Por Victoriano Martínez
El, pasado 11 de febrero, el pleno del Congreso del Estado aprobó los informes del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), con 23 votos a favor, tres abstenciones y un voto en contra sobre la revisión de las Cuentas Públicas 2023 y, a una semana, la transparencia en la rendición de cuentas no es más que simulación burda en extremo.
Desde el 1 de diciembre, el contenido de los informes de las auditorías realizadas a los 112 entes fiscalizables adquirió el carácter de información pública y, como tal, que debe ser difundida de oficio conforme a la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia estatal.
Se trata del incumplimiento de una obligación que además atenta contra del doceavo párrafo del artículo 54 de la Constitución local y, por tanto, representa una violación flagrante al derecho de acceso a la información pública.
Tan burda es la violación, que en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) quedó registrado el primer acto de grosera simulación al incorporar a la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia un formato que aparentemente remite a los informes que ahí deben estar publicados, pero aparecen los correspondientes a 2022.
Al presentar los informes el 1 de diciembre no los hicieron públicos como se hizo en sexenios anteriores. Durante los primeros 10 días de enero, no se publicaron en la PET como ordena la Ley de Transparencia estatal, y después de la aprobación de estos el pasado 11 de febrero, la simulación la llevaron a otro nivel.
En el apartado de Informes de Auditoría del sitio Web del IFSE aparentaron la publicación de todos los informes, tanto el general como los individuales, con vínculos a cada uno de ellos, sólo para que quien intentara consultarlos al abrir cualquiera de los archivos PDF se tope con una hoja en blanco sin membrete y el siguiente aviso:
Informe disponible a partir de su aprobación por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, relativo a los numerales 34, 35, 36, 70, 71, 72 y 73 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí
De poco sirve que declaren los informes disponibles, con una fundamentación legal que no hace ninguna referencia a tal condición como sí ocurre con el doceavo párrafo del artículo 54 constitucional y la fracción XXXV del artículo 84 de la Ley de Transparencia, si los documentos siguen ocultos.
“La rendición de cuentas (minuto 57:15) en materia de recursos públicos tiene por objeto fundamental informar u justificar a la ciudadanía cada peso y en qué ha sido gastado”, aun así, se atrevió a presumir en tribuna durante las sesión del pasado 11 de febrero el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la comisión legislativa.
Valdría la pena que el diputado pudiera explicar cómo con un párrafo de 62 palabras tras el que se esconde la información se logra cumplir con el “objeto fundamental (de) informar y justificar a la ciudadanía cada peso y en qué ha sido gastado”. O le vieron la cara, o él es quien trata de verle la cara a la población.
Una semana después de aprobados los informes, no sólo se regatea la información a los ciudadanos, sino que se dosifica para fines politiqueros y se pervierte el sistema estatal de fiscalización, especialmente cuando Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE sale a la defensa de algunos entes sobre los que se filtraron observaciones y sobre otros resulta sospechoso de haberlas filtrado él.
Tan viciado ha sido el proceso de fiscalización que mientras oficiosamente justifica a un ente fiscalizado, a otro, como el ayuntamiento capitalino, ni siquiera le ha notificado las observaciones que ya se hicieron públicas.
“Ha dejado una enorme secuela de sospechas (minuto 1:01:14), desaseos y manejos mal intencionados de la información que sin duda él tuvo siempre completa pero que desafortunadamente se ha utilizado discrecionalmente para golpear políticamente a quien él u otras personas consideran necesario hacerlo”, dijo el diputado Marco Antonio Gama Basarte en la sesión del día 11.
Desde que inició el actual sexenio, y más a partir de que la Auditoría Superior del Estado se convirtió en IFSE, el ocultamiento de las Cuentas Públicas y los informes sobre su revisión se ha recrudecido al extremo de llegar a la más burda simulación. No cabe duda, en tiempos de transparencia, el cinismo es lo que resulta más que evidente.
