Abelardo Medellín
El pasado domingo 16 de julio, María Antonieta Vargas Guerrero, maestra de inglés, fue velada frente al Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, en reclamo por haber sido despedida de su puesto, lo cual, según el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), le imposibilitó acceder a un seguro médico para tratar su enfermedad.
La protesta de los agremiados en contra del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona resonó en la Plaza de Armas y continuó haciendo eco en redes sociales.
Un día después, el gobernador lanzó otra polémica declaración para defender a su Gobierno de los señalamientos: “No, es una mentira, no trabajaba para el Estado, no tenía ningún cargo laboral de ningún tipo, yo no sé de dónde saca eso la señora (Francisca Reséndiz Lara, secretaria general del SITTGE), así son”.
Y en parte, es verdad… María Antonieta no figuraba como trabajadora de ninguna dependencia del Estado, sin embargo, sí recibió durante años un sueldo entregado por el gobierno estatal que era pagado con recursos federales. Ella, como miles de maestras y maestros en México, vivió las dificultades de enseñar en el Programa Nacional de Inglés (Proni), un esquema que le abre las puertas a la subcontratación y –bajo reglas poco claras– busca eliminarle la responsabilidad a las administraciones estatales de otorgar prestaciones de ley a sus profesores.
Este programa federal nació en 2009 durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y tuvo como metas: homologar los Programas Estatales de Inglés (PEI), que eran diferentes todos entre sí, e impulsar el dominio del inglés como lengua extranjera, cuya enseñanza es obligatoria, al menos en nivel secundaria, desde 1993.
El Proni, al que pertenecía María Antonieta, se encuentra vigente en San Luis Potosí, ya que desde el 6 de enero, Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), envió una carta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que expresa que la entidad potosina tiene “interés y compromiso de participar en la gestión y ejecución” del Proni para este 2023.
El 15 de febrero el Gobierno del Estado suscribió con la SEP el convenio para la operación del Programa Nacional de Inglés, en el cual acuerdan seguir las reglas de operación previamente establecidas por la federación.
El convenio establece que la SEP aportará recursos económicos al Gobierno del Estado para la operación del Proni (11 millones 905 mil 712.13 pesos para 2023), por lo que cubrir el costo de profesores, así como personal directivo y administrativo queda a cargo de la administración estatal.
En la décimo segunda cláusula de este convenio, alusiva a la relación laboral, se específica que “LAS PARTES, asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas para la realización de las actividades materia de este convenio y del PROGRAMA”.
Es decir, que la administración estatal acepta asumir la responsabilidad de quienes trabajan dentro del Proni.
Sin embargo, a la vez, las reglas de operación del Proni establecen la figura de Servicios de Asesores Externos Especializados, lo cual permite a los gobiernos estatales subcontratar a los maestros y maestras de inglés, y deslindarse de sus obligaciones patronales con los trabajadores.
En 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que regula el outsourcing en México o subcontratación, la cual estableció que los patrones deben reconocer como trabajadores propios a todos aquellos empleados de otras compañías que realizan las actividades principales en sus empresas. Por lo que, la subcontratación para la operación del Proni debió haberse eliminado desde entonces.
En San Luis Potosí la subcontratación de profesores para el Proni se volvió más evidente durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López. Desde 2017, las maestras y maestros adscritos a este programa protestaron en contra de la SEGE por la falta de pago; la dependencia se deslindó al justificar que los trabajadores no tenían relación laboral con la administración estatal, sino que era personal de la empresa Imesad, S.A., con la que “se celebró un contrato de prestación de servicios educativos, así como de asesoría, capacitación y formación de personal especializado”.
De esta forma, Sandra Rojas Ramírez, entonces directora de Administración de la SEGE de la administración de Carreras, deslindó al Gobierno de cualquier responsabilidad patronal, al igual que lo hizo Ricardo Gallardo Cardona, seis años después, bajo la justificación de que “no trabajaba para el Estado”.
El Imesad al que hizo referencia la exdirectora de la SEGE, tiene su dirección en la calle Metales #306 del Fraccionamiento Morales, de acuerdo con la página universidades.org.mx.
En esta dirección también aparece registrada la razón social Universidad de la Coruña S.C., con la cual la administración de Ricardo Gallardo ha celebrado diversos contratos, el más ostentoso fue por 640 mil pesos firmado en 2022, de acuerdo con la orden de compra número 22-925, del procedimiento de adjudicación directa DGA-CAASPE-AD-00060-22.
El documento señala que el origen de los recursos es federal y la descripción señala la “contratación del servicio para la certificación nacional e internacional en el dominio del idioma inglés que considere las 4 habilidades lingüísticas” y la “contratación del servicio para la certificación nacional y/o internacional en la metodología para la enseñanza del inglés”.
Aunque ni el contrato ni los anexos de la orden de compra se hicieron públicos, en la Plataforma Estatal de Transparencia sí se establece que la adquisición de servicios se realizó como parte del Programa Nacional de Inglés.
De acuerdo con la tabla de distribución del convenio Proni, el gobierno de Ricardo Gallardo debió recibir en abril de este año 7 millones 143 mil 427.28 pesos para la operación del programa y la segunda ministración será enviada en julio por un monto de 4 millones 762 mil 284.85 pesos.
En este ventajoso esquema para los gobiernos se encontraba laborando María Antonieta Vargas Guerrero, quien falleció por no contar con un seguro médico que le permitiera atender su enfermedad. La facilidad con la que la administración estatal se deslindó de ella fue propiciada desde las reglas de operación del Programa Nacional de Inglés, que del mismo modo afectan a decenas de maestras y maestros en San Luis Potosí y en México.
