María Ruiz
“Servir y proteger” es una de las frases con las que el alcalde Enrique Galindo Ceballos comenzó hace un año su campaña en la capital como un estandarte de su muy propagandística encomienda por el fortalecimiento de la seguridad en San Luis Potosí, pero que también es un recordatorio, para muchos, de su nebulosa historia como jefe de la Policía Federal.
Fue con una amplia ventaja que Galindo Ceballos, candidato de la coalición Sí por San Luis, resultó electo como presidente municipal con un total de 143 mil 630 votos, contra 110 mil 870 de su más cercano competidor.
De este modo, días después llegó su toma de protesta, donde pareció dejar atrás aquella imagen del alcalde-policía que merecía San Luis Potosí, para pedirle al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que no lo dejara solo. Un pronunciamiento que ha definido el servilismo del gobierno de Galindo Ceballos.
Es así que dio inicio a una serie de promesas a cumplir durante su gestión, como el fortalecimiento de la economía, mejores servicios y movilidad, y entre la más destacada de ellas, una “ciudad segura”.
Este 28 de septiembre de 2022, Enrique Galindo Ceballos rendirá su primer informe de Gobierno, a tres días de cumplir su primer año como alcalde de la capital potosina.
¿La Capital del Sí?
Devolver la tranquilidad a las calles de la capital fue una de las primeras encomiendas de su plan de Gobierno, para atender –según lo referido por el edil en mayo del año pasado durante campaña– a profundidad el problema de la inseguridad.
Fue entonces que optó por renovar, equipar y capacitar a la Dirección General Seguridad Pública Municipal, la cual meses después convirtió en la actual Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de reestructurar la seguridad de San Luis Potosí.
Más de 203 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de 97 patrullas que conforman su más criticado slogan: “PoliSÍa”, el cual fue definido por el alcalde como una “filosofía” al rotular el parque vehicular de seguridad con esta palabra.
Luego de esta polémica que originó críticas por supuestamente faltarle el respeto a la insignia policial, Galindo Ceballos comenzó un trabajo al que definió como “un nuevo modelo de Seguridad Pública”.
Un reforzamiento de seguridad que más allá de ser una estrategia, develó muchas inconsistencias.
Los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública constatan los altos números que refleja la Incidencia Delictiva municipal.
La ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación del fuero común a nivel municipal revelaron que, desde su inicio de gestión hasta los primeros días de septiembre de este año, se contabilizaron un poco más de 23 mil 500 casos de comisiones de delito, divididos en 31 tipos de delitos, con más de 90 modalidades.
De todos ellos, el robo en cualquiera de sus modalidades y la violencia familiar fueron los que más casos registraron, siendo el de tortura, trata de personas y aborto los de menor incidencia.
El agua, eternamente fuente de conflicto
Brindar servicios básicos de calidad fue parte fundamental de las promesas de campaña de Enrique Galindo Ceballos, pero en cuanto comenzó su gestión, los problemas de desabasto de agua se hicieron aún más presentes, lo que prolongó para más de 200 mil usuarios del Interapas la llegada de este servicio a sus hogares.
Se han registrado al menos dos fallas al mes, en las que 32 colonias de la zona metropolitana se han visto afectadas por la carencia del servicio.
Todo ello originado por las constantes fracturas del acueducto de El Realito, el cual funciona a través de la impulsión de agua y una planta potabilizadora del Interapas, para conducirlo hasta la capital potosina.
El edil, a un mes de haber sido electo, anunció la inversión de 2 millones de pesos de manera inicial para que el Interapas pudiera distribuir el vital líquido.
Para el mes de diciembre, anunció que accedería a 80 millones de pesos, provenientes de un programa federal, con el que el Interapas evaluaría la posibilidad de solicitar un préstamo, lo que potenciaría al organismo con recursos financieros por más de 160 millones de pesos con los que se iniciarían obras de infraestructura hidráulica.
Inversión que solo contempló 100 kilómetros de red de agua y 50 de red de drenaje, así como la adquisición de equipo y la instalación de medidores en las casas, que es lo que respalda el programa “Cuenta nueva y borrón”.
Sin embargo, los problemas de abasto de agua persisten y la nulidad del funcionamiento de El Realito perjudica a los usuarios, convirtiéndose en un conflicto sin pronta solución, que resultó en diversas manifestaciones, denuncias y hasta la retención de operadores piperos pertenecientes al Interapas.
Como una forma de subsanar el problema, el Gobierno Municipal llevó a cabo una licitación para que una empresa abasteciera de agua a las colonias afectadas con la habilitación de entre 40 y 60 pipas, con un plan de manejo de suministro que no consiste en la renta de pipas, sino en el pago por cantidad de litros entregada.
Sin resultados y con el continuo desabasto originado por el acueducto, Galindo Ceballos señaló a la empresa encargada del funcionamiento de El Realito, Aqualia, por la cantidad de fallas al convertirse en una “situación insostenible”.
A la par, el titular del Interapas, Enrique Torres López, aseguró que la implementación de abasto a través de pipas no serían la solución, pues lo consideraba solo un paliativo para enfrentar el problema.
Conflicto que hasta el día de hoy no ha sido solucionado por el Gobierno Municipal y que, por el contrario, el dilema de escasez ha causado morosidad y ha evidenciado la falta de un funcionamiento idóneo por parte del Interapas para resolver el abastecimiento de agua en la zona metropolitana.
Un problema que Torres López consideró en junio de este año, tras comparecer ante la Comisión del Agua del Congreso del Estado, como una desavenencia, ya que el Interapas no podía resolver con la empresa concesionaria de El Realito las fallas sobre el abasto de agua, que ocasiona una crisis que por lo menos dura cinco días para las colonias afectadas y que se repite hasta el día de hoy.
Disparidad de intereses
A la llegada de Galindo Ceballos para presidir la actual administración municipal, se aseguró de dejar clara su insistencia ante las supuestas irregularidades cometidas por el exedil Xavier Nava Palacios, por lo que presentó una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos durante el pasado trienio municipal.
De estos conflictos, el que abrió una puerta hacia la duda respecto al verdadero interés que tiene el alcalde de tratar de subsanar los presuntos errores cometidos en la administración pasada, se encuentra el caso de los ejidatarios de Rancho Viejo – La Libertad, quienes denunciaron la presunta invasión de sus tierras con la construcción de un puente en el bulevar Antonio Rocha Cordero.
Este hecho derivó en el juicio político contra Nava Palacios, que resultó en su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 18 años.
Recientemente, Enrique Galindo firmó un contrato de promesa de compra venta con los ejidatarios, en el que se comprometió a pagarles 12 millones de pesos por el terreno, a pesar de que no existe orden judicial para hacerlo. La erogación del recurso fue aprobada por el Cabildo y ya se realizó un primer pago de 4 millones de pesos, por un inmueble que ya es del dominio público.
El 18 de agosto del presente año, el Registro Agrario Nacional emitió un oficio con el que se acredita que el puente construido sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero no invade las tierras del ejido Rancho Viejo – La Libertad, por lo que este pago a los ejidatarios no se esclarece por completo, ya que la construcción no se encuentra ubicada dentro de los tres polígonos que corresponden a las tierras ejidales.
En este sentido, nace la interrogante sobre si el pago a los ejidatarios es una reparación de daño por una violación directa a los derechos humanos, como ha argumentado el alcalde, o si es un ajuste de cuentas con Nava Palacios, que deja a la deriva a la ciudadanía.
