José de Jesús Ortiz
Esta semana inició el juicio oral en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular de la Secretaría de Salud en San Luis Potosí, a través de audiencias realizadas el lunes y martes en las que, de acuerdo a las evidencias probatorias ofrecidas por los testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quedó de manifiesto que el exfuncionario no firmó el contrato para la compra simulada de un plaguicida para combatir el dengue, origen de la denuncia penal en su contra.
Las evidencias aportadas por la FGE han sido testimoniales, en una estrategia que pareciera encaminada a demostrar que se hizo una compra fraudulenta del plaguicida a la empresa regiomontana Public Health Supply and Equipment de México, con una afectación al erario por más de 32 millones de pesos, y que el producto nunca ingresó al almacén general de los Servicios de Salud o al de las jurisdicciones sanitarias.
Una información aportada hasta ahora en el juicio oral que solo ratifica la evidencia que se ha presentado a lo largo de las etapas anteriores del proceso penal en las que no se ha acreditado que Lutzow Steiner —mientras se desempeñaba al frente de la Dirección de Salud Pública de los Servicios de Salud— haya firmado documento alguno para autorizar la compra de 193 tambos del plaguicida, lo cual provocó una afectación al erario por más de 32 millones de pesos.
Pero la partida apenas comienza, la Fiscalía solicitó una sentencia de 12 años contra el acusado y presentará 26 órganos de prueba para intentar acreditar el delito. Seis de ellos comparecieron esta semana. Si fuera una competencia deportiva, sería apenas el primer saque o un round para medir al adversario antes de avanzar.
También, en las audiencias realizadas en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila se ha presentado información que apunta a posibles responsabilidades penales de diversos exfuncionarios de Salud que no han sido imputados por la Fiscalía, algunos de ellos incluso comparecerán la próxima semana como testigos en el juicio y no como sujetos a proceso penal. Se trata de exfuncionarios que firmaron el contrato en abril de 2020 o que hicieron la transferencia bancaria por los poco más de 32 millones para el pago del plaguicida a la empresa Public Health Supply and Equipment de México, además de otros que tuvieron distintos grados de responsabilidad en los Servicios de Salud.
Hasta ahora, la FGE no ha explicado ni fundamentado el por qué no hay más personas procesadas o detenidas por ese hecho, tampoco ha informado públicamente de la aplicación de un criterio de oportunidad sobre algunos de los testigos, lo cual habría extinguido la acción penal en su contra.
Lutzow Steiner fue detenido el tres de mayo de 2022, acusado por ejercicio abusivo de funciones en grado de coautoría, lo que supone que más personas de forma coordinada intervinieron en el ilícito del que se le acusa. El hecho de que sea hasta ahora el único procesado, pareciera confirmar solamente un uso selectivo en el ejercicio de la acción penal y la persecución del delito. Expresión del uso faccioso de los instrumentos de procuración de justicia.
Según acusación de la FGE, mientras se desempeñaba como director de Salud Pública de los Servicios de Salud, Lutzow Steiner participó en diversas reuniones con la exsecretaria de Salud Mónica Rangel Martínez, y otros exfuncionarios estatales de esa dependencia quienes habrían acordado en abril de 2020 la compra simulada del insecticida para combatir el dengue,a “sabiendas que dicho producto no sería entregado, generando para sí un beneficio económico”.
Para Manuela García Cázares, titular de la FGE, hay evidencia probatoria suficiente en contra de quien fuera titular de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud en el Estado en la parte final del sexenio anterior. En declaraciones periodísticas, expresó que “cada uno de los testigos lleva un objetivo, y el objetivo se ha ido cumpliendo para la Fiscalía…creemos que va bien el juicio hasta donde hemos iniciado”.
En las dos primeras audiencias del juicio oral, la Fiscalía presentó una parte de esa evidencia probatoria con la que dice contar a través del testimonio ofertado por sus testigos, el más importante por la posición jerárquica que ocupaba fue el de Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud al inicio de la actual administración y responsable de presentar la denuncia penal a través de la cual se integró la carpeta de investigación que imputó a Miguel Ángel Lutzow Steiner.
Díaz de León, actual director del IMSS-Bienestar, reconoció que el contrato de compra-venta del plaguicida con la empresa regiomontana fue firmado por el apoderado legal de la empresa, el titular de la dirección de Administración de los Servicios de Salud y el subdirector operativo, no por Lutzow Steiner. Su firma tampoco apareció en la transferencia bancaria a Banorte con la que se pagaron a la empresa regiomontana los más de 32 millones de pesos y tampoco fue responsable de la recepción de la mercancía.
En su declaración ante el Tribunal de Enjuiciamiento, expresó que el contrato fue firmado por la subdirectora administrativa de los Servicios de Salud, así como el subdirector operativo de la dependencia y el apoderado legal de la empresa. Todos, convertidos de forma súbita en testigos principales de la Fiscalía.
En la misma audiencia, la Fiscalía General del Estado presentó también el testimonio de Blanca Medina Fonseca, extitular de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de los Servicios de Salud, responsable de investigar y redactar la denuncia penal. Al igual que Acosta Díaz de León, reconoció que Miguel Ángel Lutzow Steiner no firmó el contrato, que no era director general de los Servicios de Salud cuando se firmó y se hizo la transferencia bancaria a la empresa.
Los otros testimonios ofertados por la Fiscalía fueron el Juan Manuel Mata Moreno, actual jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores de los Servicios de Salud, así como el de tres empleados, personal operativo de los Servicios de Salud, quienes en esencia describieron el mecanismo que se siguió para simular la entrega de 193 tambos de 208 litros del plaguicida para combatir el dengue con la falsificación de firmas de los responsables del almacén en seis jurisdicciones sanitarias.
Hasta ahora, la evidencia probatoria ha sido insuficiente para acreditar la comisión del delito del que se acusa al extitular de Salud, así como su intervención específica en los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, más allá de señalar su participación —junto a la de otros funcionarios, entre ellos Mónica Rangel—, en diversas reuniones en las que supuestamente se planeó y ejecutó el hecho delictivo.
La Fiscalía General del Estado basa su acusación de manera esencial en el testimonio de dos testigos que presentará la próxima semana, a través de ellos sostiene en buena medida su teoría del caso para criminalizar a Lutzow Steiner. Como se anunció en la audiencia de apertura del juicio oral, en la que se enlistó el nombre de cada uno de los testigos, órganos de prueba de la Fiscalía, así como el orden en que comparecerán, el jueves y viernes siguientes serán dos audiencias decisivas que podrían marcar el rumbo del juicio pues se presentará el testimonio de Marco Gamba Aguilera, quien fuera director de Salud Pública hasta antes de la llegada de Miguel Ángel Lutzow; así como el de Francisco Acuña, exsecretario particular de Mónica Rangel; además de la subdirectora administrativa, Patricia Gómez; y del apoderado legal de la empresa regiomontana, Fernando Lozano Morales.
En el testimonio de ellos, particularmente de los dos primeros que responsabilizan a Lutzow, más que en otro tipo de evidencias o elementos probatorios, descansa gran parte la acusación que ha mantenido este tiempo la Fiscalía. Testimonios, que a juicio de la defensa y del propio Lutzow, han sido construidos para criminalizarlo, igual que en el viejo sistema penal inquisitivo. Con ellos, la Fiscalía busca “inventar un culpable más que investigar un delito”, denunció el exfuncionario durante algunas de las audiencias de la etapa de investigación.
En las exigencias que impone el sistema de justicia penal, la carga de la prueba recae en la Fiscalía (quien acusa está obligado a probar, dice el principio jurídico), a ella corresponde acreditar la culpabilidad de Lutzow Steiner en los delitos que le imputa, con evidencias y pruebas contundentes. No corresponde a la defensa demostrar la inocencia del inculpado, sino desmontar solamente la fragilidad de la acusación y acaso plantear la dudad razonable que derrumbe la estrategia jurídica de la contraparte. Eso es lo que deberá presentarse los próximos días al continuar el juicio oral en contra del exfuncionario de Salud recluido en el penal de La Pila desde hace 28 meses.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue reportero fundador de los periódicos El Ciudadano Potosino y La Jornada San Luis. Es autor del libro La batalla por Cerro de San Pedro, sobre la lucha social contra la Minera San Xavier. Actualmente se desempeña como profesor en distintas universidades.
