Angélica Campillo
De acuerdo con Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, es responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mesurar los alcances de la reforma a distintas leyes electorales que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como plan B.
Según lo referido por el delegado del INE, la iniciativa de AMLO es excesiva y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá hacer lo suyo, simplemente porque muchos de los contenidos de la reforma son una violación flagrante a disposiciones de la Constitución Federal que están plasmados en los artículos 41, que tiene que ver con el INE, y en el 116, que corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE’s).
A consideración de Aispuro Cárdenas, en este momento no parece prudente ni pertinente desaparecer a los OPLE’s, ya que son fundamentales para la operación clara e íntegra del sistema electoral mexicano.
“Confío en que el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en principio, y de los juzgados y tribunales federales habrán de calibrar adecuadamente los alcances que tendría una reforma de este tamaño, y apliquen las medidas para que la elección de 2024 sea operable y funcional”, sostuvo.
El delegado del INE apuntó que la reforma, como está planteada, pone en riesgo la organización de las elecciones, al menos de 2024, porque podría venir luego una revisión de estas reformas con la recomposición del Congreso de la Unión, sin embargo, también afecta el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana y quizá de los servidores públicos que integran actualmente el INE.
Aunado a ello, comentó que la parte de modificar la operación del programa de resultados electorales preliminares, que ha tenido éxito durante tres décadas, puede afectar seriamente la claridad de la información y del procesamiento de datos hacia la ciudadanía el día de la jornada electoral y después.
Asimismo, refirió que esta iniciativa pretende reducir en dos mil 200 el número de miembros del servicio profesional electoral, de un total de dos mil 571, lo que puede generar problemas de riesgo en la calidad de las elecciones.
“Es sumamente complejo desarrollar la organización de una elección en términos de integridad, a partir de estas definiciones que se pretenden concluir en el mes de febrero de 2023”, manifestó Aispuro Cárdenas.
Para finalizar, dijo que habrá que confiar en que la institucionalidad democrática opere adecuadamente y aplique los balances, y la sensatez que necesita esta “iniciativa del poder”, para modificar el esquema electoral en México.
