y modelo populista a seguir para el gobierno potosino, Andrés Manuel López Obrador.
En aquel ejercicio, un fracaso por donde se le analice, el primer error fue la pregunta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Confusa, imprecisa, laberíntica, de extensión ridícula y, por si lo anterior no acreditara el fracaso, también fue poco atractiva para llamar a la participación ciudadana, pues a penas participó el 7 por ciento de quienes podían votar, lo cual estuvo 33 puntos porcentuales por debajo de lo necesario para que fuera vinculante.
Afortunadamente para los organismos electorales locales y nacionales, el gobierno potosino hasta ahora no se ha tomado en serio el asunto de consultar a lo que entiende como “el pueblo”. El gobernador transita su mandato con decenas de consultas a mano alzada en sus eventos y la creencia de que la gente siempre estará de acuerdo con él.
Y como los baños de pueblo diarios que vive en sus eventos propagandísticos no son suficientes, el gobernador siempre acude al púlpito digital. Esta no será la excepción.
Gallardo Cardona dijo que la consulta para enjuiciar ex gobernadores se realizará de forma digital; la trampa es que no dijo cuándo, ni cómo. Lo único seguro es que, al igual que su Semáforo de Rendimiento Estatal para evaluar dependencias, carecerá de metodología o resultados vinculantes.
En 2018, las voces expertas se cansaron de explicar un principio muy simple del orden constitucional: el cumplimiento de la ley no se consulta. Y no porque la gente no deba participar, no tenga concepción de justicia o le falte capacidad para conocer de los casos lesivos para la cosa pública. No, el ciudadano es inteligente, pero no tiene porque ser convertido en un juez, cuando el contrato social sobre el cual se fundan los Estados dicta que la ley debe aplicarse, no por principio representativo, sino porque desde el inicio siempre hemos estado de acuerdo en que debe aplicarse.
Imagina que mañana te roban algo y por cuestiones del destino das con el responsable; pero al momento de llevar tu caso ante la justicia el MP o el juez te dice: “híjole, joven, es que tenemos que consultar a los testigos, afectados, familiares del ladrón y todos los involucrados para ver si están de acuerdo en que se le lleve a juicio”. Pues te vas a molestar y vas sentir que de nada sirvió tener un entramado legal complejo en materia penal que, se supone, defendería tus derechos y te protegería en tu situación como víctima.
Si Gallardo Cardona de verdad creyera esa cantaleta suya de que los potosinos somos víctimas de una “herencia maldita”, con esta propuesta de consulta solo muestra su indolencia y lejanía al decir: “pues quizá si nos hicieron daño, pero antes de denunciar algo que nos consta, voy a preguntar primero”.
Como dijimos al inicio, esto a nadie sorprende, no solo porque de la Gallardía ya todo sea esperado, sino porque desde el siglo pasado sabemos como operan los líderes carismáticos.
El gobernador de San Luis Potosí es un líder carismático, pero no porque su perfil fascine y atraiga a la masa vulnerable y deseosa de una solución simple a un problema complejo; no, es carismático según la definición de Max Weber, es decir, tiene ese carisma que busca romper con el sistema racional de gobierno y quiere imponerse ante la ciudadanía con la falacia de su experiencia y la falsa legitimidad de un designio divino.
Weber decía que los liderazgos carismáticos suelen convertir los estados en “democracias plebiscitarias”, es decir, regímenes donde cada acción trascendente o meramente popular, se le consulta al público para dotarla de una legitimidad innecesaria.
No es necesaria, porque para eso se eligió al gobernador en primer lugar. Cuando los potosinos votaron y eligieron por mayoría a Gallardo Cardona, se esperaba justo lo que había prometido: romper con el viejo régimen y perseguir las ilegalidades del pasado. Si en este punto del sexenio el gobernador se siente con la necesidad de preguntar si es pertinente o no combatir las irregularidades que no se cansa de señalar, ¿entonces de qué sirvió votarlo?, ¿entiende el gobernador en qué tipo de tablero está jugando el personaje que interpreta?
La prudencia y la experiencia parecen no haberle servido de nada al gobernador, pero quizá a nosotros podrían revelarnos el futuro de esta idea.
No es la primera vez que el gobernador dice que consultará algo de forma pública y la idea deriva en una trivialidad atrapa-tontos.
En 2022 el gobernador comenzó a difundir la propuesta de presenta una iniciativa para castrar químicamente a los violadores y feminicidas en San Luis Potosí; la idea fue escandalosa, alegró a algunos, preocupo a otros, pero poco intereso al gobierno; el gobernador incluso llegó a decir que los sometería a consulta y dicha consulta terminó por convertirse en una publicación vía Facebook del 21 de septiembre del año pasado en que el gobernador preguntaba la opinión de la gente a través de reacciones.
Esa es la seriedad de las consultas ciudadanas del gobierno potosino; reducir la opinión de la gente a un cúmulo de reacciones inflado por los seguidores y bots de la cuenta oficial del gobernador.
¿Se imaginan cómo será la supuesta consulta para enjuiciar ex gobernadores?
¿A quién deberíamos enjuiciar, ahijados?, Me gusta: Juan Manuel Carreras López; Me encanta: Fernando Toranzo Fernández; Me sorprende: Marcelo de Los Santos Fraga; Me divierte: Fernando Silva Nieto; Me entristece: Horacio Sánchez Unzueta; Me enoja: Teófilo Torres Corzo
¿Y si todos deberían ser enjuiciados qué le ponemos, padrino?, ¿y la opción de unos sí y otros no?, ¿y la información pública sobre sus supuestos crímenes?, ¿y la presunción de inocencia?, ya no digamos la denuncia, pero al menos díganos, ¿para qué consultarlo si según usted son criminales?, ¿o es que no se cree lo suficiente?
La mala praxis democrática de este gobierno ha degenerado en los ejemplos más absurdos de mecanismos de participación ciudadana promovidos desde el poder. Ya no sorprende que el líder carismático busque la aprobación antes de emprender acción; sin embargo, preocupa que, en el ocaso del orden legal y el amanecer de la democracia plebiscitaria, el gobierno sí pregunte en dónde aplicar la ley, pero no consulte dónde aplicar el presupuesto, ¿y la consulta para la Arena Potosí cuándo?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
