Por Victoriano Martínez
La de la cartera vencida del Interapas es una historia más sobre la forma en que en el servicio de agua potable en la ciudad opera un subsidio cruzado a la inversa: los sectores económicamente más débiles soportan un abastecimiento deficiente por operar con finanzas comprometidas, en tanto que los más fuertes lo reciben de primera sin que le llegue un solo peso al organismo operador.
El contraste más evidente lo aporta la operación de la concesión a Aguas del Poniente Potosino, que se encuentra a poco menos de cinco meses de cumplir los 15 años sin pagar al Ayuntamiento de San Luis Potosí la contraprestación establecida en el dictamen del Cabildo del 23 de diciembre de 2008.
Han pasado por el despacho del presidente municipal seis personajes, incluido Enrique Galindo Ceballos, sin que hayan sido capaces de hacer valer esa obligación de la empresa concesionaría.
El primero, Jorge Lozano Armengol, no sólo fue quien promovió oficiosamente la atención a una solicitud de concesión presentada en tiempos de Octavio Pedroza Gaitán como alcalde y sin que haya sido replanteada por el interesado, para regalarle el negocio de vender el agua que le corresponde a la ciudad, sino que abrió el camino para la omisión en el cobro de la contraprestación.
Lozano Armengol debió cobrar los primeros nueve meses y días de la operación de la concesión, del 23 de diciembre de 2008 al 30 de septiembre de 2009, pero al no hacerlo marcó el tipo de relación entre el Ayuntamiento y la empresa explotadora del agua que debía ser de todos.
Una omisión a la que Victoria Labastida Aguirre, Mario García Valdez, Ricardo Gallardo Juárez, Xavier Nava Palacios y Enrique Galindo Ceballos inexplicablemente le dieron continuidad.
¿Cuánto ingresos dejó de recibir el Ayuntamiento por esas omisiones que, si bien muestran una actitud de abuso por parte de Aguas del Poniente Potosino, también representan un acto de irresponsabilidad por parte de esos seis alcaldes?
Sobre todo, por lo que esos recursos pudieron representar para mejorar las condiciones en que hoy reciben el abastecimiento de agua potable en diversos rumbos de la ciudad, especialmente aquellos a los que el dictamen de la concesión señaló como destinatarios de esas inversiones:
“Dicha contraprestación será destinada a inversión de obra pública relacionada a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en sectores de la ciudad más desfavorecidos con estos servicios”, se estableció en el dictamen.
Una contraprestación no pagada que desde hace más de 14 años debió hacerse valer como causal para cancelar la concesión.
Un subsidio cruzado que se invirtió para favorecer a los sectores económicamente más altos no sólo porque el abuso de la empresa y las omisiones de las autoridades impidieron contar con la contraprestación, sino que, según un estudio de la UASLP, Interapas resintió un impacto económico por 295 millones 909 mil 342.64 pesos como perjuicio estimado, sólo por otorgarse la concesión.
A esa forma en que la concesión de Aguas del Poniente Potosino puso al revés el sentido original de los subsidios cruzados en la sociedad, se suma el hecho de que –si se trata de encontrar la forma de recuperar la cartera vencida de Interapas– se toman medidas para cobrarle a los sectores populares, pero no para obligar a los grandes deudores.
“Cómo te explicas que en tu casa no pagas el agua y van y te la cortan, y por qué a grandes empresas y a grandes deudores no les hacen nada”, expresó el diputado Alejandro Leal Tovías al considerar que los grandes deudores se han mantenido así por años debido a la tolerancia por parte de las autoridades encargadas del cobro.
El legislador evade –o finge ignorar– una omisión por parte del Poder Legislativo: ¿Cómo es posible que al aprobar las cuotas y tarifas de cada ejercicio fiscal incluyan programas de cobranza como “cuenta nueva y borrón” para que los morosos de sectores populares se pongan al corriente y no establezcan medidas que obliguen a los grandes deudores a pagar?
Si bien programas como “cuenta nueva y borrón” se aderezan como un apoyo para los sectores sociales beneficiados, el mayor apoyo para los grandes deudores es que pueden pasar hasta décadas sin que se les moleste.
¿Y si al aprobar las cuotas y tarifas de cada año, los diputados establecieran mecanismos para obligar a los grandes deudores, con procedimientos claros, transparentes y con certeza para determinar la procedencia casuística de los adeudos, y no sólo programas para que las clases populares paguen?
Si por segunda ocasión se clausuró el servicio sanitario a Club Deportivo La Loma por no pagar por el servicio de descarga de drenaje al Interapas, y haberse conectado a la red sin haberse acercado al organismo a cubrir la deuda, ¿ya se le tendría que aplicar lo que señala el artículo 151 de la Ley de Aguas del Estado?
“Las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicios y, además, se harán acreedores a las sanciones administrativas que se señalen en esta Ley y, en su caso, a las sanciones penales correspondientes”, señala esa disposición legal.
Privilegiar mecanismos para cobrarle a las clases populares sin establecer la más mínima medida para cobrarle a los grandes deudores, con poder económico incluso para promover amparos al momento en que se les requiere el pago, es una actitud con la que el Congreso del Estado contribuye a que se dé un subsidio cruzado a la inversa.
Un subsidio cruzado a la inversa en el que el Club Deportivo La Loma aparece como el prototipo de cómo aprovecharlo por partida doble: el abastecimiento del agua se lo paga a Aguas del Poniente Potosino, en tanto que omite el pago de las descargas al sistema de drenaje.
