Por Victoriano Martínez
El conflicto en el Río Calabacillas no sólo es grave por el daño ecológico que se da en esa área, sino por los conflictos por la tenencia de la tierra y las descuidadas autorizaciones de desarrollos inmobiliarios que han provocado que los posesionarios originales sean tratados como extraños en su propia Comunidad, incluso con represión policíaca.
Se trata de un conflicto que inició hace siete años, cuando, a través de maniobras legaloides, varias empresas se apropiaron de tierras de la Comunidad San Marcos Carmona, del municipio de Mexquitic, con el apoyo de cuando menos un ex funcionario del Tribunal Agrario.
Una invasión inmobiliaria que ha dado origen a los fraccionamientos Ojaranza, Fuerte Ventura, Forja Real, Cimera Residencial y Loma Real, entre otros, que ya han ocupado una superficie de 650 mil metros cuadrados y, aunque desde 2018 los comuneros advirtieron que adquirir vivienda en ese lugar era comprar problemas, la ocupación no paró.
Desde entonces iniciaron procedimientos legales para tratar de recuperar sus tierras, pero también una movilización para tratar de evitar la construcción de las viviendas, además de la destrucción del Río Calabacillas.
En octubre de 2019, cuando ya las labores de construcción tendrían que estar suspendidas por una suspensión de amparo, los comuneros se vieron obligados a protestar porque los constructores iniciaron la destrucción del Río Calabacillas con seis hoyos para zapatas que utilizarían para la construcción de un puente, aún sin contar con autorización.
Desde entonces se advirtió del riesgo que representa para los habitantes de la comunidad la destrucción y contaminación del río, ya que para muchas de ellas es la fuente de agua para diversos usos en sus hogares e incluso para bañarse, ya que algunos no cuentan con servicio.
Las acciones de resistencia por parte de los comuneros han enfrentado desde 2019 acciones represivas por parte de las autoridades estatales que acuden a su territorio para proteger a las constructoras, antes que hacer valer las suspensiones de amparo que ordenan que se paren los trabajos.
Con el nuevo de sexenio, la situación no cambió y el 4 de enero de 2022, cuando trataban de impedir el paso a la maquinaria de las constructoras, arribaron más de 150 elementos de la Fuerza Metropolitana y les abrieron el paso y protegieron a los constructores que entraron a las inmediaciones del Río Calabacillas para continuar con los desarrollos.
Los cuerpos de seguridad del actual gobierno contribuían así al despojo de sus tierras, pero también a la destrucción del Rio Calabacillas, por lo que dos días después –el 6 de enero– acudieron al Palacio de Gobierno a protestar.
Los compromisos que entonces hizo con ellos Jorge Vega Arroyo, subsecretario de Gobierno, de que se revisaría lo ocurrido el pasado 4 de enero y se evitarían más amedrentamientos y detenciones ilegales que atentan contra los Derechos Humanos de los comuneros, a la vuelta de más de un año se han convertido en una burla más por parte de las actuales autoridades.
Nada cambió y, tan es así, que durante la rueda de prensa que ofrecieron este lunes y el recorrido que hicieron con algunos reporteros por los terrenos invadidos, a los 20 minutos arribaron al lugar 10 elementos de la Guardia Civil Estatal a bordo de dos patrullas, aseguraron que era un “operativo de rutina”, pero permanecieron en la zona hasta que los comuneros abandonaron el área.
Una continuidad de apoyo al despojo que afecta a la Comunidad San Marcos Carmona por parte de las actuales autoridades que contrasta con –y contradice– los pronunciamientos a favor de que la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental actúe sobre la contaminación del Río Calabacillas y realice una investigación sobre lo que ahí sucede.
De poco sirven tales pronunciamientos o que desde el Congreso del Estado se ofrezca una intermediación cuando cada día que pasa se concretan hechos de difícil reparación porque no sólo se alienta la violación de ordenamientos judiciales, sino que se protege su comisión.
Jurídicamente para los comuneros afectados resulta una muy buena noticia que un Juez federal haya ordenado la suspensión de actividades de descarga de aguas residuales y se pare la destrucción y contaminación del río Calabacillas.
La mala noticia es que las autoridades actuales se limitan a declaraciones a favor de la protección del Rio Calabacillas, pero mantienen la misma actitud de apoyo a los depredadores ecológicos que las anteriores comenzaron hace ya más de cinco años.
