Por Victoriano Martínez
¿Puede haber algo peor que una empresa que presume ser socialmente responsable “por proteger el medio ambiente y proponer las mejores prácticas de sustentabilidad como empresa” provoque un ecocidio sólo para filmar panorámicas sobre una Área Natural Protegida para producir promocionales para su cadena de hoteles?
Lamentablemente la respuesta es sí: un gobierno que presume la bandera de ser verde ecologista y no atendió la denuncia cuando el crimen ambiental estaba en curso y se limitó a abrir una carpeta de investigación sobre la que no ha realizado ninguna diligencia para sancionar a los responsables.
Mucho peor: ese mismo gobierno que presume la bandera de ser verde ecologista, cuya área responsable del tema emitió una autorización para la filmación cuando no está facultada para ello, de acuerdo con el decreto de Área Natural Protegida en la modalidad de Monumento Natural.
Sí, son los elementos presentes en el ecocidio ocurrido el pasado 6 de mayo en el Sótano de las Golondrinas cuando un helicóptero descendió a menos de 30 metros para realizar videos para promocionales del Grupo Vidanta, lo que provocó la muerte de miles de golondrinas, vencejos, guacamayas, quilas y otras especies de psitácidos.
Desde que los habitantes del Barrio Unión Guadalupe no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) al reportarles el crimen ambiental cuando se encontraba en proceso, el caso estuvo marcado por el encubrimiento gubernamental.
Un encubrimiento cuya razón pronto quedó expuesta. La directora de Ordenamiento Ecológico de Áreas Naturales Protegidas en aquel momento, Leticia Alejandra Juárez Avonce, fue quien atendió a la empresa y firmó un documento que los operadores del helicóptero mostraron a los habitantes del Barrio Unión Guadalupe como el permiso para realizar sus maniobras.
Sobre el ecocidio, los habitantes del Barrio Unión Guadalupe presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de las empresas Heliservicios S.A. de C.V., Vallarta Park y Servicios Turísticos Exclusivos, pertenecientes a Grupo Vidanta, y Mack Animations..
En el caso de la PROFEPA, a cinco meses del desastre las empresas ya respondieron al emplazamiento que les hicieron, aunque, como era de esperarse, sus informes están llenos de irregularidades y mentiras.
Una postura muy congruente del Grupo Vidanta con la hipocresía de declararse Empresa Socialmente Responsable cuando, por promocionarse, no tiene miramientos para incurrir en un delito ambiental.
En el caso de la FGE, el encubrimiento resulta evidente y la razón sin duda tiene que ver con la protección a los funcionarios de la SEGAM que intervinieron tanto para dar una autorización sin fundamento como por las omisiones en cuanto se les reportaron los hechos.
Un encubrimiento que no sólo queda en el ámbito de la autónoma pero no independiente FGE, sino también por el incumplimiento de varios acuerdos con la SEGAM, con minuta firmada de por medio, entre los que destaca la nula intención de impulsar las carpetas de investigación ante la FGE.
Se trata de un caso más –con la gravedad de que se atenta contra una ANP-Monumento Natural con reconocimiento mundial– que exhibe la convicción anti ecologista del gobierno ecologista que encabeza Ricardo Gallardo Cardona.
