Por Alejandro Rubín de Celis
El retorno de Oscar Bautista y J. Guadalupe Torres a la actividad legislativa en el Congreso del Estado, a seis meses de que se reveló la red de corrupción entre diputados y funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE), es una afrenta para la sociedad potosina y una prueba fehaciente del rotundo fracaso de la procuración de justicia en el estado y del muy probable triunfo de la corrupción y la impunidad de la clase política potosina.
Torres y Bautista ingresaron tranquilamente a la sala de plenos, como si nada hubiera pasado, como si Enrique Flores no hubiera dado santo y seña en el video que fue revelado de cómo ambos, junto con él y con Manuel Barrera, participaban en el lavado de cuentas públicas a cambio de moches, como si el ex legislador panista hubiese querido involucrarlos nada más porque se le ocurrió o porque quisiera perjudicarlos.
Regresaron al Congreso tan campantes porque la Procuraduría de Justicia del Estado en vías de convertirse en Fiscalía les entregó un documento -según ellos mismos lo dieron a conocer- que prácticamente los exonera de cualquier responsabilidad en el caso de la llamada ecuación corrupta, no obstante que las indagatorias siguen abiertas. Desde luego regresaron después de haber hecho todos los amarres necesarios y tener la plena certeza de que no serán juzgados por actos de corrupción.
Oscar Bautista se asumió como víctima de los medios de comunicación -como si éstos hubiesen hecho la denuncia pública y no su ex compañero de legislatura- y les endosó la responsabilidad de haber dejado en el desamparo a las familias de 80 ex funcionarios de la ASE que fueron despedidos por estar presuntamente involucrados en el lavado de cuentas públicas, como si se tratara de “blancas palomitas”. Todavía tuvo el descaro de anunciar que buscará la reelección como diputado. J. Guadalupe Torres dijo regresar a su curul tal como se fue al pedir licencia, “con la frente en alto, con las manos limpias y seguro de mi inocencia”. Cualquiera que no los conozca diría que son un ejemplo a seguir y que han sido víctimas de una perversa y oscura maquinación.
Seis meses han transcurrido desde que iniciaron las investigaciones en torno a la ecuación corrupta y la Procuraduría ha mantenido absoluto hermetismo frente a la sociedad sobre el desarrollo de las mismas, no obstante que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado establece en su artículo 131 que en indagatorias sobre asuntos de corrupción no se puede reservar información. No así, al parecer, para algunos otros interesados como el dirigente estatal del PRD, José Luis Fernández quien declaró: “… nosotros seguimos de manera muy cercana las indagatorias que hizo la Procuraduría y creemos que fueron suficientes… creemos que este es un acto de justicia”. Pero al Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) y otras organizaciones civiles que han demandado información de los avances, se las ha negado.
Lo sucedido este 14 de diciembre en el Congreso del Estado con el regreso de estos dos diputados hace pensar, o que la Procuraduría de Justicia no tiene la capacidad ni la aptitud en sus elementos para desarrollar una investigación profunda que vaya más allá de recoger los testimonios de 70 funcionarios de los que no se han desprendido responsabilidades -y que hasta por cierta lógica no iban a acusar de soborno a Bautista, Torres y otros, pues pasarían a formar parte de las averiguaciones como presuntos delincuentes-, o todo estuvo cuidadosamente orquestado desde los poderes Ejecutivo y Legislativo para que por lo pronto estos dos diputados quedaran virtualmente exonerados. ¿Por qué, en todo caso, la Procuraduría no esperó hasta concluir las indagatorias para entregar esa constancia de liberación de responsabilidades, si es que arrojaran que no hay elementos de prueba de la comisión de los delitos que se les imputan?
La revelación de la presunta red de corrupción entre diputados y funcionarios de la ASE significó un profundo golpe a la dignidad de los potosinos, cansados ya de los abusos y excesos de la clase política y de la impunidad que desde hace años campea en el estado. Por eso, el regreso de Oscar Bautista y J. Guadalupe Torres a la actividad legislativa representa una afrenta para la ciudadanía -sin contar el desafío del diputado Manuel Barrera Guillén que nunca solicitó licencia al cargo- que no encuentra caminos legales en el ámbito local para que se haga justicia.
Con relación a los seis meses que llevan las indagatorias sin resultados concretos, Hugo Stevens Amaro, vocero del FCA, dijo lo siguiente: “parece que no quieren encontrar pruebas en contra de nadie de los involucrados en la ecuación corrupta… ha pasado medio año y la impresión que se tiene es que no se ha hecho nada, lo que puede hablar de ineficiencia o de plano, de protección a los involucrados”, razón por la que anunció que esa organización presentará próximamente pruebas ante la Procuraduría para demostrar que sí hubo irregularidades y actos fuera de la ley en la aprobación de las cuentas públicas 2016 y anteriores.
Sabedores de las escasas posibilidades de que realmente se castigue en el ámbito local a los responsables directos e indirectos del presunto arreglo de cuentas públicas a cambio de sobornos, ya desde hace meses integrantes del FCA se han apoyado en organizaciones nacionales que les han brindado asesoría, y han dialogado con miembros de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para que promuevan un punto de acuerdo que conmine a la PGR para que investigue el probable desvío de recursos públicos federales por parte de algunos ayuntamientos, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que atraiga para su revisión aquellas cuentas públicas que han generado mayores sospechas por presuntas anomalías.
San Luis Potosí exige justicia verdadera. Si no la hay a nivel local por ineficacia e ineficiencia en la procuración de justicia o por contubernio y complicidad política, que intervenga la federación porque ya no es posible tolerar más corrupción e impunidad en el estado.
