Por Victoriano Martínez
La oposición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a ser fiscalizada por la Auditoría del Estado ha derivado en un llamado sin precedentes por parte del rector Alejandro Zermeño Guerra a la defensa de la autonomía universitaria que deja ver que el intervencionismo desde el gobierno estatal va más allá del menosprecio de no entregarle los subsidios comprometidos.
En el llamado hecho en la sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU), el rector hace referencia al intento de injerencia por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado que, desde el inicio del sexenio, han dado señales de su sometimiento al titular del Ejecutivo estatal, Ricardo Gallardo Cardona, origen real de la pretendida intervención.
De acuerdo con lo que se reportó de la sesión del CDU, la ASE y el Congreso del Estado pretenden intervenir en asuntos que sólo le competen a la comunidad universitaria como lo es el diseño de planes y programas de estudio o la operación de los ingresos autogenerados por la UASLP.
Sobre lo indebido de la injerencia en el diseño de planes y programas de estudio resulta indudable que se trata de una vulneración a la autonomía universitaria en pleno años del primer centenario de esa condición en la UASLP.
En cuanto a la revisión sobre el uso que se da a los recursos obtenidos por ingresos propios, puede resultar debatible como ejercicio de rendición de cuentas, en tanto corresponde a una situación que se encuentra sujeta a las disposiciones legales aplicables, aunque el rector marca un antecedente.
“No nos oponemos a las auditorías, pero sería pertinente que las personas responsables tuvieran los certificados correctos para llevar a cabo esa labor. Estamos entregando constantemente cuentas claras a la Auditoría Superior de la Federación y por eso estamos tranquilos”.
Un cuestionamiento que apunta, antes que negarse a ser fiscalizada, a la legitimidad de los personajes que encabezan la fiscalización, en este caso a Edith Virginia Muñoz Gutiérrez como encargada del despacho desde hace más de veinte meses.
Una circunstancia ante la que el sumiso Congreso del Estado ha avanzado a pasos sospechosamente acelerados para dotar de lo que el rector llamó “certificados correctos” a quien de continuidad a la evidente subordinación que hasta ahora ha mostrado la ASE: en menos de una semana 34 de los 58 Cabildos del Estado aprobaron la reforma constitucional para volverla instituto.
¿Hasta dónde, con certificados correctos o no, puede la ASE fiscalizar los ingresos propios de la UASLP?
El artículo primero de la todavía vigente Ley de Fiscalización a punto de quedar derogada una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado la reforma exprés a la Constitución para convertir la ASE en Instituto de Fiscalización abre un amplio espacio a la interpretación, al señalar en su fracción cuarta el alcance de lo que debe ser fiscalizado y revisado:
“El destino y ejercicio de los recursos provenientes de fondos, recursos propios y los que deriven de financiamientos contratados por el Estado y los Municipios”. Al hablar de recursos propios sólo menciona como objeto de revisión los del Estado y los Municipios, no menciona entidades autónomas como la UASLP.
Aunque esa disposición desaparece en la Ley de Fiscalización Superior del Estado que está por publicarse en el Periódico Oficial del Estado, al mencionar lo fiscalizable en su artículo señala que se dará “en cuanto a los ingresos y gastos públicos”. ¿Qué tanto se pueden considerar ingresos públicos las cuotas de los estudiantes universitarios, por ejemplo?
En los primeros siete meses de este año, de los 2 mil 91 millones 134 mil 9.49 pesos que ha tenido de ingresos la UASLP mil 685 millones 644 mil 789.03 pesos (80.61%) los ha aportado la Federación, 166 millones 665 mil 851.09 pesos (7.97%) el Estado, y 238 millones 823 mil 369.37 pesos (11.42%) son ingresos propios.
Zermeño Guerra mencionó en la sesión del CDU el adeudo en el subsidio estatal por parte del gobierno estatal, que en los primeros siete meses de 2023 ya suma 165 millones 912 mil 789 pesos.
Si el gobierno estatal no hubiera incumplido con parte del subsidio comprometido, en los primeros siete meses acumularía 332 millones 578 mil 640.09 pesos, con lo que se colocaría como la segunda fuente de ingresos de la Universidad.
Al no cumplir con el subsidio, el gobierno estatal se coloca en la posición de una instancia desentendida del gasto cuyas exigencias fiscalizadoras podrían comenzar por aclarar a dónde han ido a parar los 165 millones 912 mil 789 pesos que no le ha entregado a la UASLP. Si no llegaron a donde estaba previsto, constituyen un desvío de recursos públicos.
