Antonio González Vázquez
El diputado Pedro César Carrizales Becerra quiere reformar el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la libre manifestación de las ideas. La iniciativa, en primer lugar, deberá lograr su procedencia local para que luego el Legislativo la pueda turnar al Congreso de la Unión.
En la sesión ordinaria del Pleno programada para este jueves será presentada la iniciativa junto con otra que modifica la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Según el diputado, en México se hace necesario fortalecer los medios de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, pues el país atraviesa una situación de crisis de violencia que los afecta y pone en alto riesgo.
La iniciativa incluida en la Gaceta Parlamentaria, en lo tocante a la reforma al sexto constitucional, propone adicionar el siguiente párrafo: “ningún periodista en ejercicio de su profesión, podrá ser sometido a procesos administrativos, ni juzgado ni civil ni penalmente, por ejercer su derecho a la libre expresión”.
Carrizales Becerra propone que ese párrafo complemente el primero, que dice: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercicio en los términos dispuestos en la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
En la exposición de motivos, ofrece datos oficiales sobre los homicidios de periodistas, donde menciona que de enero del 2000 a octubre del 2018, fueron asesinados 111 periodistas.
No obstante, agrega, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que de enero del 2000 a la fecha, son ya 140 los periodistas asesinados. En ese lapso, en San Luis Potosí, sólo se dio un caso.
Destaca que otro parámetro de medición, es el número de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión desde el año 2010 y al 2018, que en suma, dan un total de mil 125. En ese lapso, en San Luis Potosí se presentaron 13 denuncias.
Añade que “de las mil 125 investigaciones iniciadas, únicamente en 97 se giró una orden de aprensión, es decir únicamente el 8 por ciento y solamente en 7 se obtuvo una sentencia por la comisión del delito, es decir el .6 por ciento; cifras que dejan ver los indiscutibles índices de impunidad”.
El legislador solicita al resto de diputados “apoyar ésta iniciativa generaría mayor certidumbre a todas aquellas personas que dedican su vida a construir desde su actividad una democracia mas fuerte.”
La iniciativa será turnada a comisiones y una vez que se emita un dictamen, de ser favorable, la LXII legislatura la enviaría al Congreso de la Unión para someterla a discusión y eventual aprobación o rechazo.
