Antonio González Vázquez
El Frente Cívico Potosino (FCP) y el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) exigieron al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona que “garantice el derecho a saber, modere su gasto en una comunicación social pervertida y tome las medidas pertinentes para que cese la constante agresión al ejercicio periodístico” en San Luis Potosí.
Desde el pasado 24 de marzo, ambas organizaciones publicaron en redes sociales un texto titulado “Basta de agresiones al ejercicio periodístico y el derecho a saber de los potosinos”, en el que critican la política de comunicación del mandatario.
Precisa que, “como nunca, desde que inició el actual sexenio, se ha impedido que la sociedad potosina pueda conocer con certeza lo que ocurre en la administración pública y se la ha impuesto una versión de los acontecimientos que atenta abiertamente en contra del derecho a saber que tiene la población”.
Lo anterior, por dos vías que consideran inaceptables: “el incumplimiento de la Ley de Transparencia y un control y una usurpación del ejercicio periodístico”.
Advierten que ese segundo elemento ha mostrado que se puede llegar a las agresiones físicas.
Han observado tres prácticas contrarias al interés público:
“Un grupo de operadores de portales presuntamente informativos en Internet que de cualquier acontecimiento reproducen ad nauseam una versión que refunde en la promoción de la imagen de Gallardo Cardona y su administración.
Además del “pago indiscriminado de gacetillas (información redactada en Palacio de Gobierno que los medios presentan como productos periodísticos, cuando se trata de propaganda).
Una práctica en que los propios medios se vuelven cómplices por voluntad o por su precariedad económica, pero cómplices al fin”.
Así como, “entrevistas y ruedas de prensa con un control, a través de reporteros afines por voluntad propia o por incentivos económicos que impiden que el mandatario —o cualquier otro funcionario— sea cuestionado sobre temas incómodos o que no sean útiles a los fines de su propaganda”.
En ese sentido, ambas organizaciones, exigen al gobernador: que “garantice el derecho a saber, incluidos el derecho a no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de información”.
Moderar su gasto en comunicación social, misma que califican de “pervertida”, y que se ajuste a los términos de establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, relativo a la promoción personalizada de las acciones gubernamentales, pues señalan que la administración estatal viola ese precepto.
Demandan que se tomen las medidas pertinentes “para que cese la constante agresión al ejercicio periodístico como una acción a la que está obligado por ley y por tratados internacionales”.
Lo anterior, “para evitar que se repliquen agresiones físicas y directas como las ocurridas en días recientes, y sobre todo, que escalen en sus consecuencias de gravedad”.
El texto menciona los casos de una reportera que, cuando una compañera le hizo una pregunta al mandatario, increpó a la periodista al gritar “¡es mentira!”, así como un incidente en el que un funcionario de Comunicación Social habría agredido físicamente a un reportero.
