Abelardo Medellín
Esta, definitivamente, no fue una buena semana para la democracia potosina.
Cuando se habla de la democracia mexicana, inevitablemente cualquier experto en la materia, que se digne de serlo, reconoce que los logros por ciudadanizar los organismos públicos locales en el país se alcanzaron, primero, en San Luis Potosí, y después, la tendencia se diseminó, por lógica y principios, al resto de los estados.
Por casi 30 años, hemos sido la cuna de un legado democrático que, a diferencia de los avances en materia de derechos políticos previos a los noventas, no se gestó por la presión de grupos partidistas y de interés que buscaban simular contrapesos; aquí se hizo desde la sociedad civil organizada, desde un movimiento legítimo.
Hoy, ante las tendencias populistas y autócratas de los neo-caudillos potosinos, nos encontramos de frente con una democracia local zanjada por la carencia, el exterminio, la obstaculización y un avasallamiento del espacio público que ha sido reclamado por perfiles con muchas aspiraciones y ningún escrúpulo.
Esta semana, el Instituto Nacional Electoral (INE), reveló en su “Informe sobre la situación presupuestal de los OPL, 2025” que gracias la indolencia institucional y la irresponsabilidad financiera de este gobierno, el CEEPAC tuvo el segundo peor recorte del país en lo que va del 2025 y, además, es uno de los tres estados catalogados como en “riesgo presupuestal alto” por las diversas adversidades económicas que padeció durante los dos primeros meses del año.
Si el gobierno del Estado y el legislativo no entendieron los últimos dos años que los recursos dispuestos para elecciones y democracia son una inversión (en libertades) y no un gasto, era imposible esperar que lo comprendieran ahora que van de cara a una elección judicial, única en su tipo a nivel mundial, misma que decidieron fraguar torpemente en San Luis Potosí. Así llega el organismo a un proceso sin precedentes: sin dinero, con alerta roja de riesgo operativo y una nota negativa del INE.
Por otro lado, el exterminio. Esta semana la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la Federación, ratificó la resolución del Tribunal Electoral del Estado en la que se determinó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdería su registro como partido político local. Muchos celebraron la decisión del tribunal por su apego a la norma, argumentos decisivos y defensa del interés del votante, sin embargo, por más precisa y justificada que fue la resolución, en el fondo, se suma a una larga lista de acciones que han minado el sistema de partidos y la diversidad de estos.
Contrario a lo que la mayoría piensa, menos partido no hacen mejor política, ni mucho menos mejor democracia. En un sentido realista, a las únicas personas que conviene que haya menos partidos, son a quienes forman parte de instituciones partidistas que ya han acaparado espacios de manera desproporcionada; grupos cuya supervivencia en dichos espacios, depende de reducir el número de vías partidistas para que nuevos proyectos de oposición los rivalicen.
“Ahora soy un paria político”, me dijo hace unos meses un compañero que había votado al PRD para todos los cargos en la elección del 2024. Mi buen amigo es un paria, porque la opción con la cual se identificaba a nivel político desapareció, ¿qué seremos el resto de los ciudadanos el día que el oficialismo sea la única opción?
La obstaculización, vino de manos de quien menos esperabamos: el PRI. Un partido enfilado a un destino muy similar al del PRD, decidió que era buena idea presentar, a través de su dirigente y diputada local, Sara Rocha, una iniciativa en la que se establece que las iniciativas legislativas ciudadanas deberán ser respaldadas con el apoyo ciudadano (firmas) de al menos 0.13 por ciento de la lista nominal en San Luis Potosí (aproximadamente 3 mil firmas).
Para una diputada cuyo partido ha navegado con la bandera de una artificial oposición, es muy audaz creer que el trabajo del legislativo puede prescindir y condicionar los proyectos de la ciudadanía, aun cuando, y ella mejor que nadie debería saberlo, los ciudadanos son actualmente uno de los pocos frentes que pueden servir de contrapesos al poder (y si no lo cree que le pregunté a Gallardo Cardona si pudo poner la Universidad Rosario Castellanos en la Escuela Tipo).
Dijo la diputada que su propuesta era para acabar con el “coyotaje legislativo” que se ha detectado dentro del Congreso. Entonces dejemos de lado la justificación basura y pongamos a la diputada un ejemplo de esos que le gusta usar al PRI para criticar al oficialismo: querer acabar con el coyotaje al interior del Legislativo poniendo una restricción a la ciudadanía, es como si la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) quisiera reducir el número de robo de vehículos prohibiendo que los potosinos compraran un carro.
Y por último el avasallamiento del espacio público. Ya de por sí era malo tener que asistir a la Feria Nacional Potosina y padecer las acartonadas imágenes del gobernador y la ahora Senadora en pancartas gigantes.
Era como si el gobierno del estado hubiera aplicado el modelo de anuncios en internet para la FENAPO: “no pagas la entrada con dinero, la pagas con tu atención; te cobramos al mostrarte propaganda de estos desangelados servidores públicos que buscan promocionarse”… ojalá hubiera un botón de “omitir” debajo de sus fotografías.
Ahora ya no solo se limitan a publicitar sus perfiles con recursos públicos en la FENAPO, sino que las últimas semanas, la ciudadanía ha advertido que le Senadora, haciendo uso de todos los beneficios y dádivas que el gobierno puede pagar, se ha dedicado a promoverse en las colonias como una servidora pública que atiende y podría verse bien en una boleta… otra vez.
La respuesta es sí: es un acto anticipado de campaña, aunque el limitado marco normativo de nuestras instituciones lo niegue.
Sin embargo, la estrategia es más compleja que solo llamar al voto. En estos eventos, más allá de pedir el apoyo de la gente para la continuidad del proyecto verde, se ensucia la imagen de los de enfrente. Para la familia cuya campaña nunca terminó, la carrera por el 27’ ya comenzó y ninguna propuesta presidencial puede hacer que se desperdicie el dinero que ya se han gastado en tal empresa.
Lejos estamos de ese 1992 cuando el Primer Organismo Electoral Ciudadano en México nació como resultado de casi 40 años de lucha navista. Ahora, los potosinos del futuro, debemos vivir con la desgracia de que el nuevo movimiento político que moviliza gente y ocupa las calles, también lleva un apellido, pero es uno tan infame que se disfraza de partido y de gobierno.
Estos son los síntomas del neo-caudillismo potosino, síntomas que han herido profundamente nuestra democracia, pero no lo suficiente. Un día sus consecuencias nos alcanzarán y entonces quizá nos demos cuenta que, lo único maldito que hemos heredado, es una memoria demasiado corta y un descontento que ya no alcanza para exigir lo necesario.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
