Por Victoriano Martínez
Tres personas muertas y otras seis remitidas a un hospital por lesiones graves es el resultado de un motín en el CEPRERESO de La Pila con un saldo adicional: una serie de dudas sobre lo que realmente pasa al interior del reclusorio producto de la escasa información que se da sobre los motivos que originaron el conflicto.
Entre los hechos violentos que comenzaron a las cinco de la mañana y la rueda de prensa cuando finalmente Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó oficialmente pasaron poco más de ocho horas, en las que circularon por redes sociales distintas versiones sobre los acontecimientos.
Un periodo quizá injustificado si se toma en cuenta que la Vocería de Seguridad del Estado informó oficialmente que el “altercado con fuerzas de seguridad (inició) alrededor de las 5 de la mañana, lo cual momentos después fue controlado por las autoridades”.
Ya entrada la mañana, fuentes de seguridad pública señalaban a los reporteros que indagaban sobre lo ocurrido que los trabajos para la estabilización de la situación seguían en proceso.
Un operativo de traslado de 51 reos programado en día de visita para los internos que incorporó el ingrediente adicional de la incertidumbre para los familiares que acudían a ver a sus presos y, ante la falta de información, optaron por realizar un bloqueo en la Carretera 57, frente al reclusorio.
Tras la rueda de prensa, más dudas. ¿Para cuántos de los 51 reos se contaba con la autorización de traslado aprobada por el Juez de Control o de Ejecución conforme al artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal? ¿Acaso para todos se aplicó alguna de las tres excepciones que permiten que sean trasladados por un acuerdo administrativo?
La Ley Nacional de Ejecución Penal contempla una Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario que tendría que haber emitido hace tiempo un protocolo para los traslados. Sin embargo, no fue posible localizarlo. Si no existe, podría ser una de las explicaciones por las que el operativo se salió de control.
Si el motín que calificaron como altercado se originó porque se trató de impedir que Pedro N., presunto líder que había intentado establecer cotos de poder al cobrar cuotas a personas de nuevo ingreso y así extorsionar a quienes llegaban, resulta obvio que en ese caso se aplicó una excepción que permite el traslado por acuerdo administrativo. ¿Y los otros 50?
Las excepciones para no requerir autorización del juez son, según el artículo 52 de la misma Ley, cuando se trata de casos de delincuencia organizada, casos en los que el reo trasladado corre peligro y “en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario”.
El caso de Pedro N. podría considerarse que ponía en riesgo la gobernabilidad del reclusorio de La Pila. Si no hubo autorización del juez para los otros traslados, ¿Se puede especular que los otros 50 eran cómplices de Pedro N. y constituían una amplia red de extorsión que ponía en riesgo la gobernabilidad del Penal?
Vacíos de información en torno al operativo que abren otra situación que podría representar simplemente que los riesgos del penal de La Pila se trasladan a los tres reclusorios que recibieron a los reos reubicados. González Castillo aseguró que el traslado fue exitoso. Si la distribución fue equitativa, a cada cárcel le llegaron 17 nuevos presos.
Si operaban como red de extorsión dentro del penal de La Pila, ¿qué les hace pensar que separados en tres grupos en cárceles más pequeñas no llegarán con todas las posibilidades de organizarse para replicar allá las operaciones que realizaban acá?
Si la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acreditara que hubo autorización del juez para esos 50 traslados, habría posibilidades de descartar que aquí operaban como delincuencia organizada y ponían en riesgo la gobernabilidad del reclusorio.
Si se hubiera seguido un protocolo específico y se informara con mayor claridad sobre los detalles, no sólo del “altercado” sino de las implicaciones en cuanto a seguridad y legalidad de los traslados, varios de los efectos negativos posteriores al motín de este jueves se habrían moderado.
Pero sobre el operativo no pueden dar cuenta de un protocolo preestablecido y exhibieron vacíos informativos que, de no tomarse las medidas correctivas, en cada próximo traslado se mantendrá latente un nuevo motín.
