Por Victoriano Martínez
Se juegan “intereses de todos: personales, familiares, políticos; el interés debería de ser la legalidad”, fue el señalamiento de la diputada Beatriz Benavente González al abandonar la sesión de las comisiones de Gobernación y Justicia en la que se analizaron nueve solicitudes de juicio político.
No descubrió nada nuevo. Es el sello que le han dado a la administración pública quienes han medrado con cargos públicos en las últimas décadas, con un amplio tejido de complicidades perfeccionado a tal grado que, por más evidentes que resulten sus actos delictivos, prevalece la consigna del tapaos los unos a los otros.
De vez en cuando hay que jalar alguna cuerda y aparentar que se actuará en contra de alguien, como en los tres juicios declarados procedentes para que los discuta el pleno del Congreso del Estado, pero no es más que un acto de simulación para que quien parece desalinearse de la red no ponga en riesgo la consigna.
A la larga, esos mismos actos, con algún toque justiciero pero que al final no tienen mayor consecuencia, resultan útiles para aparentar ante la población en general que se emprenden acciones que los legitiman.
Así, hasta legítimo resulta que entre los cuatro juicios declarados improcedentes, se libre del juicio de los legisladores… a un legislador. El diputado Jesús Emmanuel Ramos Hernández, ex tesorero municipal, ya la libró ante sus compañeros diputados.
Poco tendrá que preocuparse por las seis denuncias penales ante las fiscalías General de la República y General del Estado en las que, en tres se le señala responsabilidad con otros exfuncionarios por 217 millones 963 mil 818.76 pesos, en tanto que en las otras tres se le acusa como único responsable del desvío de 280 millones 642 mil 764.10 pesos.
Tener un compañero así, o encubrir a un compañero así, queda en la red de complicidades que da señales de que si ya funcionó aquí, ¿por qué no habría de funcionar en las fiscalías?
Sobre todo cuando mañana la Fiscalía estatal cumplirá dos años de simular la integración de una carpeta de investigación en contra del ex acalde y ex jefe de Ramos Hernández, Ricardo Gallardo Juárez, quien fue denunciado por 443 ciudadanos por enriquecimiento ilícito y a quien, por cada día que pasa, el gobernador Juan Manuel Carreras López le ratifica un certificado de impunidad.
Lo que señala la diputada Benavente Rodríguez que ocurrió en la sesión de ayer no es más que la confirmación de que la red de complicidades, el encubrimiento de la corrupción y el reinado de la impunidad prevalecen con sus mejores oportunidades.
Con casos como las denuncias en contra de Gallardo Juárez, la ecuación corrupta, denuncias contra ex alcaldes de distintos municipios del estado y de ex diputados locales, así como la obstrucción para que no funcione el Sistema Estatal Anticorrupción, el gobernador Carreras López ha dado muestras de que su principal objetivo es hacer prevalecer la impunidad.
Lo ocurrido en la sesión de las comisiones de Gobernación y Justicia confirma el liderazgo de Carreras López a favor de la impunidad. El pasado 12 de febrero, Carreras López se definió en una reunión con empresarios: “Mi chamba es ser gobernador, pero también ser el principal optimista, el primer optimista del estado”, les dijo.
Si como gobernador ha dejado claro que trabaja para impedir el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción y para que prevalezca la impunidad, ni duda cabe que tiene motivos para autoproclamarse con una amplia sonrisa como el primer optimista del Estado.
