Por Victoriano Martínez
El dato es preciso y consta en documentos oficiales proporcionados como respuestas a solicitudes de información: el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda de Personas (CEIFBP) con el que habría iniciado “un nuevo proceso en todo el país para garantizar el derecho a ser buscado y ser identificado” sólo se inauguró para la foto y 302 días después sigue sin funcionar.
El hecho fue denunciado en la edición nocturna de ayer 23 de febrero del programa Loret en Latinus, con Carlos Loret de Mola, en el que se presentó una investigación de Ana Lucía Hernández que titularon “Para la foto: inauguran Centro Forense que no funciona” (del minuto 8:01 al 13:51).
La construcción del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda de Personas inició el 31 de julio de 2020 con un acto al que asistieron familiares de víctimas de desaparición que, en voz de Edith Pérez Rodríguez, del colectivo Voz y Dignidad, representaba un gran avance que daba esperanza a todas las personas que no conocen el paradero de sus seres queridos.
Desde el gobierno anterior, la instalación del Centro en San Luis Potosí se presumía, junto con la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), como una muestra del compromiso gubernamental en la atención a los casos de desapariciones forzadas, que aparentemente se habría concretado con la inauguración de sus instalaciones el 28 de abril de 2022.
Sin embargo, poco más de dos meses después de la inauguración del Centro, el propio Colectivo Voz y Dignidad denunció irregularidades tanto en la CEBP, con un cambio de titular más por amiguismo con el gobernador que por dar el cargo a quien reúna el perfil, como en el CEIFBP por no funcionar.
Desde julio del año pasado se señaló por parte de los familiares de desaparecidos la falta de equipamiento en el laboratorio del CEIFBP, la ausencia de recurso para comenzar los rastreos perimetrales de fosas clandestinas, carencias económicas, y de apoyo para poder trasladar a las familias víctimas para la búsqueda de sus desaparecidos.
En el trabajo presentado por Latinus, esa situación se describió así: “Colectivos denuncian que el proyecto comenzó a desdibujarse con los cambios de titular en la Comisión de Búsqueda y la llegada de Ricardo Gallardo a la gubernatura de San Luis Potosí”. Una posible buena herencia que se volvió maldita.
Y enseguida presentó las respuestas a las solicitudes de información proporcionadas por la Secretaría General de Gobierno a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con las que se confirma la inoperancia del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda.
La respuesta con folio 241230222000276 da cuenta de que el CEIFB no cuenta con organigrama, no tiene vacantes y opera sólo con tres personas. Así aparece textualmente:
“En relación a su solicitud, se le informa del personal es el siguiente:
“Biólogo Alfredo Hernández Gallardo, M. En C. Cristal Azucena López Aguilar y Maestro en Farmacología Mario Alberto Fajardo de León.
“Con respecto al requerimiento del organigrama se le informa que se encuentra en construcción.
“Y por último por el momento no hay vacantes disponibles”.
A la solicitud 241230222000275, en la que requirieron el número de cuerpos identificados en el Centro con el argumento de que el Comité de Transparencia “acordó llevar a cabo la clasificación de la información requerida como reservada a través del acuerdo tomado dentro de la sesión 004/2022; ya que su publicación podría obstruir la persecución de hechos con apariencia de delito”.
Una respuesta que contrasta con la que dieron a la solicitud con folio 241230222000324, en la que señala que “se le informa que no se cuenta con la infraestructura ni los equipos necesarios para el almacenamiento de cuerpos”.
En la investigación presentada por Latinus, destacan que como parte de la respuesta a la solicitud con folio 241230222000351, Leobardo Aguilar Orihuela, titular de la CEBP, reconoce que “no se cuenta con la información que solicita, en razón de que el Laboratorio se encuentra aún en etapa de integración, equipamiento”.
Se trata de información oficial que da cuenta de que el Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda es sólo un inmenso cascarón que costó más de 63 millones de pesos y se mantiene en el olvido… como si para los familiares de personas desaparecidas fuera posible olvidarse de sus seres queridos que se encuentran ausentes.
