Por Victoriano Martínez
Para el 31 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento de San Luis Potosí debió terminar de pagar la indemnización al Ejido Rancho Viejo-La Libertad por la construcción del puente sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, de Río Españita a la Carretera 57, por presuntamente haber invadido territorio ejidal.
A cambio, para esa misma fecha, los ejidatarios ya tendrían que haber concluido los trámites para desincorporar el territorio presuntamente invadido y concretar la compraventa definitiva a favor del ayuntamiento, so pena de ser penalizados conforme al contrato de promesa de compraventa.
A 603 días del vencimiento de aquel plazo, el alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que sólo se realizó el primer pago por 4 millones de pesos y afirmó que el asunto sigue en proceso, sin precisar lo que eso significa.
“La verdad es que el asunto está en proceso, pero no ha habido mucho interés por parte de las partes en moverlo. Tenemos una buena comunicación con ellos, pero no ha habido mayor presión”, dijo, como si él no encabezara a una de las partes en el contrato firmado el 18 de agosto de 2022.
Si el Ayuntamiento no realizó el segundo pago, por dos millones de pesos, fue porque seguramente el Ejido incumplió con la realización de la asamblea para cambiar el uso de suelo de las parcelas y no obtuvo el registro del acta de esa sesión en el Registro Agrario Nacional (RAN), que era la condición para esa erogación.
Si tampoco realizó el tercer pago, por dos millones de pesos, es porque el Ejido tampoco cumplió con la asamblea en la que dotara de dominio pleno sobre el terreno a los ejidatarios que finalmente realizarían la venta a favor del Ayuntamiento para reportarla al RAN.
Al no cumplirse esos dos compromisos establecidos en el contrato de promesa de venta, no se pudo concretar la firma del contrato definitivo de compra-venta, cuyo plazo límite fue el 31 de diciembre de 2022, cuando se realizaría el cuarto y último pago, por cuatro millones de pesos.
Tres incumplimientos por parte de los ejidatarios sobre los que en el contrato se contemplaba una penalización por cada día que transcurriera después del 31 de diciembre de 2022 en que se dejaran de cumplir.
“El Ejido acepta que en caso de no cumplir con sus obligaciones aquí establecidas dentro de los plazos señalados para ello, pagará una pena convencional de $50,000.00 (…) por cada día de retraso a El Ayuntamiento, contados a partir de las fechas límites para el cumplimiento de sus obligaciones y hasta que las cumpla en su totalidad”, señala la cláusula cuarte del contrato (página 5).
De aplicarse esa penalización a los 603 días que han transcurrido desde el 31 de diciembre de 2022 al 26 de agosto, a razón de 50 mil pesos diarios, los ejidatarios de Rancho Viejo-La Libertad tienen ya un adeudo con el ayuntamiento por 30 millones 150 mil pesos.
Por la parte ejidal, difícilmente podrán tener algún interés en ejercer alguna presión para moverle al asunto, como manifiesta Galindo Ceballos.
Por parte del Ayuntamiento hay muchas más razones para impulsar que se regularice la situación sobre la propiedad que presuntamente le tienen que transferir los ejidatarios, además de hacer válida la penalización convenida.
En cuanto al juicio de amparo promovido por el Ejido en contra del Ayuntamiento sobre el que se pactó que con la compra-venta se desistirían, es de los pocos cumplimientos que se dieron sobre el contrato Ejido-Ayuntamiento: el 9 de septiembre de 2022 quedó sobreseído.
“Se considera que la parte quejosa manifestó el consentimiento del acto reclamado a través de signos inequívocos en los que expresó y dio a entender su conformidad con el mismo, puesto que, se reitera, se pactó el pago del monto”, señaló el Juzgado Octavo de Distrito en su resolución.
Si el primer pago de los cuatro millones de pesos a los ejidatarios para resolver el caso quedó en “el aire”, la posibilidad de hacer efectiva la penalización que cada día incrementa la deuda del Ejido con el Ayuntamiento en 50 mil pesos deja en claro qué lado de las partes ha sido omisa para impulsar la solución.
