Por Victoriano Martínez
La reincorporación de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ordenó al gobierno estatal por la vía judicial para que se diera “desde ya” el pasado 22 de febrero.
A una semana, la instrucción para el mismo efecto –ahora de carácter político– se la dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, para que el asunto de la reincorporación, “con amparo o sin amparo, hoy mismo quede resuelto”.
“Él está trabajando de manera coordinada con nosotros”, dijo López Obrador sobre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, apenas cinco días después de que la reacción del mandatario potosino puso en riesgo la salud y hasta la vida de sus trabajadores al dejarlos sin servicio médico, del IMSS y privado, con cancelaciones de cirugías urgentes incluidas.
Es de suponerse que ayer mismo Robledo Aburto habló con Gallardo Cardona y hoy ningún burócrata que llegue al IMSS para solicitar alguno de sus servicios se llevará la sorpresa de haber sido dado de baja y se le negará la atención…
A menos que Gallardo Cardona mantenga su postura de ver a los burócratas inconformes con su baja en el IMSS “cavar su tumba política y laboral”, haga a un lado su burda mimetización con el gobierno de López Obrador, y el pronunciamiento presidencial provoque otro desfile de enfermos graves a los que se les niega atención médica tanto en el servicio privado como en el IMSS.
“Con amparo o sin amparo”, el hecho es que desde la Presidencia de la República se tiene claro que la medida tomada por Gallardo Cardona resulta violatoria de derechos humanos consagrados en la Constitución, por mucha estridencia de las justificaciones del mandatario potosino y los desplantes con afanes de mimetizarse con la Cuarta Transformación.
Destaca la precisión que hizo Robledo Aburto al advertir que “no se puede cortar de tajo la seguridad social porque es mucho más amplia que el solo aseguramiento, pues tiene que ver con las pensiones, prestaciones económicas, incapacidades, riesgos de trabajo, invalidez y prestaciones sociales como las guarderías”.
Una enumeración de prestaciones que la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado en ningún momento aclaró como quedarían cubiertas con el servicio médico privado que sustituiría al IMSS. Hasta una de las pensiones ha puesto en riesgo el actual gobierno con un incremento sin precedentes en la deuda a la Dirección de Pensiones.
De pretender contratos millonarios con clínicas privadas para prestar los servicios médicos a los burócratas –algo muy fifí, seguro pensaría López Obrador–, ahora Gallardo Cardona –obligado a mantener la afiliación al IMSS– amenaza con retirar el servicio privado para dejarlos sólo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por muy irregular que pudiera parecer el hecho de que los burócratas estatales potosinos cuenten con dos servicios médicos (que es distinto a dos esquemas de seguridad social), no se debe perder de vista que fueron producto de negociaciones salariales y de relación laboral y, mal que bien, son conquistas laborales que, como derechos adquiridos, constitucionalmente no deben retroceder.
Antes que incurrir en una violación constitucional al determinar de manera unilateral un “bueno, tienes el IMSS, pero el otro ya no podrá ser”, la autoridad estatal tendría que buscar las vías legales o de diálogo para corregir esa presunta irregularidad pues, independientemente de quien lo hayan pactado, es un compromiso institucional que no sustituye integralmente la seguridad social.
La reincorporación de los burócratas al IMSS va más allá de una medida en pro del derecho a la salud, dado que lo involucra, pero también a los derechos laborales. Una reincorporación obligada que López Obrador resumió: con amparo o sin amparo.
