Marcela Del Muro
La decisión de levantar las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala, se tomó gracias a un informe de incidencia delictiva que asegura la baja de muertes violentas de mujeres y feminicidios en los tres municipios. Este documento fue hecho por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A pesar de su relevancia, este análisis estadístico no ha sido publicado por la autoridad federal.
“En Matehuala y Tamazunchale, hay una tendencia a la baja en feminicidios a partir de julio de 2021, y en tres años no cuentan con ningún caso de feminicidio. En Tamuín, en el periodo de julio 2017 a junio de 2024 se ha registrado solo una carpeta de investigación por doble feminicidio, sobre el cual, de acuerdo con información de las autoridades estatales y municipales, hubo acción inmediata y se cuenta con sentencia condenatoria para el agresor”, dice el informe de la Conavim, al que tuvo acceso Astrolabio.
La hija de la señora Rosa María desmiente que el feminicida de su madre y de la señora Luisa, asesinadas en abril de 2022 en la casa de su familia en Tamuín, cuente con sentencia firme. El joven que trabajó como albañil, tenía 16 años al momento de cometer el doble feminicidio; la familia cree que actuó de esa manera tras ser descubierto robando en la casa. Pese al nivel de violencia que ejerció contra ambas señoras, por ser menor de edad, la sentencia máxima que puede obtener es de cinco años.
“Estuvo preso cinco meses, pero su abogado buscó que llevará su proceso en libertad. Nosotros no estábamos de acuerdo porque es un sociópata, la saña y la violencia que ejercicio contra mi mamá y su amiga lo dicen. Lo último que supimos de él es que, ahora sí, está preso en el Cereso de Ciudad Valles con su papá, por matar a un muchacho. Una muerte que, si hubieran actuado las autoridades en el caso de mi mamá, muy probablemente, se hubiera podido prevenir”, señala Aracely Martínez, quien pide justicia para su mamá y la señora Luisa.
Para la doctora Oresta López, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento a la AVGM, antes de quitar las alertas, es necesario que muestren un monitoreo o realicen un nuevo diagnóstico que demuestre la disminución de las violencias en estos tres municipios.
La académica del Colegio de San Luis (Colsan) fue la coordinadora del Diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado, presentado en el 2019, como medida de la AVGM, y comenta que el informe de la Conavim no puede sostener ni dar credibilidad a la decisión, pues, “desde la sociedad civil de todo el país se ha señalado que hay un subregistro de casos de feminicidio [en el SESNSP] porque constantemente cambian las metodologías”.
Uno de los datos que más resalta del analisis de la Conavim es que, de julio de 2017 a junio de 2024, en el estado ha aumentado la violencia familiar un 33 por ciento y los casos por abuso sexual un 78 por ciento.
La Dra. Oresta indica que en estos tres municipios existía mayor incidencia de feminicidios porque estaba disparada, en primer lugar, la violencia de pareja y familiar, seguida por la violencia comunitaria.
“Matehuala, por ejemplo, tenía un primer lugar estatal en violencia familiar, con un 60 por ciento y el 68 por ciento de las mujeres que contestaron nuestra encuesta dijeron que sufrían violencia comunitaria, que es altísimo. Por eso, nos resulta increíble que digan que ahí se levanta la alerta, cuando la pandemia elevó, a nivel nacional, la violencia familiar”.
¿Para qué sirve una alerta de violencia de género?
La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo que consiste en implementar acciones gubernamentales en los territorios con mayor incidencia de feminicidios y muertes violentas de mujeres, con el fin de enfrentar y erradicar, principalmente, la violencia feminicida.
En San Luis Potosí fue declarada el 21 de junio de 2017 en seis municipios: San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en la zona Centro; Matehuala, en el Altiplano; Ciudad Valles, Tamuín y Tamazunchale, en la Huasteca potosina. Esto obliga a distintas instituciones municipales y estatales a implementar 20 medidas que se dividen en prevención, seguridad y justicia y reparación.
Estas medidas debieron de ser ejecutadas de manera urgente porque la Alerta de Violencia de Género, justamente, indica que existe una emergencia y es necesario actuar para disminuir las distintas modalidades de violencia que sufren las mujeres y, de esta forma, evitar que existan más muertes.
La Dra. López comenta que el Diagnóstico, una de las pocas medidas cumplidas, cuenta con la información precisa para que el gobierno estatal y los municipios comprendan las violencias de género que viven las mujeres en sus territorios y puedan implementar las acciones requeridas para disminuirlas.
El quinto dictamen realizado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) -órgano consultivo que analiza y recomienda mejoras en las acciones de la alerta y propone los cambios en las medidas-, señala que en estos siete años se reporta: el 9 por ciento de avance en las cinco medidas de seguridad; el 26 por ciento de avance en las ocho medidas de prevención y el 19 por ciento de avance en las siete medidas de justicia y reparación.
Al leer los informes de cumplimiento y los dictámenes del GIM, no queda claro cómo lograron disminuir la tendencia de feminicidios en los municipios de Matehuala, Tamuín y Tamazunchale.
Acciones tan básicas y necesarias, como ejecutar una estrategia de prevención de la violencia en espacios públicos, que implica instalar y mejorar luminarias, implementar mecanismos de vigilancia en lugares estratégicos y transporte público, y los patrullajes constantes realizado por mujeres policías capacitadas, no se reportan con cumplimiento; esta es la segunda medida de seguridad.
Medidas que han sido calificadas con avances, como la 7a de prevención, que consiste en ejecutar una estrategia para atender y prevenir la violencia contra las mujeres en el transporte público, donde supuestamente se ha capacitado a choferes incorporados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no ha servido de mucho en municipios como Tamazunchale.
Nallely Sánchez cuenta que es habitual que los choferes de las combis o de los camiones acosen a las estudiantes o a mujeres jóvenes. Hace un año, una conocida de la adolescente denunció al chofer de una combi por masturbarse y acosarla; al principio, solo lo cambiaron de ruta, hasta que más mujeres se quejaron y fue denunciado en medios de comunicación. “No es la primera vez y lo más feo es que sigue pasando”, dice la joven de 16 años.
“En términos generales, el Estado no ha cumplido con los estándares de la alerta. A pesar de la existencia de instituciones que brindan acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, la mayoría de las mujeres que acude a estos lugares no encuentra o no recibe el apoyo suficiente para sentirse protegida ante un ataque violento”, señala Frida Viramontes, activista y hermana de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en el 2012 en Soledad de Graciano Sánchez, otro de los municipios en alerta.
Otra de las medidas de la alerta, que son un problema constante para las familias de víctimas, es llegar a un plan de reparación del daño que realmente les ayude a rehacer su vida después de la pérdida de sus hijas, que le corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Frida pone de ejemplo el caso de su familia, la resolución fue aprobada en agosto de 2020, pero la reparación no llegó hasta marzo de 2023, a casi 11 años del feminicidio de Lupita.
En el numeral 78 de la resolución del Plan de Reparación Integral de la familia Viramontes dice: “Al respecto de evidencias queda demostrado que los responsables del hecho delictivo cometido en agravio de Susana Guadalupe Viramontes Cruz han obtenido sentencia condenatoria con la que queda demostrado el acceso a la justicia que han logrado los solicitantes y que además ha permitido que se verifique la realidad y la verdad histórica de los hechos sufridos por sus familiares”.
Sin embargo, al momento de la aprobación de la resolución, uno de los asesinos de Lupita se encontraba prófugo, a pesar de contar con sentencia condenatoria. Este hombre duró casi 10 años escondiéndose, hasta febrero de 2024 que fue aprehendido y, parecido al caso de la señora Rosa María en Tamuín, la defensa del culpable apeló para reducir la sentencia de 17 a tres años, aplicando la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.
“Es claro y evidente que el acceso a la justicia [para las autoridades] se resume en sentencias que no fueron obtenidas por ellos y son producto del seguimiento y cuidado que se le dio al expediente de mi hermana por parte de mi madre Susana Cruz González, dejando un claro panorama de que no hay acceso a la justicia sino hubiera sido por eso”, señala Frida.
La AVGM como mecanismo de exigibilidad
El levantamiento de las alertas en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala fue anunciado como un logro más de la actual administración estatal que, sin cumplir las medidas, lograron bajar los feminicidios de los municipios. La operatividad de las AVGM son obligaciones de los ayuntamientos y del gobierno del estado, que deben de invertir de su presupuesto para cumplirlas.
“Se trata de apretar más y trabajar más para que esto funcione y el tema de la violencia contra las mujeres siga bajando. Y, a nosotros nos permita mayores ingresos para invertir en cuestiones como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas”, comentó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras el rechazo de 96 organizaciones, colectivas, activistas, defensoras de derechos humanos, académicas y mujeres en San Luis Potosí, que se posicionaron contra los levantamientos de las medidas de la AVGM.
“La alerta es un mecanismo de exigibilidad ante una indolencia histórica y una violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto que no nos gusta que haya una alerta, pero tampoco se trata de levantar las medidas en un acto donde fingen que el problema que atienden está resuelto”, comenta la antropóloga Sofía Córdova, integrante de la mesa ciudadana de seguimiento de la AVGM y acompañante de familias de víctimas de feminicidio de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas.
A un mes del levantamiento, no existe apertura real para dialogar con la mesa ciudadana de seguimiento a la AVGM o con las organizaciones, activistas y colectivas que se opusieron a esta medida aprobada por el gobierno federal, pero presionada de forma obsesiva por el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Las mujeres firmantes siguen exigiendo que las alertas se conserven o se realice un diagnóstico que dé credibilidad a la decisión del levantamiento.
Actualmente, hay dos plazas disponibles en el GIM: una para organización civil y otra para una experta en derechos humanos de las mujeres. Hasta ahora, no ha sido publicada la convocatoria.
“Las respuestas no nos toca darlas a nosotras ni a las instituciones. Las respuestas las tienen esas mujeres que sufren las violencias en los municipios y, por eso, se tiene que volver a preguntar, volver a hacer el estudio con las metodologías científicas para tener una muestra confiable y saber cómo se han movido las violencias. Las alertas no son vistas como la alternativa, más bien, hay que pelear para que se cumplan. En el camino lo que hemos visto es que su cumplimiento solo se ha burocratizado y no tiene que ser así”, finaliza la Dra. Oresta López.
