Alejandro Rubín de Celis
Todavía falta mucho, pero mucho tiempo para saber si se hará justicia -lo cual provoca fundadas dudas- en los casos de exdiputados que falsificaron firmas, usaron empresas fantasma y usurparon la identidad de un contribuyente para engañar a beneficiarios de ayudas sociales.
La Fiscalía General del Estado (FGE) sólo ha logrado vincular a proceso a un congresista de la pasada legislatura, Mariano Niño Martínez, y presuntamente pronto lo hará con otra exlegisladora, Dulcelina Sánchez de Lira, que busca afanosamente un acuerdo reparatorio para evitar que se le vincule a proceso pero el Congreso ha dicho que se lo negará.
Sin embargo, también ha integrado carpetas por denuncias presentadas por los afectados que no recibieron los apoyos contra otros seis exdiputados de cuyas investigaciones nada se sabe a pesar de que fueron tramitadas hace más de un año ante esa instancia de procuración de justicia.
Esas demandas fueron presentadas contra José Luis Romero Calzada (cinco), Héctor Mendizábal (dos), Sergio Desfassiux (una), Angélica Martínez (dos), Xitlálic Sánchez (tres), y Fernando Chávez (una). La opacidad sobre los avances en las indagatorias también pesa sobre una denuncia que presentó la organización Ciudadanos Observando contra toda la bancada panista de la pasada legislatura por emplear indebidamente facturas de una persona física.
Hay otras dos denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado pero en este caso ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de los exdiputados José Belmárez Herrera y Jorge Díaz Salinas que sin rubor alguno se negaron a reembolsar el dinero con el que se quedaron -de acurdo al órgano fiscalizador-, confiados en el manto de la impunidad que favorece a la clase política.
A juzgar por lo que ha sucedido con los excongresistas denunciados por la Ecuación Corrupta –ninguno de los cuales ha sido vinculado a proceso-, y a las enormes dificultades que tuvieron que pasar víctimas y organizaciones sociales para lograr que se pusiera ante un juez a Mariano Niño, a los otros que falsificaron firmas, usaron empresas fantasma y usurparon la identidad de un contribuyente podrían pasar meses o años sin que se les imputen los delitos por los que se les acusa.
Ahora bien, en aquellos casos que se logren vincular a proceso –que es apenas la etapa inicial en la que un juez determina que hay elementos suficientes para iniciar un juicio por los delitos que se les imputan-, vendrá luego una fase de investigación complementaria –que puede durar hasta seis meses-, después seguirán otras etapas procesales y las chicanadas propias de los abogados defensores para alargar los juicios y, hasta quién sabe cuándo el juez emitirá una sentencia, y después de eso vendrán las apelaciones y la tercera instancia y…
De los casos denunciados por las víctimas y por organizaciones civiles se han hecho públicas pruebas contundentes de los presumibles delitos, de ahí que no se explica la tardanza de las fiscalías para solicitar su vinculación a proceso.
Pero eso sí, cuando la FGE tiene interés específico o se ve fuertemente presionada para promover una imputación, entonces actúa con toda rapidez, y para muestra ahí está el caso de Alejandro Fernández Montiel, el funcionario del DIF acusado de violación en agravio de un menor, a quien detuvieron y lograron vincular a proceso en menos de una semana.
El gobernador Juan Manuel Carrera López está de plácemes pues con el falso argumento de que ahora las fiscalías son autónomas –todo mundo sabe que Federico Garza Herrera es su fiscal carnal, lo mismo que el fiscal anticorrupción Jorge Vera Noyola, quien fue su colaborador en el gobierno estatal- se lava las manos sobre su posible injerencia en el desarrollo de las indagatorias y hasta de pedir eventualmente que no sigan su curso y se guarden por ahí en alguna caja de archivo muerto. Y así, felizmente, se la llevará hasta el término de su mandato.
Para hacer que estos procesos se aceleren es indispensable una acción conjunta de los sectores público y social. No sólo de las organizaciones sociales, colectivos y de ciudadanos comprometidos, que han hecho importantes esfuerzos para llegar hasta donde estamos, sino también de la iniciativa privada, de la Iglesia, de la Auditoría Superior del Estado, del propio Congreso –cuyos recursos fueron presumiblemente desviados para fines privados- y de más ciudadanos indignados que hasta ahora se han quedado en la cómoda posición de criticar sin actuar, pues será bajo una fuerte presión social e institucional que las fiscalías se activarán.
Sólo así podremos ver en un mediano plazo si se hace justicia en todos estos casos. De otro modo seguirá pasando el tiempo y las fiscalías se seguirán justificando de diversas maneras para no afectar a estos miembros distinguidos de la burocracia dorada de San Luis Potosí, como ha sucedido con la Ecuación Corrupta, que ya casi está en el olvido de la opinión pública.
