Edgardo Pérez Alvelais
Desde la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 cuando miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, para asistir a un mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga (CNH), fueron reprimidos y asesinados violentamente, no se había registrado otro caso tan grave como el secuestro, tortura y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ambos sucesos han sido un parteaguas en la historia de México.
Cuando parecía que ya no había ninguna esperanza para esclarecer lo que realmente ocurrió en la llamada Noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014 por el distanciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de las víctimas, el pasado jueves 5 de septiembre se dio la reaprehensión de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, presunto líder del grupo criminal que estuvo involucrado en la tortura y desaparición de los 43 de Ayotzinapa.
En la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) se indicó que el “estatus” de Gildardo “N” era “En traslado”. No había más información disponible sobre dónde fue arrestado y dónde se encontraba. El Gil fue testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) como pieza clave sobre el caso Iguala.
Vidulfo Rosales, abogado de los Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, declaró que el testimonio de El Gil es clave para comprobar si el Ejército Mexicano estuvo involucrado o no en la tragedia, ya que las indagaciones arrojan que 25 de los jóvenes fueron llevados al 27 Batallón de Infantería y ahí presuntamente fueron torturados. “Algunos murieron en ese lugar y otros en una colonia de Iguala a donde fueron trasladados luego de ser atormentados”, indicó y señaló que en las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador les ha acusado de “estropear la investigación”, lo cual -dicen ellos- “es una afirmación dolosa con la que ha pretendido tergiversar los hechos, confundir y justificar su total fracaso en el esclarecimiento del asunto”.
La primera detención de El Gil fue el 16 de septiembre de 2015 en Taxco, Guerrero, por elementos de la Policía Federal (ya extinta) bajo los cargos de secuestro y delincuencia organizada, pero fue absuelto en septiembre de 2019 por considerarse que las pruebas en su contra fueron recabadas de manera ilegal. Así, salió de la cárcel del Altiplano.
Esta segunda detención del presunto líder de Guerreros Unidos ocurrió a pocos días de que se cumplan 10 años del caso Iguala que hoy en día sigue sin ser resuelto. El Gobierno federal no ha logrado dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 y que es uno de los episodios de violación a los derechos humanos más terribles en la historia reciente de México.
Esa noche, los jóvenes estudiantes acudieron a la ciudad de Iguala a tomar autobuses para transportarse en ellos hacia la Ciudad de México, con el fin de participar en las protestas conmemorativas del 2 de octubre, cuando se recuerda al movimiento estudiantil de 1968 y la represión que derivó en la matanza de Tlatelolco.
Entre la noche del día 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los normalistas presuntamente fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado de la región.
Max y HBO acaban de presentar su nueva serie documental sobre el caso titulada “Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado” que aborda uno de los eventos más impactantes y dolorosos en la historia reciente, un hecho que sacudió a México y al mundo: La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
A través de cinco episodios, el documental presenta una investigación profunda que expone nuevas pruebas y analiza las complejidades detrás del caso. Con testimonios de periodistas, expertos, familiares y sobrevivientes, la serie da voz a aquellos que han exigido respuestas por casi una década.
La serie documental examina cómo los jóvenes fueron atacados por policías locales, en colaboración con otros actores, y cómo la llamada “verdad histórica” ha sido cuestionada, la cual sostenía que los estudiantes fueron detenidos por la policía, entregados a una organización criminal para posteriormente ser asesinados y calcinados en un basurero.
En su libro “La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno trató de ocultar”, la periodista Anabel Hernández documentó cómo presuntamente militares del 27 Batallón de Infantería operaron -por órdenes de un capo- para recuperar un cargamento de heroína, con valor estimado de 2 millones de dólares, el cual estaba oculto en dos autobuses tomados por los normalistas el 26 de septiembre 2014.
Con base en entrevistas con un narcotraficante clave de Guerrero y otros testimonios directos, la autora de la obra describe cómo dicho batallón supuestamente tomó el control de Iguala durante las horas en las que desaparecieron 43 jóvenes cuyo paradero aún es incierto al día de hoy.
La periodista afirma que sabe quién es el capo al que pertenecía la droga contenida en dos de los camiones tomados por normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados por policías municipales, estatales, federales y también por militares vestidos de civil la noche de entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que derivó en la desaparición de 43 estudiantes. La reportera de investigación afirma que el capo ordenó al Ejército coordinar la acción para tratar de quitarles a los estudiantes los autobuses con heroína cuyo destino era Chicago.
“Lo que nos muestra ‘La noche de Iguala’ son dos cosas: esa noche yo no diría fue un operativo de Estado, esa noche fue el operativo de funcionarios públicos federales, estatales y municipales corruptos vinculados con el crimen organizado, cuyo objetivo principal era recuperar dos camiones cargados de heroína donde por desgracia estos estudiantes habían robado sin saber que venían cargados de heroína”, afirmó.
Simultáneas:
- ¿Aún se puede conciliar? Ante la hecatombe que se le viene en caso de que en esta semana que hoy inicia se apruebe en el Senado de la República la polémica reforma de AMLO al Poder Judicial, ayer domingo se vio a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, un poco más conciliadora y poniendo sobre la mesa una propuesta alterna que -afirma- “permitiría lograr un sistema integral de seguridad pública y justicia en México”.
- La SCJN reconoce que debe reformarse. Esto significa que la misma Piña reconoce que el Poder Judicial requiere de una transformación porque de cada 100 delitos que se cometen, solamente uno alcanza el resarcimiento que la ley ordena. Un gran primer paso, ya que no se puede cambiar nada si primero no se reconoce el diagnóstico. La reforma estaría incompleta si sólo se fija en la elección de jueces y magistrados, pues el fallido proceso comienza con las policías o primeros respondientes que levantan los reportes de los ilícitos que se comenten plagado de errores y fallas, además de que en muchas ocasiones los ministerios públicos no integran adecuadamente las carpetas de investigación provocando que los casos se caigan, los abogados defensores los doblen y los delincuentes salgan a la calle gozando de impunidad.
- ¿Pero qué necesidad? Norma Piña asegura que “esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de Seguridad y Justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academias, estudiantes y víctimas de violencia”. Considero que Claudia Sheinbaum debe conciliar y escuchar a la ministra presidenta porque el caso ha significado un gran desgaste para la 4T y para ella misma que requiere una mejor atmósfera política para tomar las riendas del país. A Morena le falta un voto para que la reforma salga adelante en la Cámara Alta. Si la oposición se sostiene y no logra atraer al menos otro voto a su causa será una derrota que no sólo AMLO cargará en el final de su gestión con un último Grito de Independencia abollado, sino que manchará el inicio de la gestión de la nueva presidenta. Cómo decía Juan Gabriel, “¿Pero qué necesidad, para qué tanto problema?”.
¡Hasta el próximo lunes!
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UASLP. Comenzó como reportero en Canal 13 y para la revista Jaque. Dirigió Canal 9 de SLP y conoció de cerca el modelo de Radio Canadá en Montreal. Ocupó cargos de producción audiovisual, monitoreo, síntesis y análisis en Comunicación Social de Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de la capital. Fue ejecutivo de Proyectos Técnicos y Especiales del Centro Nacional de Supercómputo del IPICYT y en la iniciativa privada participó en Seguros ING y AXA. Actualmente se desempeña en el sector inmobiliario y es director de Ajedrez Político SLP. Twitter: @AlvelaisPerez.
