Por Victoriano Martínez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) nunca fue un modelo como órgano fiscalizador y hasta llegó a exhibirse como instrumento de actos vergonzosos como la ecuación corrupta en 2017, pero tras aquel episodio en sus últimos años procuró cumplir con su obligación de transparencia al publicar los informes general e individuales de las auditorías a las cuentas públicas.
Fue un avance en la transparencia del proceso de fiscalización, pero insuficiente por la escasa información que se presenta en los informes, en contraste con los datos que se podían conocer antes de 2018, cuando entró en vigor la recién abrogada Ley de Fiscalización.
A partir de ese año, los resultados de auditoría dejaron de presentarse con un extenso informe a detalle sobre el uso de los recursos en cada uno de los capítulos de gasto, que incluía anexos detallados sobre la totalidad de los pliegos de observaciones con la descripción de la forma en que se desahogaron y las razones sobre los no solventados.
A partir de 2018, los informes general e individuales sólo permiten conocer el número de pliegos de observaciones y de solicitudes de aclaración con tres o cuatro datos prácticamente vaciados sobre una plantilla, lo que al público le da indicios sobre las irregularidades detectadas, pero sin los detalles que se podían consultar en las presentaciones anteriores.
Si bien los resultados de las auditorías practicadas por la ASE antes de 2018 se presentaban en documentos más completos y detalladas, habrá que decir que ni el organismo fiscalizador ni el Congreso del Estado los hacían públicos y se conocían por filtraciones aunque con una diferencia: no se filtraban de manera selectiva y con intenciones politiqueras como ocurrió este mes.
Al menos así quedó constancia en el portal Web de Proyecto Tábano, que daba cuenta de la totalidad de los resultados de las auditorías, en donde todavía se pueden consultar los documentos de 2009 a 2017.
Se debe reconocer que, en 2014, como parte del informe de actividades del Congreso del Estado, con Fernando Pérez Espinoza como presidente de la Directiva, se habilitó un micrositio en la página Web de la Legislatura que incluyó todos los documentos de la fiscalización a las Cuentas Públicas de 2013. Única vez en que el Congreso del Estado actuó con transparencia en su función fiscalizadora.
Cuando en 2019, ya con la vigencia plena de la Ley de Fiscalización de 2018, se comenzaron a publicar los informes en el nuevo formato (general e individuales), los primero que sobresalió fue la limitada información que contienen en comparación con los anteriores. Un acto de presunta transparencia que resultó en una simulación muy elaborada.
Una simulación que la ASE, durante los últimos años, completó con una violación al artículo 54 de la Constitución local que señala que ese organismo “debe guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes”, es decir, en sentido opuesto, tras la presentación de los informes sus actuaciones e informaciones son públicas.
A pesar de que así está dispuesto en la Constitución, la ASE solía emitir acuerdo de reserva ante solicitudes de información sobre los pliegos de observaciones completos o las hojas de trabajo de las auditorías.
La transparencia nunca fue una virtud de la ASE, sino una obligación cumplida a regañadientes y con formatos que limitan el acceso a la información pública, con el cumplimiento mínimo por ley: en 2020 publicó los informes en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) el 6 de noviembre; en 2021 lo hizo el 8 de noviembre, y en 2022, los publicó hasta el 16 de noviembre.
Este año, a 21 días de haberlos entregado al Congreso del Estado, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) no los ha publicado en la PET (violación a la Ley de Transparencia), ni tampoco en su sitio Web.
El recién nacido IFSE ya superó a la ASE en opacidad. Una opacidad que, por su propia naturaleza permite filtraciones mal intencionadas, ya lo ha mostrado además como un instrumento de vendettas politiqueras con la UASLP, el Ayuntamiento de la Capital y el Interapas como blancos.
Un panorama en el que el IFSE ya no sólo se perfila como blanqueador de cuentas públicas, sino como ensuciador de otras con fines politiqueros. En menos de tres meses, el IFSE llevó la fiscalización en el Estado a su peor crisis… y en decadencia.
