Alejandro Rubín de Celis
Los casos recientes de presunta corrupción que involucran a diputados, empleados y funcionarios del Poder Legislativo por el desvío de recursos destinados a apoyos sociales ─ buena parte de los cuales no recibieron sus destinatarios o supuestos destinatarios─, no son hechos aislados sino un eslabón más, una extensión de la red de componendas y complicidades que existen al interior del Congreso del Estado y que se conectan con la tristemente célebre Ecuación Corrupta que se destapó en junio de año pasado.
Este nuevo hilo de la presumible red de corrupción fue descubierto por Ciudadanos Observando gracias a una investigación documental y de campo que realizó esa organización civil y que se relaciona con empresas fantasma, falsificación de firmas y con la emisión de facturas falsas, entre otras irregularidades, cuyas operaciones superan los 30 millones de pesos, y a la que la agrupación investigadora le dio el nombre de “El Honorable Gremio del Fraude” ─que ironiza sobre la frase del “Honorable Congreso del Estado”─.
En buena medida, el problema proviene de una partida presupuestal que no está contemplada en la ley como parte de las funciones que pueden ejercer los diputados, cuyas atribuciones se circunscriben a la labor legislativa en sus distintas vertientes: presentación de iniciativas de ley, iniciativas de reformas y adiciones a normas jurídicas, decretos, acuerdos legislativos etc. En varios informes, el Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo les ha hecho notar a los congresistas la ilegalidad de esta partida además de su uso opaco y discrecional, carente de una adecuada rendición de cuentas, pero ellos han hecho oídos sordos. Para obtener los documentos oficiales que soportaran su investigación, Ciudadanos Observando tuvo que recurrir a la presentación de solicitudes de información que el Congreso del Estado debería publicar de oficio, es decir, de manera obligatoria en su portal y sin necesidad de que medien solicitudes.
Las pruebas mostradas a la prensa y en plataformas de internet por Ciudadanos Observando en torno a empresas inexistentes, domicilios que no concuerdan con el de supuestas empresas proveedoras, obras inexistentes o parcialmente construidas, facturas apócrifas y firmas falsificadas, son difícilmente refutables, de manera que la autoridad tiene poco margen para donde hacerse en cuanto al deslinde de responsabilidades.
¿Qué se puede esperar de este nuevo escándalo si la Procuraduría de Justicia del Estado ha sido incapaz de concluir las investigaciones relacionadas con la Ecuación Corrupta ─nadie más sabe del estado que guarda este caso, excepto funcionarios del gobierno estatal, primeramente el procurador y el gobernador─, otra de las vertientes de esa red de complicidades del Poder Legislativo? Hay una Fiscalía Especial y una Fiscalía Anticorrupción aprobadas por el propio Congreso que en los hechos no sirven para nada pues carecen de una Ley Orgánica que les dé validez jurídica a su actuación. Si a eso se añade un Sistema Estatal Anticorrupción que en su conjunto es inoperante pues hasta el Comité de Participación Ciudadana ha sido boicoteado por la mayoría de las instituciones que lo integran, ¿qué podemos esperar de estas nuevas instancias? Seguramente nada, al menos mientras no termine el proceso electoral en curso que es lo que parece preocuparles a varios miembros de la clase política, principalmente a aquellos diputados que buscan un nuevo cargo de elección popular o la reelección.
¿Se habrá utilizado este nuevo escándalo de presunta corrupción como distractor para desprestigiar al Congreso del Estado, como dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Mendizábal, uno de los involucrados en el supuesto fraude? ¡Al contrario! Hay muchos temas insustanciales que se manejan en la agenda pública y en la prensa, promovidos por las propias instituciones del Estado y pagados con dinero de los contribuyentes que sí distraen de las presumibles corruptelas que hay en el Congreso del Estado. ¿O dirá también Mendizábal que la Ecuación Corrupta fue un distractor para que la opinión pública no pusiera atención en otros asuntos relevantes de interés general? El hecho de que la Ecuación Corrupta esté hoy prácticamente en el olvido da cuenta de que los propios diputados y la clase política se han encargado de distraer, principalmente a base de propaganda en medios y con asuntos electorales, de uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía: la corrupción política.
¿Cuántas otros hilos o ligas tendrá la red de complicidades, moches y desvíos en el Poder Legislativo además de la Ecuación Corrupta y este nuevo escándalo, que no conocemos por el alto grado de opacidad y discrecionalidad con que se manejan las cosas en el Congreso del Estado? ¿Hasta dónde llegará la red de corrupción si hay elementos para pensar que se extiende a otras instancias públicas como el gobierno estatal y algunos ayuntamientos? Este nuevo escándalo en particular ¿tendrá alguna consecuencia para los posibles defraudadores y sus cómplices o será otro caso que se añade a la larga lista de asuntos que permanecen en la impunidad?
Es muy probable que en este caso el Ministerio Público, muy dado a integrar averiguaciones con pruebas y testimonios de las partes involucradas pero poco afecto a realizar investigaciones de fondo, se acomode a las versiones de que el Congreso del Estado cumple con los requerimientos que marca la ley porque sus proveedores se sujetan a las disposiciones fiscales, están dados de alta ante Hacienda, se les pide acta constitutiva y los contratos que con ellos se firman están avalados por notario público, y porque no es facultad del Congreso verificar los domicilios fiscales de los proveedores sino del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Para mala fortuna de muchos, hay muy pocas posibilidades de que las autoridades hagan algo en torno a este delicado asunto que daña el patrimonio de los potosinos, y pruebas hay de sobra. ¿O no?
