Por Victoriano Martínez
Uno de los aspectos en los que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sin duda se distingue de sus antecesores es el trato que da a los empleados gubernamentales, aunque para peor: nunca se había atentado tanto contra sus derechos laborales al grado de retener ilegalmente sus salarios, sus prestaciones y hasta el pago de laudos.
De una autoridad que capaz de perjudicar a sus trabajadores con el mayor perjuicio al privarlos de los recursos económicos que ya les pertenecen se puede esperar cualquier otra falta de respeto en contra sus empleados.
Es así como no sólo los pretende obligar a que se afilien al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como se han conocido casos concretos en diversas dependencias, sino que además busque que cada empleado se convierta en propagandista al reaccionar favorablemente a las publicaciones en redes sociales del gobernador y de su esposa.
El sexenio comenzó con despidos masivos de burócratas con el argumento de adelgazar la nómina, pero en los hechos, según denunciaron los sindicatos de burócratas, se trató de una maniobra para, por cada despedido, contratar a dos o tres personas que trabajaron en la campaña de Gallardo Cardona en 2021.
Los trabajadores del parque Tangamanga I comenzaron este mes con una nueva edición de aquellos despidos masivos bajo el pretexto de una presunta revisión de los contratos de trabajo, pero ahora con una relación directa con la afiliación obligatoria al PVEM. “A los que no lleven la tarjeta de afiliación, no les están renovando los contratos”, dijo una trabajadora.
Al inicio del sexenio el despedir a unos para incorporar a otros tenía un claro objetivo de corresponder a quienes habían trabajado en la campaña.
A dos años del inicio del proceso electoral del 2027, la sustitución de quienes no estén afiliados al PVEM tiene la apariencia de buscar agrandar la plantilla de quienes trabajen en las campañas del próximo proceso electoral.
Y si de esa manera se atenta contra los derechos laborales y hasta políticos de los burócratas, este mismo miércoles la ciudad fue testigo de manifestaciones como dos ejemplos del máximo perjuicio que la parte patronal puede cometer en contra de sus trabajadores:
(1) Maestros de telesecundaria marcharon de la Escuela Secundaria Técnica número 1 al Palacio de Gobierno para demandar la homologación salarial y exigir la destitución del titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo.
Aunque la historia del reclamo de la homologación salarial está por cumplir 20 años, desde el año pasado se cuenta con una serie de laudos que ordenan el pago de esos recursos. La administración de Gallardo Cardona ha presionado de manera más agresiva al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para evitar cumplir los laudos ya emitidos en el caso.
(2) Trabajadores jubilados del Poder Judicial reclamaron el pago de retroactivos que, según denunciaron, les adeudan desde 2023. Una protesta que se dio en las oficinas de la Dirección General de Pensiones del Estado, justo la dependencia cuya operación se ve afectada por la retención ilegal de parte del salario de los burócratas.
Cada quincena, el gobierno de Gallardo Cardona retiene la cuota de los trabajadores del estado, es decir, dinero de ellos que el gobernador debe entregar a la Dirección de Pensiones, pero que no llega a esa dependencia y se desconoce su destino. El gobierno tampoco reporta la parte patronal de esas cuotas.
Se trata de recursos que, como prestación, le pertenecen a los trabajadores y, en consecuencia, que el gobernador disponga de ellos representa un desvío de dinero ajeno. De un adeudo que supera los cinco mil millones de pesos a la Dirección de Pensiones, cuatro de cada cinco pesos los ha desviado Gallardo Cardona.
Cuatro a uno podría ser considerada la proporción en la que el actual gobierno supera a sus antecesores en materia de respeto a los derechos laborales de los burócratas.
