Por Victoriano Martínez
El tiempo apremia para que la Delegación de Villa de Pozos se convierta en el municipio número 59, pero todos los actores involucrados ya se encuentran prácticamente alineados que hoy es lo único apremiante: cumplir con la publicación del decreto para que se alcance a elegir a su primer presidente municipal en las elecciones de junio de 2024.
Después de 77 años, finalmente Villa de Pozos podrá superar la etiqueta que le colocaron los diputados de la Trigésima Octava Legislatura Constitucional como demarcación pobre que, por órdenes de Gonzalo N. Santos. perdió su condición de municipio porque sus autoridades no tenían nada que administrar.
El decreto 51, del 10 de octubre de 1946, con el que se suprimió el municipio de Villa de Pozos junto con otros cuatro, podría ser conmemorado este año –25 Legislaturas después– con un decreto que le devolviera el carácter de municipalidad a lo que hoy es delegación del municipio de la capital. Para Villa de Pozos terminaron sus 120 años como municipio.
En 7.7 décadas la demarcación habría superado su condición de pobreza para alcanzar un resurgimiento como el tercer municipio más grande del Estado.
Hace 28 años se dio el primer movimiento en pro de la remunicipalización de Villa de Pozos, cuando el 26 de mayo de 1995, mil 635 personas firmaron una solicitud presentada al Congreso del Estado para que esa delegación volviera a ser municipio. Para diciembre de ese mismo año, los diputados desecharon la solicitud.
Los solicitantes de la remunicipalización se inconformaron ante la Justicia Federal y en octubre de 1996 se ordenó la reposición del procedimiento.
Fue hasta octubre del año 2000, cuando el Congreso del Estado retomó el asunto y se instaló una comisión especial para asuntos de la Delegación de Villa de Pozos, encargada de dar seguimiento a la solicitud y, consecuentemente, de reponer el procedimiento de creación del Municipio.
El octubre de 2001, tras ser requerido por el Congreso del Estado, el ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por Marcelo de los Santos Fraga, emitió una opinión en contra de la municipalización de Villa de Pozos.
A pesar de la oposición del Ayuntamiento, el 14 de diciembre de 2002 el Pleno del Congreso del Estado aprobó la remunicipalización que se publicó en el Periódico Oficial del Estado como decreto número 404, el 17 de diciembre.
Contra ese decreto se presentaron dos controversias constitucionales. La 5/2003, presentada por los entonces diputados panistas Raymundo González Jiménez, Arturo Ramos Medellín, Javier Algara Cossío, Santiago Hernández Robles, Alfredo Fernández Moreno, Andrés Hernández Hernández, Olivo Martínez Borja, Malaquías Guerra Martínez y Gabriel López Maya.
La segunda controversia, la 15/2003, fue presentada por el ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de sus síndicos José Ernesto Piña Cárdenas y Javier Enrique Batres Esquivel.
Hoy, al menos a dos de aquellos personajes que estuvieron en contra de la municipalización de Villa de Pozos se les ubica cercanos a la gallardía: González Jiménez, quien aspiró a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado con el aval gallardista, y Ramos Medellín, quien es regidor por el PVEM.
La sentencia del 17 de agosto de 2004 sepultó la aspiración de los habitantes de Villa de Pozos por lograr volver a ser municipio, hasta que ahora resurge con mayor impulso, cuando el pasado 22 de mayo se presentó una nueva solicitud al Congreso del Estado, acompañada de 31 mil 895 firmas.
El mayor y más efectivo impulso está a cargo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona quien, antes que asumir que abandera una vieja aspiración de los habitantes de esa demarcación, busca apropiarse del mérito de la idea “original” de la remunicipalización.
“Yo llegué y anuncié el municipio 59 y me juzgaron loco, decían que cómo, que eso no procedía, que eso no va a pasar. Ahí está, [Villa de] Pozos va a ser el municipio número 59”, expresó en un desplante, cual si se tratara de reafirmar que su gobierno es el único con ideas originales y, por ser así, desde el inicio del procedimiento se da por descontado que ocurrirá. Respeto entre poderes.
Tan por hecho se da, que la cargada fue inmediata y, si en una primera sesión de las comisiones encargadas se frenó la votación sobre la solicitud al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del plebiscito de ley que debe realizarse, no fue porque se opusieran a la remunicipalización, sino por cuidar los detalles.
El tiempo apremia, pero no la conquista de voluntades para lograrlo. Esas también se dan por descontadas. Así que, si el tiempo apremia, lograr cubrir todas las etapas del proceso en los próximos 143 días para emitir el decreto remunicipalizador, el otro apuro que van a cuidar será no incurrir en alguna omisión jurídica que pudiera dar paso a una controversia constitucional.
Pero todo está prácticamente alineado y sincronizado, que tal posibilidad es muy poco menos que imposible.
