El premio será al silencio

Abelardo Medellín Pérez

Los grandes errores de las administraciones públicas, aquellos que toman años resarcir y cuyas consecuencias son más negativas, son esos que ocurren cuando una autoridad tiene mucho poder, buenas intenciones, pero poco tiempo para ejecutar una acción positiva.

Esta semana las y los diputados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, promovieron su iniciativa para modificar el decreto de creación que sustenta la realización del Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí.

Las propuestas de reforma al decreto contenidas en la iniciativa del grupo parlamentario que responde a las órdenes de palacio, son, por decirlo con amabilidad, ocurrencias carentes de justificación, faltas de una propuesta urgente y completamente inventadas al margen de la exigencia profesional que han expresado los periodistas.

Por un lado, los diputados proponen que, ante el vacío que dejó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) al retirarse del premio, la mejor decisión era devolverle el control del premio a entidades de gobierno.

Esto no solo resta la necesaria mediación ciudadana (desde la academia) que tenía el premio, sino que emprende una modificación regresiva a este certamen, que desde 2011 fue ciudadanizado para mejorar la imparcialidad que en él debe mediar.

Con la oportunidad reformar para la posteridad, los diputados proponen una regresión a 1980, donde la Dirección de Comunicación Social del Gobierno tenga la nariz metida en el jurado, el premio explote la capacidad organizativa de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (como ya se explota para otras ocurrencias como el Xantolo en tu Ciudad) y los jurados puedan ser manipulados por órdenes del ejecutivo.

Otra de las propuestas, fue incluir un grupo de nuevas categorías a premiar, entre ellas: Difusión de la Ciencia y Tecnología Potosina, Materia de Equidad de Género y Mérito al Profesionalismo Cotidiano.

Lo remarcable de esta propuesta, fue el descuido de aprovechar la reforma para oficializar las categorías ya existentes de Crónica Deportiva y Periodismo Regional, mismas que desde hace años se habían integrado al premio, aunque no aparecieran dentro del decreto. Al día de hoy, tanto los legisladores descuidados, como quienes les arman la plana (Secretaría General de Gobierno) han justificado el descuido afirmando que se contemplarán dichas categorías, aunque no vengan en el decreto, sin embargo, no deja de ser una omisión que, en la primera muestra de voluntad para modificar la presea positivamente, dejaran pasar la oficialización de estas categorías que han dado visibilidad a dos campos relevantes de la cobertura informativa.

Error sincero, quizá; pendiente por subsanar, obligatoriamente.

La tercera modificación relevante fue el aumento de los emolumentos entregados a los ganadores; si bien es cierto que las y lo diputados atendieron a la petición de los periodistas que solicitaron aumentar los premios en efectivo, esto no debería verse como una conquista.

No es una conquista, porque con mucha astucia y precisión, los legisladores añadieron en el segundo transitorio, que los emolumentos, tendrían, efectivamente, un aumento progresivo tal como describe la iniciativa de forma progresiva y “conforme a la disponibilidad presupuestaria”.

Esto significa que, si este año el gobierno se rasca los bolsillos y no encuentra dinero suficiente para cubrir dicho aumento, los emolumentos se mantendrán en las mismas condiciones que el año pasado.

Lo más lamentable de la situación provocada por esta iniciativa, pese a todo, no vino de las ocurrencias de los diputados, sino de la soberbia desmedida y perdona-vidas del gobierno del Estado.

Ante el primer conato de crítica que sufrió esta propuesta de reforma por parte de periodistas, el Poder Ejecutivo, a través de Guadalupe Torres Sánchez, emitió un comunicado en el cual ofreció una de las más lamentables y nefastas frases que el gobierno ha tenido la valentía de plasmar en un boletín:

“Finalmente, se aclara que hasta en tanto no sean las empresas de comunicación o las asociaciones de periodistas quienes aporten los recursos económicos y logísticos necesarios para este certamen –como sucede en otros estados del país- el Premio Estatal de Periodismo en San Luis Potosí es y seguirá siendo oficial, ya que los recursos erogados son públicos y administrados por el Estado”.

Lo que la secretaría General de gobierno intentó ocultar con demagogia fue la lógica perversa de decir:

 “¿quieren tener un premio que reconozca el profesionalismo periodístico?, pues yo lo que quiero es pervertir e invadir cada aspecto de la cosa pública en San Luis Potosí, por lo tanto, se les acabó su premio ciudadano y profesional, reciban el premio oficialista y a la sombra de la Gallardía. Y en la Gallardía: mientras sea mi dinero, será mi premio”.

Sin querer, Guadalupe Torres Sánchez confesó que el gobierno no puede quedarse al margen de una celebración que, confundidos, creen que están pagando con el dinero de sus bolsillos.

Alguien debería recordarle al Maestro, que el dinero del gobierno es de los potosinos, y si en asamblea legislativa quienes representan a los potosinos concedieron hace 40 años que debía existir un reconocimiento público a una profesión profundamente vinculada con lo público, como lo es el periodismo, entonces sus pretensiones artificiosas de contaminar esta presea solo desnudan sus intereses despóticos.

El erario no es el dinero que el gobernador y Torres Sánchez hacen creer (y se creen) que les pertenece. Los reconocimientos públicos no necesitan de la mano negra de un gobierno que con dificultad distingue entre una nota periodística y una columna de opinión. Las presuntas buenas intenciones de su reforma mandada a hacer con los diputados suplentes, no abonan en nada a una presea que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de los profesionales que todos los días trabajan con una noble convicción: informar.

Los periodistas, van a los mismos eventos que el gobernador, a los mismos eventos que el secretario, a los mismos eventos que diputados y alcaldes; pero a diferencia de todos ellos, los periodistas no tienen lugar de honor, no tienen asistentes a sus órdenes, no llegan en camionetas del año, no son recibidos por el aplauso de la gente. La y el periodista se sientan en la banqueta, sufren los empujones de guaruras abusivos, padecen el genio del político en turno, persiguen a quienes están verdaderamente obligados a informar de su trabajo, sufren represalias por hacer su labor, cobran una fracción de lo que gana el servidor público promedio y con todo eso… el periodista asume la responsabilidad de comunicar a sus audiencias lo que ocurre en su contexto, para que los ciudadanos tengan más y mejores herramientas para interpretar el mundo en que viven y, en consecuencia, saber enfrentarlo.

Las autoridades secuestraron el carácter ciudadano del premio, no hay otra forma de verlo: será ciudadano cuando pagues. Eso es el secuestro sistemático de los principios de la presea. No solo es lamentable, sino también preocupante.

¿Cuántos más secuestros funcionales de celebraciones públicas estarán dispuestos a perpetrar, con tal de que el centro de atención en todos ellos sea siempre el gobernador y sequito Verde?

Hoy somos nosotros, la prensa. Mañana serán las escuelas, serán las barras de abogados, serán los sindicatos, serán las uniones campesinas, serán las agrupaciones estudiantiles, serán todos los partidos, serán las empresas privadas, serán las organizaciones empresariales, serán municipios completos, serán las conciencias. Quizá también ya fueron intervenidas todas ellas. ¿Cómo saberlo? Puede que nunca los sepamos, porque en un San Luis Potosí donde el Premio Estatal de Periodismo es propiedad de la Gallardía, todo pinta a que no se premiara y reconocerá el periodismo, sino el silencio.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.