Abelardo Medellín
El acueducto y sistema de distribución de agua proveniente de la presa El Realito tiene una gran historia de fallas que se remontan a más de una década, pero también tiene un largo antecedente de autoridades que sugirieron sancionarla, sin que esto se concretara o tradujera en un mejor servicio para las y los potosinos.
En el año 2015, justo después de una elección local que refrendó al PRI en el poder y dio paso al PRD en el gobierno municipal de la capital, ya se cuestionaba la mala calidad con la que el sistema de El Realito entregaba el agua a las más de 30 colonias que se abastecen en la capital.
Ante estos señalamientos, el Interapas sugirió suspender los pagos por operaciones que se hacían a la empresa Aquos.
Esta sugerencia requería el apoyo de los tres órdenes de gobierno, pero el entonces jefe del ejecutivo estatal, Fernando Toranzo Fernández, fue el primero en opinar que, antes de dejar de pagar como medida de apremio por el agua que se entregaba, las autoridades debían exigir a la empresa que cumpliera con los estándares establecidos.
Durante el trienio 2015-2018, el ánimo de sancionar a la empresa encargada de El Realito fue sustituida por una política pública en materia de agua que se caracterizó por desmantelar los proyectos de atención hídrica que se tenían.
Cuando Ricardo Gallardo Juárez llegó al Ayuntamiento de San Luis Potosí, canceló sin razón clara el Programa de Mejora Integral de Gestión (MIG), el cual buscaba incrementar las eficiencias físicas y comerciales para la correcta distribución del agua proveniente de la presa El Realito, con un presupuesto de 100 millones de pesos, de los que el 40 por ciento eran de origen federal.
Para los primeros meses de gobierno de Gallardo Juárez, quedó claro que el agua que suministraría El Realito cada vez sería menos, pero la administración municipal y el Interapas habían tomado la decisión de cancelar el MIG que ya estaba licitado, era reconocido internacionalmente y que a futuro le significaría una demanda por parte de las empresas involucradas contra el organismo operador.
Mientras que a finales del sexenio de Toranzo el ánimo era evitar la confrontación contra le empresa Aquos, para el sexenio de Juan Manuel Carreras López comenzó a promoverse, desde el Ejecutivo, la idea de sancionar con la rescisión del contrato a quien se encargara del sistema.
En 2017, Jesús Alfonso Medina Salazar, entonces titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que si el acueducto de El Realito seguía presentando fallas como se habían detectado durante esos años, buscarían terminar con el contrato.
Medina Salazar afirmó que se realizaría una reunión para terminar definitivamente con el contrato, a pesar de los 5.5 millones de pesos de multa que se le cobrarían a la empresa por las fallas entonces; la multa se cobró, pero el contrato nunca se rescindió.
El contrato supervivió el tiempo y una nueva autoridad municipal, ahora encabezada por Xavier Nava Palacios, llegó al ayuntamiento capitalino para sostener una nueva batalla contra el sistema que seguía afectando a cientos de potosinos y potosinas.
Para enero de 2019, apenas unos meses después de haber asumido el cargo, el alcalde capitalino sugirió que su administración estaba abierta a rescindir el contrato que se tenía con El Realito, siempre y cuando se revisaran antes las fallas que habían provocado el desabasto.
“Eso ya es preocupante porque se está afectando a una parte de la ciudad, a veces son 30 colonias, a veces 15, pero lo que tenemos que hacer es ver cómo salimos de esto o ver cómo se le puede dar mantenimiento, porque eso nos corresponde a nosotros”, dijo entonces Nava Palacios.
Llegado el 2020, la voluntad de rescindir seguía en el aire, pero la autoridad capitalina, necesitada de una solución inmediata ante las ya constantes fallas del sistema de agua, informó públicamente que se habían emprendido, a través del Interapas, medidas de apremio contra Aquos, las cuales consistían principalmente en retenciones económicas.
Según hizo público el gobierno capitalino, ya había un esquema de sanciones bien definido y ejecutado, pero el escarmiento económico no ayudó a mitigar la falta de agua que padecían tres decenas de colonias; en junio de 2021, meses antes de su salida del ayuntamiento, Nava Palacios volvió a insistir en que era necesario revisar el contrato con la empresa y aplicar las causales de rescisión en caso de que aplicaran.
Mientras que Xavier Nava orquestaba un esquema de sanciones que no resolvió el problema del desabasto, en sus últimos meses como gobernador, Juan Manuel Carreras se lavó las manos del problema, presumió que la administración estatal pagaba a tiempo sus responsabilidades con la empresa y que el tema del agua le correspondía resolverlo a los alcaldes de la zona metropolitana y a Interapas.
Llegó noviembre de 2021, recién tomaban posesión las nuevas autoridades y el nuevo alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, descartó que su administración tuviera la intención de rescindir el contrato con Aquos. En lugar de ello, afirmó que continuaría con el esquema de sanciones que había sostenido su antecesor.
“Sería prácticamente imposible que esto pasara por las condiciones leoninas de esta concesionaria. Lo que se tiene que hacer es sancionar y trabajar para que la capacidad de respuesta ante una falla como estas sea rápida, en beneficio a la población afectada”, dijo entonces, pese a que la última multa cobrada había sido la de octubre de 2020, más de un año antes de esa declaración.
En inicio del trienio no cambió en nada las condiciones de El Realito, las fallas continuaron y se volvieron tan problemática que, un día el alcalde capitalino afirmaba que la empresa trabajada “día y noche”, y otro día se quejaba de la operatividad y decía que había presionado a la empresa para resolver los desperfectos que derivaban en fallas.
Llegado 2022, las sanciones y rescisiones se convirtieron en la búsqueda de una solución que no dependiera de las administraciones, y tanto el gobierno municipal como el estatal volcaron los esfuerzos para que la empresa encargada de El Realito fuera quien pagara los 150 millones de pesos que se necesitaban para, presuntamente, reparar definitivamente el ducto, cuyas fallas dejaban sin agua a la capital.
Si bien la inversión millonaria auguraba un avance, las declaraciones de los funcionarios mostraban un retroceso en la narrativa pública del tema del agua.
Mientras que expertos y catedráticos insistían en que era necesario investigar el funcionamiento del acueducto y a la empresa encargada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona comenzó a prometer que se investigaría al mandatario que inició el proyecto de El Realito, Marco de los Santos Fraga.
Mientras que la historia más reciente mostraba que autoridades municipales podrían ejecutar y dirigir el esquema de sanciones contra le empresa encarga del acueducto, autoridades como Daniel Hernández Delgadillo, secretario general del Ayuntamiento, afirmaban que las sanciones debían correr por cuenta de la Comisión Estatal del Agua.
Tras las recientes lluvias, las presas del país registraron un llenado suficiente como asegurar que los sistemas que suministran puedan contar con el agua, pero en San Luis Potosí, más de una década después, el problema es el mismo: El Realito no es funcional y el tema ya urge a las instancias federales.
Hace una semana, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un informe en el cual reconoce que, pese a las afirmaciones de que las fallas en el ducto se han atendido, solo se han reparado dos de los 13.5 kilómetros del tramo que es susceptible a fallas.
El Gobierno Federal sugirió en su informe que las autoridades locales emprenden, una vez más, un esfuerzo por sancionar a la empresa Aquos, encargada de El Realito, pero que esta vez el escarmiento tenga la finalidad de que se asegure el abasto de agua potable de la capital.
La promesa de sancionar es la misma que hace casi 10 años, pero los inconvenientes de sostener el sistema El Realito siguen igual de vigentes.
