Por Victoriano Martínez
Todo acto criminal, en cualquier momento y por cualquier circunstancia, es condenable. Siempre atenta contra la seguridad de las personas y una serie de derechos que están aparejados y que, en el extremo, eliminan el derecho a la vida.
Que un acto criminal se inscriba en el contexto de las campañas electorales en curso, atenta más allá de los derechos de la persona afectada, y lesiona un derecho colectivo: el derecho a un voto debidamente informado.
La denuncia presentada este martes por uno de los integrantes del equipo de campaña del candidato a la alcaldía por la coalición Contigo por San Luis, Xavier Nava, es una más entre las que se han acumulado durante este proceso electoral, y que se han dado desde diferentes partidos políticos y en diferentes regiones del estado.
En el caso de la de ayer, se revelan ingredientes que deberían encender las alertas de las autoridades electorales y de seguridad que encabeza el gobernador Juan Manuel Carreras López, despertarlos de su letargo de llamados a, y pactos por, la civilidad e impulsarlos a actuar con firmeza.
La intervención de gente armada que se acerca a quienes trabajan en la preparación de los actos de campaña, sean enviados o espontáneos, para advertirles que no se metan en territorio gallardista, busca inhibir la realización de actos proselitistas y, con ello, cerrar la posibilidad para que un sector de la población conozca las opciones para definir su voto.
Si de la advertencia se pasa a los hechos, y se levanta a uno de los trabajadores de la campaña de un candidato y se le somete a una golpiza como se denunció, representa un mensaje preocupante para un amplio grupo de personas que en este momento apoyan candidaturas a 58 alcaldías y 27 diputaciones locales, multiplicados por los partidos participantes.
El efecto inhibidor de las actividades proselitistas aumenta, y se corre el riesgo de que su efectividad cada día sea mayor en tanto las autoridades no den una señal inequívoca de que no tolerarán ese tipo de acciones y anulen su impunidad como una medida que impida que esos actos se repitan simplemente porque se puede, porque al final los responsables no enfrentan consecuencias.
Lamentablemente, las autoridades locales pocas expectativas generan de que se actuará para sancionar a los responsables y para evitar la repetición de estos actos. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del INEGI, sólo el 1.4 por ciento de la población le tiene mucha confianza a las policías estatales y el 0.8 por ciento a la municipal.
La percepción que se tiene sobre la efectividad del gobierno, según esa misma encuesta, es –para 82.9 por ciento de la población– que es poco o nada efectivo.
En tal virtud, todo apunta a que San Luis Potosí, por una autoridad negligente y timorata, se sume al creciente clima de violencia electoral que invade al país, que a este martes contabilizaba 102 homicidios de personas ligadas a las campañas y que ya provocó que Alemania y Holanda emitan alerta de viaje a México.
Como todo acto criminal, el levantón denunciado ayer por el equipo de campaña de la coalición Contigo por San Luis es doblemente condenable: por la inseguridad que ha rebasado a las autoridades, y porque atenta contra una de las bases de toda democracia, que es la posibilidad de conocer libremente las opciones entre las que se debe elegir.
Pero aún más condenable será que el gobernador Juan Manuel Carreras López mantenga su incumplimiento de la obligación constitucional que tiene de ejercer la “protección social en todo el Estado”.
Tal incumplimiento hoy tiene sumido al Estado, y especialmente a la ciudad de San Luis Potosí, en un clima de inseguridad sin precedentes. Ya sólo falta que permita que esa omisión alcance para que el 1 de julio los potosinos acudan a las urnas con su derecho al voto mutilado.
