Por Victoriano Martínez
Si existe una herencia maldita en las instancias de gobierno es la llegada de servidores públicos que antes que enfocarse a las responsabilidades que les corresponden se dedican a buscar la simpatía de la población a costa de lo que sea, incluido fingir que combaten la corrupción como parte de su vocación por el espectáculo y sus afanes de standuperos.
Una herencia maldita cuyo destinatario es el pueblo, al que le toca ver cómo se agravan los problemas en los servicios públicos –agua potable y vialidades como meros ejemplos– o, con todos sus efectos trágicos, con el creciente clima de inseguridad sobre el que se acaba de descubrir la posibilidad de responsabilizar a los ayuntamientos como encargados de la prevención.
Pero la imagen del funcionario tiene que ir por delante y si el apartado de pan y circo está cubierto con ferias, festivales y demás por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, habrá que cubrir la parte en la que además tienen que figurar como justicieros contra el mal comportamiento de sus antecesores.
Un interés justiciero que se emprende sin importar realmente si hay motivos en exceso o no para iniciar acciones penales, porque si los hay habrá que dosificarlos para darse frecuentes baños de zar anticorrupción, y si aparentemente no los hay, o hay muy pocos, habrá que inflarlos porque no hay nada como refrescarse a costillas del antecesor.
El 11 de febrero es detenido Jaime Ernesto Pineda Arteaga, ex secretario de Seguridad Pública por irregularidades en la renta de una vivienda, a pesar de que públicamente se habló de “otros delitos” cuyo posible daño patrimonial podría ser millonario. Como primer golpe, la sorpresa fue el delito por el que se le aprehendió.
El 12 de abril fue detenida Mónica Rangel Martínez, ex titular de los Servicios de Salud en el Estado, por un delito cuyo daño patrimonial se estima en 22 millones de pesos, en tanto que a Miguel Ángel Lutzow Steiner, su sucesor, fue detenido el 3 de mayo también por una compra irregular con un daño patrimonial de 31 millones de pesos.
Una pretensión justiciera dosificada si se toma en cuenta que en la Cuenta Pública de los Servicios de Salud del 2020 la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó irregularidades por 732 millones 807 mil 567 pesos.
¿Cuántos otros delitos pudieran ser configurados en tan alto monto de recursos públicos con observaciones? ¿Cuántos otros servidores públicos de la anterior administración podrían ser acusados? ¿Cuántos más de otras dependencias si se toma en cuenta que lo observado al gobierno de Juan Manuel Carreras López ese año fueron 1 mil 41 millones 287 mil 590.62 pesos?
Del lado del Ayuntamiento, a la fecha van dos denuncias por la presunta presencia de aviadores en la administración municipal que encabezó Xavier Nava Palacios: una por 18 y la otra por 42 personas que supuestamente cobraron sin trabajar.
En el caso del Ayuntamiento, la ASE detectó irregularidades en la Cuenta Pública 2020 por 73 millones 878 mil 858.26 pesos, que si bien abren la posibilidad de encontrar actos delictivos, el margen es más de diez veces menor al caso del gobierno estatal.
Más aún, si se toma en cuenta que el propio Nava Palacios presumió en redes sociales lo inmaculada de su cuenta pública ante la revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación a las cuentas de octubre a diciembre de 2018 y los años 2019 y 2020. El año 2021 se encuentra en proceso de revisión.
“Pusimos la muestra, dejamos la vara alta y esperemos que así se siga haciendo en la administración municipal”, concluyó su presentación.
Un panorama en el que a Galindo Ceballos se le parece complicar manejar denuncias como su antecesor, quien informó en noviembre de 2018 sobre mil 843 irregularidades en la administración que encabezó Ricardo Gallardo Juárez y finalmente sólo presentó 11 denuncias ante las fiscalías estatal y federal.
Pero las acciones justicieras son imagen, y el ayuntamiento ya anunció una tercera denuncia contra tres ex funcionarios por irregularidades en el manejo de recursos públicos, además de que Galindo Ceballos no desaprovecha la oportunidad para perfilar querellas contra la gestión de Nava Palacios.
En el marco de un convenio con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Galindo Ceballos fue cuestionado sobre el vitral que se retiró del Palacio Municipal. Tras asegurar que se investiga dónde quedó, no desaprovechó para señalar que si no se localiza, se presentarán las denuncias correspondientes.
Como secuencia sexenio a sexenio y trienio a trienio, la verdadera herencia maldita es que se distrae a la población con actos de simulación justiciera, mientras se ejecutan nuevos actos en los que quedan sembradas las razones para que el siguiente pueda recurrir al mismo expediente para gritar “el ladrón, el ladrón”…
