Abelardo Medellín
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de San Luis Potosí nombró a un nuevo miembro numerario en noviembre de 2022 y lo mantuvo hasta diciembre pasado, pese a que un juzgado ordenó la suspensión de la convocatoria para dicho nombramiento, con lo que incurrió en desacato y provocó controversias legales entre miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Por esta razón y por el total de omisiones de los integrantes del CPC del SEA, se integrará un expediente por “el desacato, la usurpación de funciones, desacato de los integrantes del Comité de Selección y las omisiones del Secretario Técnico”, de acuerdo con el numerario Juan Ramón Infante Guerrero.
El 23 de septiembre de 2022, el Comité de Selección del SEA emitió y publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) la “Convocatoria a mujeres para cubrir las vacantes del Comité de Participación Ciudadana” a través de la cual se buscaba cubrir los espacios de un integrante numerario y tres supernumerarios, debido a las vacantes que quedaron tras las renuncias que el sistema registró en ese mismo mes.
Dentro del texto, se especificó que solo podían participar mujeres en la convocatoria:
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Juan Ramón Infante Guerrero comentó que desde que se emitió la convocatoria, el documento reflejaba estar mal elaborado y por ello advirtió a los integrantes del CPC del SEA que dicho proceso podría ser impugnado.
La primera y única inconformidad llegó el 28 de octubre de 2022, apenas tres días después de que se publicara la lista de aspirantes en el POE, cuando se admitió en un juzgado federal la demanda de amparo con número de expediente 1361/2022, mismo que luego decretó la suspensión provisional de la convocatoria, por lo que el proceso debió detenerse.
Pese a que se concedió la suspensión provisional, el SEA continuó con el proceso de selección descrito en la convocatoria, situación que derivó en un nombramiento que, de acuerdo con Ramón Infante Guerrero, asemejaba más a una “designación”.
Un nombramiento cantado e ilegal
Según Ramón Infante, el proceso de selección se asemejó más a una designación debido a que desde el proceso de inscripción solo hubo una postulante y esta fue María Patricia Torres Rivera.
Torres Rivera es doctora en administración por el sistema de Universidad Abierta y Maestra en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) además de que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores; se encuentra registrada como investigadora parte del cuerpo académico de la Coordinación Académica Región Altiplano (COARA) de la UASLP.
El nombre de Torres Rivera aparece como única postulante en todos los documentos del proceso de selección del SEA publicados en el POE. Desde el acuerdo de lista de aspirantes, publicado el 24 de octubre de 2022; el acta de entrevista a candidatos, del 27 de octubre, e incluso el Acta de deliberación, designación y toma de protesta del 4 de noviembre.
Además de ello, Infante Guerrero informó que el SEA evitó difundir adecuadamente la convocatoria, ya que ni siquiera la publicó en sus redes sociales. Esto se puede constatar si se revisa el perfil de Facebook del Sistema, en el cual (en el periodo que va del 23 de septiembre al 6 de octubre) solo se realizaron seis publicaciones y ninguna fue alusiva a la convocatoria para la nueva miembro.
Tal como señala el documento alusivo a la toma de protesta, Torres Rivera fue elegida como candidata única para ocupar el cargo numerario por un periodo de cinco años, en sustitución de Efraín Arriola Ortíz.
De acuerdo con Roberto Ortega Badillo, integrante de la Comisión Seleccionadora del CPC, la elección de Torres Rivera se dio “tras un proceso riguroso en que se revisó el perfil y se concluyó que reunía las características para formar parte del Comité de Participación Ciudadana (CPC)”.
La toma de protesta de Torres Rivera como integrante numerario se dio el 8 de noviembre de 2022, cuatro días después de que fue publicado su nombramiento en el POE, en una sesión ordinaria en la que se advirtió a los miembros del CPC del SEA del amparo contra el nombramiento.
El nombramiento ilegal
En el acta de la sesión ordinaria del 8 de noviembre del CPC del SEA en la que se presentó y tomó protesta a Patricia Torres Rivera, quedó constancia de cómo el miembro numerario Ramón Infante Guerrero pidió la palabra e informó del amparo que se había promovido contra la convocatoria publicada por el Comité de Selección:
“Únicamente que se hace del conocimiento del amparo, aquí está, del acta que presentó el Comité de Selección y yo no tengo ningún inconveniente de que la Doctora esté presente y que en todo el trayecto de la sesión, no estoy en contra, únicamente que quede enfatizado, por favor, señor Jerry, que presenté esto, porque hay un amparo aprobado en el juzgado Ocho federal, no tengo nada en contra de la Doctora, simplemente que debemos de ser, si somos un Comité Anticorrupción, debemos ser como tal y yo respeto cuando hablan y me gusta que me respeten cuando yo hablo, aquí lo pongo sobre la mesa y continuamos con la Sesión, únicamente que quede establecido en el Acta de Gabinete”.
Según Infante Guerrero, pese a que se informó al CPC de dicho amparo y luego se les explicó que mantener el nombramiento pondría en riesgo las decisiones tomadas por el Comité, estos decidieron mantener a la nueva integrante.
Sin embargo, a consideración de Infante Guerrero, el haber denunciado el nombramiento irregular sí tuvo repercusiones contra él, pues días después de la sesión ordinaria donde se presentó a Patricia Torres como nueva integrante, tanto ella, como Laura Moreno y Rita Zárate, integrantes numerarios, solicitaron una orden de restricción contra Ramón Infante, para prohibir que éste las moleste, hostigue, intimide o amenace.
Infante Guerrero afirmó que dicha orden de restricción fue fundada simplemente por el comentario que vertió en contra del nombramiento durante la sesión del 8 de noviembre.
Suspensión definitiva, desacato y tercera agraviada
El 5 de diciembre de 2022, un juzgado federal concedió la suspensión definitiva contra la convocatoria del SEA por lo que dicho proceso debía reponerse. El amparo fue publicado el 6 de diciembre, sin embargo, ese mismo día, el CPC del SEA sostuvo una reunión ordinaria a la que todavía asistió Torres Rivera y a la que no se convocó a Ramón Infante.
El mismo día en que se resolvió el amparo, Patricia Torres Rivera presentó oficio ante el juez Segundo de Distrito del Noveno Circuito, en el cual se declaró como tercero interesado y solicitó que se le entregara una copia del amparo para “no quedar en estado de indefensión”.
De acuerdo con lo que señala el documento que presentó Torres Rivera, ella reconoce haberse enterado de la suspensión de su nombramiento tanto por medios de comunicación como por el dicho del miembro numerario Juan Ramón Infante Guerrero, pero no explica por qué mantuvo su puesto.
Posteriormente, Torres Rivera no solo continuó como miembro del Sistema, sino que incluso, el 9 de diciembre de 2022 viajó a la Ciudad de México para asistir a la Asamblea General del Sistema Nacional Anticorrupción; en dicho viaje acompañó al secretario técnico del SEA, Jesús Rafael Rodríguez, y al fiscal especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, Felipe Aurelio Torres Zúñiga.
De dicho viaje hay como evidencia una fotografía que se encuentra publicada aún en la página de Facebook del SEA en la que aparecen Torres Rivera, Rafael Rodríguez y Torres Zúñiga:
