Por Victoriano Martínez
La autoridad municipal no ha informado si el Ejido Rancho Nuevo-La Libertad ya cambió el uso parcelario del terreno donde se encuentra el puente sobre bulevar Antonio Rocha Cordero, de Río Españita a Avenida Industrias, ya lo asignaron a ejidatarios, con dominio pleno, lo reportaron al Registro Agrario Nacional (RAN) y se concretó su venta al Ayuntamiento de la capital.
Todo un proceso que debió arrancar el pasado 22 de septiembre, cuando el Ayuntamiento emitió el cheque 71520 de Banorte a favor de Juana Cerda Morales, por cuatro millones de pesos, con e concepto “pago parcial como garantía de cumplimiento de promesa de adquisición de terreno ubicado en el Ejido “Rancho Viejo” (La Libertad) de San Luis Potosí, acorde con el con”…
El concepto publicado en la relación de cheques del Ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia aparece incompleto, aunque resulta obvio que lo que quedó mutilado se refiere al contrato de promesa de compra-venta relacionado con los terrenos del puente.
Un contrato que fijó como fecha límite para que se concretara la compra-venta el 31 de diciembre y sobre el que, de acuerdo con una búsqueda en los 10 mil 866 pagos que reporta el Ayuntamiento en la Plataforma Estatal de Transparencia, sólo se realizó el primero.
El segundo pago, por dos millones de pesos, tendría que haberse dado en el momento en que el Ejido hubiera realizado la asamblea para cambiar el uso de suelo de las parcelas y obtuviera el registro del acta de esa sesión en el Registro Agrario Nacional (RAN).
El tercer pago, por dos millones de pesos, se tendría que haber dado una vez que el Ejido realizara la asamblea en la que dotara de dominio pleno sobre el terreno a los ejidatarios que realizarían la venta a favor del Ayuntamiento y también estuviera registrada en el RAN.
El cuarto y último pago, por cuatro millones de pesos, se habría dado en el momento en que, agotados los dos trámites anteriores, se diera la firma del contrato definitiva de compra-venta, a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
Ninguno de esos tres pagos se dio, a menos que los hayan ocultado y omitido en el reporte de transparencia. Tampoco se informó de la concreción del contrato definitivo para la compra-venta. Es decir, ya no se pudieron realizar más pagos a los ejidatarios porque incumplieron las condicionantes convenidas para su realización.
Y es que la realización de los trámites involucrados en esas tres condicionantes quedó sujeta a la determinación del Juzgado Octavo de Distrito en el litigio que tendrá que determinar si el terreno es efectivamente propiedad del Ejido o no. Aún no se conoce la resolución del Juzgado.
Los tres pagos no realizados son indicador de que el Ejido incumplió esas condicionantes y, en consecuencia, se le tendría que aplicar la sanción prevista en la cláusula cuarta del contrato:
“El Ejido acepta que en caso de no cumplir con sus obligaciones aquí establecidas dentro de los plazos señalados para ello, pagará una pena convencional de $50,000.00 (…) por cada día de retraso a El Ayuntamiento, contados a partir de las fechas límites para el cumplimiento de sus obligaciones y hasta que las cumpla en su totalidad, por lo que, El Ejido autoriza expresamente a El Ayuntamiento que descuente y compense dichas cantidades de cualquier cantidad que El Ayuntamiento le adeude por el precio de El Terreno”.
Si sólo se realizó el primer pago por cuatro millones de pesos, de los ocho millones de pesos pendientes, a 42 días de que venció el último plazo, los ejidatarios ya habrán perdido dos millones 100 mil pesos… y si no ocurre un milagro para que puedan completar los trámites a que se obligaron, en 118 días ya no tendrán pagos pendientes de los que les puedan descontar.
Los ejidatarios de Rancho Nuevo-La Libertad tienen los días en su contra y a partir del próximo 10 de junio ya no tendrían nada por cobrarle al Ayuntamiento y, como el contrato habla de “pena convencional de $50,000.00 (…) por cada día de retraso”, esa cantidad se tendría que ir sumando por día como adeudo al municipio.
Una circunstancia que bien pudo haber sido neutralizada a favor del Ejido con un nuevo adendum al contrato como el que aplazó la aprobación del Cabildo en su momento. En tal caso debió pasar por el cuerpo edilicio y tal circunstancia no se ha reportado.
Si se firmó un adeudum sin tomar en cuenta a los regidores como ocurrió con el contrato que primero se firmó y luego se pidió la autorización del Cabildo, no sería ninguna novedad sino simplemente la confirmación de una administración municipal que no respeta las formalidades y, sobre todo, que actúa en la opacidad… hasta que se ve obligada a dar explicaciones.
