Estela Ambriz Delgado
El levantamiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en los municipios de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín es completamente ilegal, y una muestra clara de que el estado incumple la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues justo estos lugares tienen los indicadores más altos de violencia sexual en la entidad potosina, por lo que es alarmante que se construya la narrativa ahora de levantar la declaratoria en San Luis Potosí y en Soledad de Graciano Sánchez.
Lo anterior fue manifestado en la mesa de diálogo “Implicaciones del levantamiento de la AVGM en los derechos de las niñas y mujeres”, a cargo de la abogada general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Urenda Queletzú Navarro Sánchez, dentro de las mesas de análisis “Agenda local de los derechos de las niñas y mujeres en SLP” organizada por la Federación Mexicana de Universitarias capítulo San Luis Potosí.
La abogada señaló que la declaratoria de la AVG es uno de los pocos mecanismos que tienen las mujeres en la ley para hacer exigible el derecho humano a una vida libre de violencia. Sin embargo, el problema es que este ha entrado en un estado de impasibilidad a nivel nacional que se da con la transición a la Secretaría de las Mujeres, que implicó la incorporación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el organismo directamente encargado de su seguimiento y que ha sido aprovechado a nivel local.
En este sentido, indicó que el levantamiento de la declaratoria en los tres municipios mencionados estaba condicionado al seguimiento de al menos algún tipo de medidas, pues de acuerdo con la ley, la AVGM se declara por los contextos de violencia feminicida, aunque la narrativa local ha ido tendiente a decir que es por los indicadores de feminicidios debido a que en sus estadísticas oficiales refieren que hay una disminución sobre estos.
“Incluso conceptualmente, en términos normativos, hay una diferencia muy clara entre lo que es violencia feminicida y lo que es el feminicidio, para entender incluso a nivel contextual que la violencia feminicida tiene otro tipo de implicaciones que aquí estamos viendo, como la sistematización de una serie de conductas en las que se puede manifestar el feminicidio u otras formas, (…) por ejemplo, indicadores altos de desapariciones”.
Falta de herramientas de conceptualización a nivel local
La también investigadora puntualizó que la narrativa local se ha instalado bajo el supuesto de que lo que ha disminuido son los feminicidios, lo que muestra que las instituciones estatales encargadas carecen de una conceptualización adecuada sobre lo que es la violencia feminicida y, en su caso, de las implicaciones que tendría levantar la declaratoria.
Asimismo, Urenda Navarro explicó que la AVGM se debe traducir en un conjunto de acciones gubernamentales de carácter emergente, más allá de la salvaguarda del derecho humano de las mujeres una vida libre de violencia, que son las que están contenidas ya en las normas y de las que se desprenden las políticas públicas. No obstante, en su momento se advirtió que el diseño de las acciones gubernamentales no era territorializado, es decir, no reconocía las condiciones específicas de cada municipio, cuyos indicadores, situaciones y contextos de violencia son distintos.
“En el caso local, no estamos frente a acciones gubernamentales que sean emergentes, sino que estamos frente a cumplimientos administrativos. Lo que vemos es que se hace más bien un cumplimiento en términos de numeraria o un cumplimiento en términos de acreditación de lo que se está haciendo, y no en términos reales sobre cómo está incidiendo el cumplimiento de esas medidas en la disminución del contexto feminicida, no del feminicidio.”
Apuntó que aún y cuando fuera sobre el feminicidio, las cifras que reporta el estado a nivel nacional y local actualmente apuntan a que no hay un aumento y se han contenido, cuando incluso a semanas de haberse levantado la declaratoria en algunos de estos municipios hubo inmediatamente feminicidios, como en Tamazunchale.
El levantamiento de la AVGM fue ilegal
La abogada afirmó que levantar la AVGM de manera condicionada no es una figura que exista en la ley. Sin embargo, así se hizo en los tres municipios con un documento construido sobre un supuesto legal que no fundamenta esa actuación, por lo que se tiene un levantamiento que es ilegal basado en una supuesta disminución de los feminicidios y no de la violencia feminicida, que se sostiene sobre una apreciación de indicadores oficiales de la Fiscalía General del Estado, sobre los números de carpetas de investigación abiertas por este delito.
Asimismo, señaló que es incongruente que en términos reales el propio Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) refiera que ese documento fue con el que le presentaron a la Conavim la evidencia de la disminución de la violencia feminicida; lo cual demuestra que al interior de lo que ahora es la Secretaría de las Mujeres no hay herramientas de conceptualización, porque se hace bajo el amparo de que hay menos feminicidios, pero se tiene más abuso sexual y violaciones.
Navarro Sánchez subrayó que entonces no se entiende qué es la violencia feminicida y esos municipios donde levantaron la declaratoria son los que tienen los indicadores más altos de violencia sexual en el estado, lo que es preocupante frente a ese escenario.
La abogada indicó que es alarmante la forma en que se aborda e investiga el tema, pues no es desde la perspectiva de género y un análisis complejo de las violencias, que implicaría también entrar a mirar el papel que tienen actores como el crimen organizado en estas nuevas formas de violencia, y que independientemente de que a una mujer víctima de feminicidio se le encuentren nexos con el mismo, debe ser investigado como tal.
Violencia institucional contra las mujeres que alzan la voz
Urenda Queletzú indicó que algunas colegas que formaron parte del grupo interinstitucional multidisciplinario, al que se le confirió la potestad de darle el seguimiento y poder evaluar el cumplimiento de las medidas de la AVGM y señalaron algunos de los aspectos mencionados, han recibido toda una dinámica de violencia institucional por posicionarse en contra de avalar decisiones como el levantamiento.
“La desautorización, la desacreditación de todas aquellas mujeres que se atreven a decir que lo que está ocurriendo en el caso de la declaratoria es no solamente ilegal, sino que además está plagado de estas situaciones que siguen favoreciendo los contextos de violencia”.
En este sentido, la investigadora observó el hecho de que hay un nulo diálogo institucional, pues a todas aquellas mujeres que posicionan temas como los abordados en estas mesas organizadas por FEMU en la agenda, automáticamente le sobreviene la descalificación institucional y del aparato mediático del gobierno, además de que se busca incluso romper con la propia generación de espacios de encuentro.
Para concluir, dijo que en esto se observa un mensaje político sumamente adverso, sobre todo porque ahora se construye la narrativa de levantar la declaratoria en San Luis Potosí y en Soledad de Graciano Sánchez.
