Abelardo Medellín
“El cambio nos llena de esperanzas”, fue una de las frases accesorias que dijo Ricardo Gallardo Cardona durante su discurso en el evento de toma de protesta como gobernador de San Luis Potosí hace exactamente un año.
No se equivocaba, con 458 mil 156 votos a su favor, el entonces candidato electo se adjudicó el 37.70 por ciento de la votación, apenas 4.76 por ciento arriba del segundo lugar, pero suficiente para convertirse en gobernador del Estado.
Tras haber tomado protesta en un evento masivo que recibió artistas y políticos, el gobernador tenía la encomienda de responder por aquellos compromisos de campaña (y aquellos por sumarse) que se convertirían en su plataforma de Gobierno.
Luego de un año, las grandes promesas (Feria gratis, apoyos sociales, despensas, licencias y placas gratuitas, subsidios, nuevos cuerpos de seguridad y algunas obras de rehabilitación) ya se pusieron en marcha; sin embargo, algunas propuestas no se han logrado ni iniciado y otras simplemente quizá nunca se concreten.
La galería de lo incumplido
Horas antes de que Gallardo Cardona asumiera funciones, se revelaron los nombres de quienes formarían parte del gabinete estatal y la lista, aún sin haber iniciado formalmente el sexenio, ya revelaba el incumplimiento de la promesa de tener un equipo conformado por el 70 por ciento de mujeres.
En marzo de 2021, el entonces candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dijo en un evento exclusivo para mujeres potosinas: “Conformaré mi gabinete con 70 por ciento de mujeres”.
Al final, de 43 espacios en el gabinete, solo 13 fueron ocupados por mujeres.
En materia de seguridad, un día después de su toma de protesta, el gobernador compartió en su página de Facebook (que se convertiría en su principal medio de comunicación con la ciudadanía) la noticia de que los “Policías que fungían como escoltas volverán a las calles”.
La propuesta de regresar a los escoltas a la calle no duró mucho porque para el 15 de octubre de 2021 su Gobierno modificó la estructura normativa de la Secretaría Particular para crear una “Dirección General de Ayudantía y Protocolo del Ciudadano Gobernador”, que se dedicaría a cuidarlos a él, a su familia y a invitados especiales, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Otra de las promesas con las que afirmó que lograría conseguir los recursos suficientes para ayudar a la población, fue la de reducirse su salario al 50 por ciento, compromiso que el hoy gobernador adquirió desde que estaba en campaña y que promovió a través de sus redes sociales.
Sin embargo, en diciembre de 2021, cuando el Congreso del Estado comenzó a discutir el Presupuesto de Egresos 2022, se reveló que el gobernador recibiría un salario de 105 mil 154.24 pesos mensuales, con lo que incumplió su promesa de campaña de disminuir su sueldo a la mitad.
Hasta el momento, el gobernador no ha vuelto a posicionarse en ningún sentido respecto a la reducción de su salario.
En lo estrictamente referente a sus compromisos sociales como los apoyos que prometió para madres solteras, adultos mayores, jefas de familia y personas con discapacidad, resalta el hecho de cómo decidió convertir su promesa de becas alimentarias, en un programa de entrega de despensas.
Desde la campaña, el gobernador afirmó que su administración buscaría entregar becas alimentarias a un millón de beneficiarios; aunque, en realidad, desde noviembre de 2021, la estrategia de beca alimentaria se basa en entregar despensas a las familias que las juntas de mejoras llevan a los eventos que organiza el Gobierno.
Una más de las promesas incumplidas que el Gobierno actual ha arrastrado desde la campaña es la de arrancar la construcción de cinco hospitales de especialidad en los primeros 100 días de gestión; según lo prometido por el gobernador, uno de estos centros de especialidad se ubicaría en San Martín Chalchicuautla. Pese al compromiso adquirido ni en los primeros 100 días ni hasta ahora se ha terminado o iniciado alguno de estos hospitales de especialidad.
La colección de los retrasos
Haber comprometido a la administración para que entregara obras, programas y compromisos en los primeros 100 días de Gobierno, sometió al Ejecutivo a un plazo que, en la mayoría de los casos, no pudo cumplir.
El 27 de septiembre de 2021, un día después de haber asumido funciones, el gobernador arrancó las obras de remodelación del Parque Tangamanga I en un evento en el que prometió que dichas obras concluirían durante los primeros 100 días de gestión.
Al final, la obra se entregó hasta el 9 de marzo de 2022, 162 días después de lo prometido y cargando tras de sí una inversión desconocida que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) no ha podido transparentar adecuadamente hasta el día de hoy.
En julio de 2021, en cadena nacional, Gallardo Cardona anunció que durante los primeros 100 días de Gobierno se haría una reingeniería de los cuerpos de seguridad y se crearía la nueva Guardia Civil Estatal. Al final, el Ejecutivo ni siquiera pudo presentar la iniciativa para reformar el sistema de Seguridad Pública en esos primeros 100 días, y la Guardia Civil inició actividades hasta el 16 de mayo de 2022.
Dentro del mismo rubro de seguridad resaltó la forma en la que el 25 de octubre de 2021, Gallardo Cardona ofició el banderazo de salida del Grupo Táctico de Fuerzas Especiales; en este arranque se anunció que el nuevo equipo solo contaba con 43 elementos, lo cual es 78 por ciento menor a los 200 elementos que el gobernador había prometido.
Para noviembre de ese año, el titular de la hoy Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Gúzmar Ángel González Castillo, afirmó que este grupo de fuerzas especiales ya contaba con 132 elementos, sin embargo, sería hasta este 2022 cuando el grupo lograra tener su presupuesto propio para fortalecer sus filas.
A pesar de los diversos ejemplos aquí vertidos, una de las obras que mayor retraso presenta en la actual administración es la del Parque Tangamanga II.
Este parque, inició las obras de remodelación el 22 de marzo de este año, en un evento en el que el propio gobernador afirmó que los espacios remodelados se entregarían en 90 días.
Para el 4 de agosto de 2022, la titular de la Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, reconoció que el parque tenía un retraso en sus obras (que para entonces ya acumulaban 45 días de retraso), pero no pudo explicar a qué se debía esta dilatación en la entrega y se limitó a decir que se entregarían en agosto pasado.
Cuando el parque ya acumulaba 73 días de retraso, el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que las obras aún inconclusas del Tangamanga II se entregarían a finales de septiembre.
Hoy lunes 26 de septiembre, las obras del Tangamanga II ya acumulan 188 días desde que iniciaron, lo cual es más del doble del plazo prometido para una obra que, hasta ahora, no tiene una fecha certera de inauguración.
El repertorio de pendientes
Entre obras rezagadas, propuestas sin ejecutar y compromisos nuevos que terminan por ser olvidados, también resaltan como pendientes del Gobierno los múltiples casos de opacidad.
Entre algunos de estos casos se puede encontrar la condición que guardan los contratos, asignaciones, facturas y costos relacionados con la obra emblema del primer año de Ricardo Gallardo Cardona: la remodelación del Parque Tangamanga I.
En noviembre de 2021, a poco más de un mes de haber iniciado las obras del Tangamanga I, la Seduvop evitó entregar la información solicitada vía transparencia.
Durante los meses posteriores se intentaron conseguir vía transparencia y directamente con los titulares de las áreas los contratos, facturas, lista de proveedores y asignaciones vinculadas con esta obra; pese a ello, no solo la Seduvop negó la información solicitada, sino que llegó a entregar información que revelaba la forma en que las asignaciones celebradas podrían ser ilegales, situación que plantea más dudas que respuestas relacionadas con esta obra.
Para junio de 2022, la resistencia a transparentar la información relacionada con la obra llegó al punto de que la propia titular de la Seduvop aceptó que su dependencia buscaba proteger los contratos de las empresas relacionadas con esta obra pública.
“Los datos como empresa sí son públicos, lo que luego nos piden que facturas y todo eso, son datos que ya se reservan un poco”, dijo entonces Vargas Tinajero.
Otra de las acciones gubernamentales que han dejado un gran pendiente en materia de transparencia, han sido las adquisiciones relacionadas con el equipamiento que recibió la nueva Guardia Civil Estatal (GCE).
En abril de 2022, Astrolabio Diario Digital documentó la manera en la que el Gobierno estatal fue omiso en publicar el contrato de adquisición de patrullas, además, se negó a otorgarlo a través de solicitudes de información bajo el argumento de que no había registros.
En este caso, tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Oficialía Mayor, afirmaban no tener la información solicitada o se declaraban incompetentes para entregarla; al mismo tiempo, cada una afirmó que la otra era la responsable de entregar lo solicitado, por lo que al final ninguna transparentó la información.
Para el 16 de mayo de este año, el Gobierno estatal arrancó en un magno evento las operaciones de la GCE sin que se hubiera transparentado la información relacionada con la adquisición de los más de 120 vehículos entregados a la corporación.
Al finalizar el evento, el gobernador afirmó que la Oficialía Mayor sería la autoridad responsable de transparentar los contratos de los vehículos.
El oficial mayor, Noé Lara Enríquez, aseguró el pasado 11 de julio que los contratos y facturas serían transparentados a finales de ese mismo mes; no obstante, al día de hoy, tres meses después de ese compromiso, el Gobierno estatal no ha otorgado la información solicitada respecto a estos vehículos que, según lo dicho por el gobernador en el evento de arranque, fueron comprados a mitad de precio.
A estos pendientes en transparencia podemos sumar los escándalos políticos en los que se ha visto involucrado el Gobierno y de los cuales hasta ahora no ha habido mayores explicaciones.
Como ejemplos están: la forma en la que la administración de Gallardo Cardona contrató a 16 personas vinculadas con Héctor Serrano Cortés, su asesor político; el nombramiento de Vania Moreno Solano al frente de la Universidad Tecnológica Metropolitana; los 21 millones 486 mil 823 pesos en contratos que el Gobierno entregó a una empresa vinculada con la familia del gobernador y a su actual titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho.
Y hay más: la Unidad Rosa de Salud de Matehuala ubicada una propiedad del diputado federal por el PVEM, Alejandro Segovia Hernández; la obra en la avenida Fray Diego de la Magdalena, adjudicada por un costo menor al anunciado, y la modificación que el actual Gobierno realizó para que la estructura de entrega de apoyos sociales del DIF estatal y de la Sedesore, empatara con los distritos electorales.
Respecto a lo electoral, han sido múltiples los incidentes en los que el gobernador también ha sido señalado por violar la normativa; como ejemplos están la forma en la que grupos auto identificados como gallardistas acarrearon votantes durante la jornada de Revocación de Mandato; las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): una en la que sentenció que el Gobierno de San Luis Potosí hizo uso indebido de recursos públicos para la promoción de la Revocación, y otra en la que determinó que Gallardo Cardona y otros 17 gobernadores violaron la veda electoral.
