El PAN interpone cuatro recursos por la destitución de diputado en el Congreso de SLP

Estela Ambriz Delgado

Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) informaron que han interpuesto cuatro recursos legales para salvaguardar los derechos político-electorales de Marcelino Rivera Hernández, asegurando que es falso que esté inhabilitado. Denunciaron que su destitución como diputado plurinominal afecta la cuota de representación indígena.

Durante una conferencia de prensa desde el Senado de la República, la legisladora y dirigente estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, acusó al Gobierno del Estado de utilizar instituciones públicas para intentar impedir que el diputado electo rinda protesta, a pesar de que el Tribunal Electoral ya había resuelto que no existía inhabilitación alguna en su contra.

En este sentido indicó que ya se han presentado cuatro recursos legales: un juicio para la protección de sus derechos político electorales; un incidente por el incumplimiento de una sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos impulsados por Rivera Hernández; así como un juicio electoral promovido ante la Sala Regional Monterrey por Acción Nacional, y un amparo en contra de actos indebidos por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y el Congreso del Estado.

Por su parte, el diputado local Rubén Guajardo Barrera aseguró que es mentira que Rivera Hernández esté inhabilitado, dado que el IFSE solicitó al Congreso del Estado que se llevara a cabo una inhabilitación para la que no están facultados, por lo que Marcelino Rivera aún cuenta con todos sus derechos político-electorales.

Además, el coordinador de la bancada blanquiazul subrayó la gravedad del caso, pues el afectado es parte de una cuota de representación indígena, lo que daña a este grupo vulnerable de la Huasteca Potosina, por lo que el PAN defenderá el espacio legalmente y con firmeza.

Finalmente, el senador Ricardo Anaya Cortés afirmó que este no es un caso aislado, sino parte de una estrategia sistemática del oficialismo que se ha observado en distintos estados.

“Al igual que en el Senado, donde usaron las fiscalías para construir una mayoría a la fuerza y aprobar la mal llamada reforma judicial, en San Luis Potosí quieren construir una mayoría manipulando el Congreso estatal”.

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